LD (M. Llamas/L. Ramírez) Los ciudadanos y las empresas españolas sufren más que sus competidores comunitarios el afán recaudatorio del Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos.
Pero, a pesar de que en los últimos años el crecimiento económico y las subidas de impuestos han permitido a las Administraciones Públicas hacer caja, en la actualidad las cuentas públicas están en unos números rojos, que en el caso del Estado, superan los 13.000 millones de euros.
Por ello, la recaudación de los últimos ejercicios se ha destinado a financiar supuestas medidas contra la crisis que, en la práctica, han servido para pagar las promesas electorales realizadas por el PSOE en los pasados comicios.
Así, los españoles ven como el dinero de sus impuestos vuela, al mismo tiempo que se hunde la recaudación como consecuencia de los menores ingresos tributarios por la caída de la actividad económica en 2008.
Los datos reflejan esta subida de la carga tributaria. Desde 2004 a 2007, la presión fiscal en España ha aumentado 2,6 puntos, para situarse en el 37,2%. Se trata del mayor incremento de la Unión Europea de los Quince, según datos de la OCDE recogidos por el Instituto de Estudios Económicos (IEE).
Esta cifra ya la publicó la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) –avanzado por LD- y pone en tela de juicio la forma de obtención de superávits en las cuentas públicas en las épocas de bonanza económica.
De hecho, los técnicos de FAES afirman que el excedente presupuestario logrado en los últimos años “se ha logrado “exclusivamente por un incremento constante y significativo de la presión fiscal”.
“Este incremento de 2,6 puntos de la presión fiscal se corresponde enteramente con el aumento de los impuestos sobre la renta, a partes iguales entre el de las personas físicas y el de sociedades”, indica el informe de la Fundación..
De hecho, la mayor parte de ese incremento se debe a la “progresividad en frío” provocada por la interacción de la inflación y el IRPF, cuyo impacto recaudatorio en el periodo 2004-2007 se estima en más de 6.000 millones de euros.
Un lastre para la economía
Estos impuestos sobre los rendimientos de la actividad económica son, precisamente, los “más perjudiciales para el crecimiento económico, pues reducen los incentivos a la inversión, al ahorro y la oferta de trabajo al mismo tiempo que disminuyen la disposición de los individuos y empresas a tomar riesgos y emprender actividades empresariales o profesionales, por lo que nuestro país hubiera logrado mayores tasas de crecimiento económico si no hubiese aumentado la presión fiscal”, señala FAES.
En definitiva, España ha logrado un superávit en el periodo 2005-2007 en base a un “aumento de la presión fiscal, en concreto de los impuestos directos, y no mediante la consolidación del gasto”.
En comparación internacional, analizando los países que conforman la UE-15, entre 2004 y 2007 se produjo un incremento de la presión fiscal en nueve países, mientras que en seis se logró reducirla. Además de España y Portugal, Italia e Irlanda registraron incrementos de 2,3 y 2,1 puntos, respectivamente, al tiempo que la presión fiscal en Alemania avanzó 1,4 puntos, hasta el 36,2% en 2007.
En Gran Bretaña, el aumento fue de 1,2 puntos (36,6%), mientras que en los Países Bajos se incrementó 0,7 puntos (38%). En Francia y Grecia, la presión fiscal se mantuvo sin variación entre 2004 y 2007. Entre los seis países que han conseguido reducir la presión fiscal en este periodo destacan Austria (-0,7 puntos), Suecia (-0,5 puntos) y Finlandia (-0,4 puntos).
Y el futuro depara nuevos tributos, como los impuestos ecológicos que promueve la Generalidad catalana, con nuevas tasas que gravarán la electricidad, el combustible, los residuos industriales y de la construcción y la contaminación atmosférica. Todo un nuevo abanico de tributos bajo la marca: fiscalidad verde.
Los impuestos se comen el 60% de los beneficios
En un entorno de crisis económica y financiera, con un mercado laboral rígido, es vital que la política fiscal no suponga un lastre para el sector privado. Este no es el caso de España, país donde las empresas destinan el 60,2% de sus beneficios a cumplir con el Fisco. Las compañías nacionales son las terceras con mayores cargas fiscales de los países industrializados, según un estudio del Banco Mundial elaborado en colaboración con PricewaterhouseCoopers.
Sólo les superan las empresas italianas, que destinan el 73,3% de su resultado anual al pago de tributos; y las francesas, que soportan una carga fiscal del 65,4% de sus beneficios.
La mayor parte de estas cargas van destinadas a la tributación de salarios y cotizaciones sociales, que suponen hasta un 37,2% de los beneficios empresariales, mientras que otro 22,2% se destina al pago del Impuesto sobre Sociedades y otros impuestos que gravan su actividad.
El informe, que compara los diferentes regímenes fiscales para las empresas de 181 países, indica que la complejidad y el elevado peso de la fiscalidad en los beneficios de las compañías desincentiva la inversión privada y la entrada de capital extranjero, hasta el punto de que "un aumento del 10% de la fiscalidad que grava los beneficios se traduce en una caída de dos puntos porcentuales en la ratio inversión/PIB".
Con todo, el informe destaca España se sitúa en la zona media de la tabla respecto a la parte de beneficios que las empresas dedican al pago de los impuestos que directamente gravan su actividad, en mejor posición que EEUU (23%), Japón (34%) o Italia (28%).
España acumula el 30% de subvenciones irregulares
Pero la política fiscal no es el único lastre que sufre el sector privado en España. Además, existe la competencia desleal de algunas compañías que, con el apoyo de las Administraciones Públicas, reciben fondos públicos para desarrollar su actividad. Y es que España se mantiene como el país de la UE con más ayudas públicas ilegales pendientes de recuperar, según informa Europa Press.
El Gobierno todavía no ha ejecutado 14 decisiones de la Comisión que le obligaban a recobrar subvenciones estatales, el 30% del total de la UE. Nueve de los asuntos pendientes se refieren a las ayudas fiscales vascas.
La legislación europea establece que una empresa que se haya beneficiado de una ayuda pública declarada ilegal por la Comisión está obligada a reembolsarla. Junto con España, los países que tienen más causas abiertos por este problema son Italia, Alemania y Francia. A finales de junio de 2008 había 47 decisiones de reembolso pendientes, frente a las 93 de finales de 2004.
Por otra parte, se han recuperado subvenciones ilegales por valor de 7.100 millones de euros (más 2.400 millones de intereses), lo que significa que los beneficiarios habrán devuelto a finales de año el 90% del total de las ayudas ilegales, según un informe presentado este martes por el Ejecutivo comunitario.
En el año 2007, la cantidad total de ayudas de Estado concedidas por los países de la UE (excluyendo al sector ferroviario) ascendió a 64.800 millones de euros, el 0,5% del PIB. En cifras absolutas, es Alemania el país que otorgó más subvenciones (16.200 millones de euros), seguido de Francia (9.700 millones), Reino Unido (6.200) España (5.400) e Italia (5.100 millones).