El número y el coste de los empleados públicos ha sido objeto de polémica en las últimas semanas. Este mismo lunes, el presidente de Mango, Isak Andic, ha pedido que cambie su régimen laboral para que puedan ser despedidos y tener sueldos variables, que incluyan incentivos. Navarra ya ha anunciado que quiere suprimir el carácter vitalicio de los funcionarios. Además, los empleados públicos de carrera han sido los grandes perjudicados del tijeretazo, puesto que se les ha recortado su sueldo una media de un 5% (en algunos casos llega al 12%).
Lo cierto es que en las últimas tres décadas, el número de personas que reciben un sueldo de un organismo público se ha más que doblado, un porcentaje que excede con mucho a lo ocurrido en el sector privado. Así, a finales de 1976 (primer año que recoge la EPA del INE) había en España 1.374.000 personas que cobraban de la Administración; en el segundo trimestre de 2010, ya eran 3.086.000. Esto supone un crecimiento del 125%.
Es una cifra alta, sin duda, pero aún más llamativa si la comparamos con los datos del sector privado. Así, hace 34 años había 12.669.000 ocupados en España (11.295.000 en compañías privadas), que ahora son 18.477.000 (15.391.000), lo que supone un incremento del 36% en los trabajadores a sueldo de las empresas españolas. Es decir, que la tasa de crecimiento del sector público es más del triple de la del sector privado.
Evolución total ocupados y empleados públicos (1976-2010). Fuente INE
Hasta ahora hemos hablado de personal a sueldo de las administraciones y no de funcionarios. Esto es así porque, aunque normalmente se usa esta última palabra como sinónimo de aquella expresión, lo cierto es que gran parte del crecimiento del sector público ha venido de la mano de los no funcionarios. Así, los trabajadores al servicio de la administración se dividen en funcionarios, personal laboral y otro personal. Sólo los primeros pasan por una oposición (con todos los requisitos, controles y exigencias que esto tiene), los demás son contratados con diversas fórmulas. Es verdad que algunos catalogados como personal laboral también tienen que pasar exámenes muy duros, casi equiparables con una oposición, y no se puede meter a todos en el mismo saco. Pero también es cierto que es una fórmula que se puede utilizar fácilmente para el dedazo.
Según Rafael Coloma, portavoz de Fedeca (Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado), "antes casi no había personal laboral ni interinos, la gran mayoría de los empleados públicos era funcionario". Pero la situación ahora es distinta.
Los no funcionarios
Según el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, España tiene 2.968.628 trabajadores en la administración pública. De ellos, 1.618.474 son funcionarios, 709.491 son personal laboral y 370.092 son otro personal. Además, a esos 2,9 millones de trabajadores hay que sumar casi 400.000 más que refleja la EPA y que tampoco son funcionarios (la gran mayoría pertenecen a las empresas públicas, especialmente autonómicas, por lo que no aparecen en las estadísticas del Gobierno).
De esta manera, la cifra final es de 1.618.474 funcionarios y 1.467.000 trabajadores que también cobran, de una manera u otra, del Estado sin haber pasado nunca por una oposición.
Si se analizan estos datos por administraciones, tampoco todas son iguales. Los organismos dependientes del Gobierno central suman un total de 591.559 trabajadores de los que sólo 140.216 no son funcionarios, un 24%. Además, en el Registro Central de Personal (ver página 10 del documento adjunto) están incluidas la mayoría de sus empresas públicas (entre ellas, las dependientes de la Sepi) y otros muchos organismos autónomos. Es decir que, en este sentido, los distintos Gobiernos que se han sucedido han sido moderados en su creación de empleo público.
Empleados públicos en España en 2009. Fuente: Registro Central AAPP y EPA
Autonomías y ayuntamientos
Porque de donde viene la explosión es de las administraciones regionales y locales, auténticos generadores de trabajadores a sueldo de los políticos, tanto funcionarios como, especialmente, no funcionarios. Así, las comunidades autónomas tienen 888.403 funcionarios y 460.089 en otras categorías. Y los ayuntamientos suman 215.621 funcionarios y 442.284 empleados que no lo son.
Pero, además, a todos esos trabajadores no funcionarios hay que sumar los 387.362 que incluye la EPA y no el Registro Central de Personal. Son casi 400.000 personas que declaran trabajar para las administraciones y no aparecen en el registro oficial. La gran mayoría de estos fantasmales empleados públicos ocupan plaza en las numerosísimas empresas públicas diseminadas por todo el país. Y a ellas han accedido, en un alto porcentaje, por el antiguo, clásico y caciquil dedazo del político de turno.
Así, si tomamos este dato de la EPA como correcto, ayuntamientos y autonomías tienen 1.104.024 funcionarios y, aproximadamente, 1.200.000 trabajadores a sueldo que no han pasado por una oposición, lo que suma un 53% del total.