La pasada semana, el Pacto de Toledo (la comisión sobre pensiones que reúne a todos los partidos con representación parlamentaria) emitió sus conclusiones sobre la próxima reforma de las pensiones públicas. En el texto aprobado, se apuesta por una elevación del período de cálculo y se aboga por elevar la edad real de jubilación. Además, los anuncios del Gobierno apuntan a que la reforma final incluirá el retraso de la edad legal de jubilación a los 67 años. Y la mayoría de los expertos ya han realizado estudios en los que se muestra que ésta no será la última de los cambios: los jóvenes españoles ya saben que se tendrán que jubilar a los 70 años y que la prestación será mucho más reducida que la que cobran sus padres.
Sin embargo, este martes se conocía una buena noticia para estos mismos jóvenes. Hay una manera de conseguir una pensión digna sin necesidad de ahorrar, ni de invertir en un plan privado cada mes: sólo hay que hacerse parlamentario.
Hasta ahora, a muchos les parecía una desvergüenza que los políticos españoles dispusieran de un sistema de pensiones diferente al resto, pero pasaba desapercibido entre los numerosos privilegios de los que disfrutan los parlamentarios. Pero que estos días, con la reforma de las pensiones aún calentita, el Congreso y el Senado se mantengan en sus trece es algo que puede enfadar mucho a numerosos ciudadanos.
La secuencia de los hechos
Esta noticia ha saltado ahora, después de que las Mesas del Congreso y el Senado, que se reunieron este martes en la Cámara Baja, hayan estudiado algunas de las cuestiones comunes. Entre ellas estaba la solicitud, realizada hace ocho meses, de Rosa Díez para reformar el sistema de pensiones de los parlamentarios e igualarlo al del resto de los españoles. Pues bien, según informa Efe, ambas Mesas han decidido comunicar a la líder de UPyD que el sistema de complemento de pensiones de los Parlamentarios es "válido y adecuado".
Díez también reclamaba que diputados y senadores pudieran cobrar el subsidio de desempleo en lugar de indemnizaciones por cese de actividad. En definitiva, lo que Rosa Díez quiere es que se eliminen todos esos privilegios "inalcanzables" para el resto de los trabajadores.
La pensión de oro
En realidad, el sistema de pensiones de los diputados es un complemento a las pensiones públicas. De esta manera, las Cámaras complementan la paga que les correspondería hasta llegar al máximo legal en la Seguridad Social. Por ejemplo, si la pensión de un parlamentario, de acuerdo a sus cotizaciones es de 1.000 euros y el máximo previsto por el sistema en ese momento es de 2.300 euros, el Congreso se hace cargo de los 1.300 euros restantes. Los partidos se esconden detrás de estos hechos (es un complemento, lo pagan las Cámaras y no la Seguridad Social, etc...), para tapar lo que es un privilegio evidente costeado con dinero público y al que no tienen acceso los demás españoles.
Los requisitos
Para obtener estas ayudas un parlamentario sólo tiene que tener cumplidos los 65 años y haber ejercido en las Cortes durante siete años (hay que recordar que para el resto de los españoles el mínimo cotizado para tener derecho a una prestación contributiva es de 15 años). No sólo eso, sino que esos 7 años en las Cortes les garantizan el 80% de pensión, mientras que 15 años cotizados (que serán 20 ó 25 tras la reforma) para un trabajador normal sólo sirven para cobrar un 50% de la pensión que corresponda a su base de cotización.
Además, con 12 años en el Parlamento ya se tiene derecho a la pensión máxima desde el momento de la jubilación, mientras que los demás curritos tienen que tener al menos 35 años cotizados (y se habla de aumentar este cifra a 40) para cobrar esa cantidad.
Prejubilaciones
El régimen de prejubilaciones también es mucho más favorable a los políticos. Faltaría más, después de una vida dedicada al bienestar de sus ciudadanos están tan cansados que se han aprobado a sí mismos la posibilidad de prejubilarse a los 55 años cobrando el 60% de su asignación, que en la actualidad es de 3.125 euros mensuales (éste es el sueldo base, que es sobre el que se calculan estas prestaciones; el salario real medio, con dietas y complementos por trabajos en comisiones es bastante más alto).
Además, un senador o diputado con 60 años, si ha cotizado durante 40, también pueden cobrar el 100% de la pensión, algo no permitido al resto de trabajadores hasta los 65 por mucho tiempo que hayan cotizado.
Plan privado
También causará sorpresa a algunos saber que las Cortes dedican un 10% adicional del sueldo de cada parlamentario a un "plan de previsión social". Esto quiere decir que los mismos que hablan cada día de la "sostenibilidad" del sistema, de su "solidez" y de su "solidaridad" tienen planes de pensiones pagados por todos los españoles y a través de los que las Cámaras les ingresan más de 300 euros al mes. Será un buen complemento, cuando se jubilen, para esas pensiones de oro que se han garantizado.
Prestación por desempleo
Rosa Díez también había planteado en su propuesta la posibilidad de que los ex parlamentarios puedan percibir la prestación por desempleo con los mismos requisitos y cuantías que cualquier otro trabajador. Hasta ahora no podían cobrar el subsidio del paro. Esto había llevado a las Cámaras, en un claro gesto de altruismo hacia sus compañeros desempleados (con el dinero de los contribuyentes, eso sí), a fijar una indemnización equivalente de una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato parlamentario en las Cortes Generales y hasta un límite de 24 mensualidades. Esta indemnización, además, se abonará mensualmente.
Es decir, que si un congresista pierde su cargo en la elecciones tras haber estado 12 años en la Cámara tendrá derecho a cobrar su sueldo base durante un año para que reingrese en la vida civil sin sobresaltos. Por supuesto, este sueldecillo de nada es compatible con otros ingresos por trabajos en el partido o en la empresa privada, aunque no lo cobrarían si acceden a otro cargo público.
No son éstas las únicas ventajas de las que disfrutan nuestros políticos. Los miembros del Gobierno tienen incluso más prerrogativas (como cobrar un sueldo al dejar de ser ministro incluso aunque se siga siendo parlamentario), aunque sería imposible detallarlas todas aquí.
¿La justificación?
Cuando los periodistas preguntan a los políticos el por qué de todos estos privilegios la respuesta es que hay que proteger a los representantes públicos una vez que dejan de ser diputados o senadores. También se alude a los bajos sueldos de los políticos hispanos en comparación con los del resto de Europa.
Sin embargo, es una justificación bastante poco sólida. Para empezar, un político ya sabe lo que cobrará cuando decide presentarse a unas elecciones. Si le parece poco, que no lo haga y se busque la vida en la empresa privada, a ver si allí les pagan los 3.125 euros (más dietas y complementos se van fácilmente muy por encima) que cobran los diputados y senadores.
En segundo lugar, cabría preguntarse si necesitan más protección contra el desempleo o la jubilación que el resto de los trabajadores españoles. Es cierto que cuando un diputado pierde unas elecciones puede verse en el paro (como un fontanero al que despiden de su empresa). Casi nadie tendría nada en contra de que cobrase el paro el tiempo correspondiente, como el resto. Pero, ¿por qué una indemnización especial?
En realidad, los parlamentarios hacen muchos contactos durante el ejercicio de su función, conocen a gente muy relevante en el mundo de la empresa y se dan a conocer en sus partidos. Además, muchos de ellos tienen excedencias y vuelven a su trabajo anterior con normalidad (normalmente, en el sector público). Se hace difícil imaginar que un senador cesante esté peor y necesite una indemnización más alta que el fontanero del ejemplo.
Este tipo de explicaciones idealizan a los políticos como unos trabajadores desinteresados que dejan pasar grandes oportunidades en el sector privado para sacrificarse por los ciudadanos. Pero si esto es así o no, tendrá que juzgarlo cada votante en cada caso concreto, otorgándoles su confianza y su respeto. No parece muy justo que sean ellos mismos los que valoren la importancia de su función con un sueldo y unas prerrogativas autoimpuestas por votación (por cierto, en esto las mayorías son casi absolutas; es un tema en el que el tan anhelado consenso se alcanza rapidísimo).