La próxima huelga en Aena podría ser ilegal. A pesar del ruido que están haciendo los sindicatos (con caceroladas en Barajas incluidas), lo cierto es que no hay ningún motivo legal que justifique el paro. No habrá cambios en las condiciones laborales de los trabajadores del gestor aeroportuario español, por lo que no se sabe qué es exactamente lo que piden los sindicatos, más allá de protestar por una privatización que ni siquiera será completa.
Lo cierto es que las secciones sindicales de UGT, USO y CC.OO. en Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) han convocado 22 días de huelga entre abril y agosto, como protesta contra la privatización del ente. Los sindicatos han convocado paros para los días 20, 21, 24, 25 y 30 de abril; los días 2, 14, 15, 19 y 20 de mayo; los días 13, 23 y 30 de junio; los días 1, 2, 3, 4, 15 y 31 de julio y en agosto los días 1, 15 y 31. Todos ellos son días de mucho tráfico en los aeropuertos: han escogido Semana Santa, los puentes de mayo y junio en Madrid y Barcelona y los días clave de julio y agosto.
Sabiendo todo esto, la pregunta es ¿en qué precepto legal se basan los sindicatos para fastidiar las vacaciones de millones de españoles? Según el Real Decreto Ley 19/1977 de 4 de marzo sobre Relaciones Laborales, actualmente vigente, una huelga es "ilegal" cuando "se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados". Esto quiere decir que tiene que haber una motivación laboral y no una simple diferencia de pareceres sobre cuestiones ideológicas o de proyección en el mercado de la empresa.
En este caso, es difícil saber por qué se ha convocado este paro. Los propios sindicatos admiten que la huelga se anuncia contra "la privatización de Aena". En realidad no se va a producir tal "privatización" porque el porcentaje que se venderá en el mercado es un 49% de la empresa, quedándose en poder público más de la mitad del capital. Pero incluso eso les parece demasiado a las centrales sindicales, quizás temerosas de perder parte de las prebendas de las que disfrutan en una empresa pública.
Los representantes de los trabajadores aseguran que la gestión aeroportuaria es un servicio "esencial" (un adjetivo normalmente reservado para policías, bomberos o jueces) que no puede privatizarse por los supuestos daños que esto causaría a la sociedad. Más allá de la exageración de la afirmación, parece claro que esta discusión se ciñe al campo ideológico. Se puede estar o no de acuerdo con la privatización, pero ésta no tiene por qué afectar a las condiciones laborales, más aún cuando la propia Aena asegura que las mantendrá.
De hecho, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 25 de febrero la constitución de la sociedad mercantil estatal Aena Aeropuertos S.A., que sustituya al actual gestor aeroportuario. En la misma nota en la que se anunciaba este cambio, se advertía expresamente que "esta sociedad se subrogará en todos los contratos laborales suscritos por la entidad pública empresarial Aena". Por eso, el personal de ésta "se seguirá rigiendo por los convenios colectivos vigentes, respetándose la antigüedad y cualquier otro derecho que tengan consolidado". Es decir, que no habrá ningún cambio ni en su sueldo, ni en sus beneficios, ni en su horario,...
Con todos estos datos, surgen varias preguntas:
- Si no hay cambios en las condiciones laborales: ¿por qué los sindicatos quieren fastidiar las vacaciones de sus compatriotas y dañar una industria clave en la economía nacional?
- ¿Temen que una Aena privatizada y en la búsqueda del beneficio ataje algunas de sus prácticas habituales hasta ahora?
- Si es cierto que la gestión aeroportuaria es un servicio "esencial" como afirman los sindicatos, ¿tienen derecho a una huelga precisamente en los días más importantes del año?
- ¿Habrá algún juez que tenga la valentía de declarar que este paro no se ajusta a derecho? ¿Se atreverá a denunciarlo el Gobierno?
Seguro que los sindicatos afirmarán que tienen toda la legitimidad del mundo para plantear sus reivindicaciones, pero tendrán que explicarlo muy bien, porque con los datos conocidos hasta ahora no sólo es complicado de comprender su postura, sino difícil de encajar con el ordenamiento jurídico vigente.