(Libertad Digital) En un nuevo informe, el Instituto Juan de Mariana analiza el plan financiero de hasta 50.000 millones diseñado por el Gobierno para comprar activos bancarios. Este análisis contempla tres posibles escenarios que justifican la acción del Gobierno.
Por un lado, el decreto del Ejecutivo podría ir destinado a solucionar las dificultades de las entidades de crédito para refinanciarse a corto plazo. En este escenario, los bancos podrían disponer de papel comercial de calidad que serían incapaces de descontar por la inestabilidad de los mercados financieros. Con la intervención del Gobierno, permitiría a las entidades dar salida a ese papel comercial a corto plazo para atender sus deudas a corto.
Este escenario es el que, desde un punto de vista económico, podría justificar la intervención económica, según el Juan de Mariana. La operación implicaría, en opinión de este instituto, menos riesgos y una alta probabilidad de triunfo además de que no requeriría de personas con elevada preparación técnica ya que casi cualquier banquero sabe “distinguir entre el papel comercial de buena calidad (emitido sobre una transacción comercial segura) y el de mala calidad (las letras financieras cuyas opciones de pago se limitan al roll-over de las mismas letras)”.
Por otro lado, el Juan de Mariana estima que el Ejecutivo podría intentar solucionar con su intervención las dificultades que tienen las entidades de crédito para refinanciarse a largo plazo. En esta hipótesis, la intervención del Gobierno iría dirigida a refinanciar la deuda a corto de las entidades con otra deuda a largo plazo. Es decir, que el Tesoro se subrogaría durante un plazo de tiempo más o menos prolongado en la posición de deudor a corto plazo de los bancos.
Esta posibilidad es más “complicada y arriesgada” para el Instituto que sólo justifica la intervención en este caso, si va dirigida a evitar que los bancos recortaran o liquidaran el crédito a empresas y “negocios viables”. Un objetivo que entraña la distinción entre empresas salvables y empresas que no merece la pena rescatar. Esta capacidad de elección en manos del Ejecutivo requeriría tomar todos los controles y cautelas posibles.
Entre las cautelas, el Juan de Mariana destaca que la valoración de las empresas y el análisis sobre su viabilidad a largo plazo cuenten con el asesoramiento de expertos en inversión en valor y con economistas de la Escuela Austriaca, los únicos (según el Instituto) que “disponen de los instrumentos teóricos necesarios para distinguir entre buenas y malas inversiones según su capacidad para generar valor a largo plazo”.
Este proceso facilitaría que las empresas con acreditada solvencia y productividad siguieran operando y que se purgaran aquellas que demostraran poca capacidad de gestión. Una criba requerida en todo ajuste económico.
Además, el Instituto cree que en este caso la operación debería financiarse con emisiones de deuda del Estado a largo plazo. En caso contrario, dice el Juan de Mariana, “el Estado estaría incurriendo en una peligrosa operación” al endeudarse a corto plazo e invertir a largo “que es la que, precisamente, nos ha conducido a la situación actual”.
En este sentido, “convendría plantearse la posibilidad de una amnistía fiscal para el dinero negro que se destine a adquirir estas emisiones de deuda pública, de modo que afloraran ciertos volúmenes de ahorro de los que no tienen constancia las estadísticas oficiales” y que son imprescindibles para “reconducir el rumbo de la economía”.
Por último, el Juan de Mariana recrea el escenario que estima más peligroso. Se trata del rescate a entidades de crédito con problemas de solvencia. Con su actuación, el Gobierno trataría de limpiar los balances de estas entidades “mediante la concesión de créditos que el Gobierno presume implícitamente que nunca se van a recuperar”. Es decir, que el Gobierno estaría intentando recapitalizar a los bancos que sufrieran pérdidas importantes y amenazaran con la posibilidad de quebrar.
Esta hipótesis entraña un importante riesgo de abuso de poder, para el Instituto liberal. De nuevo, el Tesoro y el Ministerio de Economía tendrían plena capacidad decisoria de qué empresas merecen ser reflotadas y cuáles deben quebrar. “esto constituye el caldo de cultivo perfecto para el amiguismo, la corrupción y la redistribución masiva de la renta”. En este sentido, el informe recomienda activar todos los controles para que los créditos concedidos por el Gobierno con criterios económicos solventes y no con criterios políticos.
Entre estas medidas el Juan de Mariana destaca la publicación de todos los datos de las operaciones y la responsabilidad penal de los gestores públicos en caso de malversación de fondos.
En caso de que el plan finalmente se utilice para recapitalizar los bancos mediante la adquisición de activos a precios sobrevalorados, el Juan de Mariana advierte de que sería algo “desastroso”. En su opinión, esto impediría el ajuste que, en su opinión, necesita ahora la economía, se premiaría las malas empresas y las malas inversiones “se consolidarían por decisión política”. Para este Instituto esta opción debería ser rechazada por los partidos políticos.