(Libertad Digital) Según publicó este martes el diario El Mundo, el presidente del Gobierno que más ha hecho gala de la concertación con los agentes sociales, el que se ganó su apoyo antes de las últimas elecciones, el que defendió a los funcionarios contra la congelación salarial se enfrenta a un otoño caliente, de esos que se hicieron famosos en la década de los 80 y que tanto daño hicieron a Felipe González.
Esos otoños que desembocaron en huelgas generales como la del 14 de diciembre de 1988 o la del 27 de enero de 1994.
Los promotores del enfrentamiento van a ser los sindicatos de la función pública. Y la razón es la pérdida de poder adquisitivo que se les avecina para el año 2009. Por primera vez desde que gobierna José Luis Rodríguez Zapatero el sueldo de los empleados públicos va a subir por debajo de la inflación, pero bastante más que los empleados del sector privado que no tienen cláusulas de revisión salarial.
El Ejecutivo mantiene la misma oferta que hizo año tras año durante la pasada legislatura: un incremento lineal del 2 por ciento, al que se suma otro 1 por ciento por el incremento de las pagas extraordinarias, un 0,5 por ciento adicional para el fondo de pensiones y otro 0,3 por ciento para la modernización de la Administración, un 3,8 por ciento de subida salarial en total.
Pero la diferencia respecto al pasado es la evolución de los precios. La inflación media, que es el cálculo que le gusta manejar al Ejecutivo, no sobrepasó nunca el 3,8 por ciento entre 2004 y 2007. Sin embargo, en 2008 supera el 4,5 por ciento (media hasta junio) y nada hace pensar que vaya a reducirse tan drásticamente como para situarse por debajo del 3,8 por ciento. Para ello sería necesario que se mantuviese en el 3 por ciento de aquí a final de año, pero en julio habrá superado el 5% (el dato oficial se conoce mañana).
Salgado aplaza el primer asalto
Los sindicatos están a la espera de que se convoque la Mesa General de la Función Pública. La reunión estaba prevista para julio, pero el Ministerio de Administraciones Públicas, que dirige Elena Salgado, la aplazó a septiembre.
En la cita de primeros del próximo mes las centrales sindicales tomarán nota de la oferta del Gobierno y, acto seguido, tantearán los apoyos en el seno de los empleados públicos para decidir la contundencia de las movilizaciones.
El secretario de Acción Sindical de FSAP-CCOO, Pepe Gálvez, explica que los contactos preliminares que han tenido lugar hasta ahora han sido "infructuosos". Por eso, la palabra 'huelga' se pronuncia sin reparos en ámbitos sindicales. La unión entre CCOO, UGT y CSI-CSIF es total. El alcance de las protestas se decidirá en septiembre, añaden desde FSP-UGT.
Los sindicatos exigen que se mantenga el poder adquisitivo de los funcionarios. Eso llevaría a un incremento por encima del 4,5 por ciento, casi un punto más de lo que prevé el Gobierno. Hacienda ha echado sus cuentas y ha concluido que el año 2009 ha de estar marcado por la austeridad. No están las arcas públicas para alegrías. Se va a cumplir lo pactado con los sindicatos y ni un euro más.
Zapatero lo explicitó durante la presentación de su informe económico anual, y trató de predicar con el ejemplo. "Se congelarán los salarios de todos los altos cargos, pero sólo de los altos cargos, porque tengo el compromiso decidido de mantener los pactos suscritos con las organizaciones sindicales de la Administración, en lo que afecta a los empleados públicos".
Exigencias sindicales a Zapatero
Para evitar la pérdida de poder de compra, los sindicatos han exigido en múltiples ocasiones la aplicación de cláusulas de revisión salarial, al estilo de las que tienen el 80 por ciento de los trabajadores del sector privado y todos los pensionistas. Pero su reclamación ha sido infructuosa. Eso sí, los funcionarios tienen la tranquilidad, más apreciable si cabe en momentos de crisis como los actuales, de que su puesto de trabajo no peligra en ningún momento.
Las protestas sindicales tendrán también como argumento la reducción de la oferta de empleo público anunciada por el presidente del Gobierno. En febrero, Elena Salgado garantizó que se mantendría como en ejercicios pasados, en los que se rondaron las 30.000 nuevas incorporaciones por ejercicio.
Una propuesta que tampoco contenta a los sindicatos, que exigen más plantilla para la modernización de la Administración Pública. Las centrales reprochan al Gobierno que, mientras se congela la plantilla de funcionarios, crece cada vez más la externalización de servicios por parte de la Administración. Un proceso que, para los sindicatos, menoscaba la calidad del servicio que se presta desde el ámbito público.
Huelgas y manifestaciones
Todas estas razones serán planteadas al Gobierno en septiembre. Y en caso de no hallar una respuesta satisfactoria, se convocarán, en primer término, asambleas para informar a los funcionarios de la situación. Unas asambleas que se aprovecharán para calibrar la predisposición de los trabajadores a la movilización y la huelga.