Los funcionarios y laborales de la Junta de Andalucía no sólo han resistido las presiones de la Junta de Andalucía bajo la forma de amenazas y veladas presiones policiales. No sólo han saltado por encima de los cepos instalados en el camino por una Administración en manos de un PSOE que ha "decretado" y luego intenta "legislar" sobre lo decretado sin contar con nadie.
Además ahora han convocado un gran acto público bajo la forma de manifestación en Sevilla para el día 22 de enero, donde como se recordará, el pasado mes de noviembre tuvo lugar una manifestación histórica de la función pública andaluza. La presidenta del PSOE acusa a los convocantes de buscar un "puñado de votos", insistiendo en la relación de los manifestantes con otros partidos políticos.
Como cuenta La Razón, de nada ha servido el aplazamiento de la entrada en vigor de los estatutos de las agencias públicas, la tramitación como proyecto de ley del decreto o los "guiños" que les dedicó el presidente andaluz, José Antonio Griñán, en su discurso navideño. Los empleados públicos andaluces siguen exigiendo la retirada del decreto-ley 6/2010, incluso hablan ya de participar activamente en la próxima campaña electoral municipal.
El portavoz de la Plataforma de Empleados Públicos de la Junta (PEPA), Emilio Sempere, advirtió ayer al Gobierno andaluz de que "si no se avienen a razones, no habrá paz social". Lo hizo después de registrar en la Subdelegación del Gobierno en Sevilla la convocatoria de una manifestación para el 22 de enero en la que reclamarán la retirada del "decreto del enchufismo". El lema será "Por unos servicios públicos de calidad, no a la privatización" y los convocantes esperan 50.000 personas.
Además de la PEPA, la protesta es apoyada por los sindicatos Csif-A, CGT-A, SAT, Uso, Ustea, la Plataforma de Opositores y Funcionarios de la Junta, Asociación el Tercer Lado y otras entidades como la Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía.
Según aseguró Sempere, "esta acción no será ni la última ni la única" y ya estudian convocar manifestaciones en Granada.
Los empleados públicos tienen en mente una fecha: las elecciones municipales de mayo. Saben que en campaña electoral pueden hacer mucho daño al PSOE. Sempere pronosticó que "la tranquilidad durante la campaña dependerá de la Junta, de si finalmente hay derogación o no del decreto y se firma la paz social". También lamentó las "represalias" que están sufriendo algunos empleados públicos, de forma que "están cerrando el cerco y nos están abriendo expedientes en los centros".
En el manifiesto que se leerá en la protesta del 22, las organizaciones convocantes lamentan que con este modelo "se vulneran la transparencia y la independencia de la gestión pública" y "se ataca a ciudadanos, a quienes opositan y optan legítimamente a su derecho al empleo público y a los trabajadores del sector público".
Los que tampoco se ponen de acuerdo son PP y PSOE. La portavoz del PP-A, Rosario Soto, afirmó que la próxima manifestación es la prueba de que la "trampa" del aplazamiento "no le ha servido" a Griñán para resolver este asunto.
Por un puñado de votos
Según EFE, la presidenta del PSOE-A, Rosa Torres, ha asegurado que "quienes piden la derogación del decreto de reordenación del sector público no quieren mejorar el decreto, sino arañar un puñado de votos y desgastar al Gobierno andaluz".
Durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A, Torres se ha referido a la manifestación convocada para el próximo día 22 por sindicatos y plataformas de funcionarios y empleados públicos y ha dicho que "ahora no saldrán a la calle contra un decreto, porque se está tramitando como una ley".
Torres ha recordado que "ahora los sindicatos que representan a los trabajadores tienen la oportunidad de trabajar en positivo", durante la tramitación parlamentaria que prevé las comparecencias de los agentes sociales en la Comisión de Hacienda y Administración Pública de la Cámara, a petición del Gobierno.
"Es el momento -ha dicho la dirigente socialista- de que los sindicatos, asociaciones que representan a los ciudadanos y los partidos políticos puedan expresar lo que piensan sobre la ley en sede parlamentaria, donde reside la soberanía popular".
Aunque ha dicho que "siempre estarán en su derecho de salir a la calle", la presidenta del PSOE-A ha afirmado que "no hay ningún motivo para no darnos el tiempo necesario para poder hablar, para poder consensuar, para poder entre todos hacer un decreto, si es posible -y siempre es posible-, mejor que el que hemos puesto sobre la mesa".
Además, ha resaltado que el Gobierno andaluz quiere "servir a los ciudadanos a través del servicio público que significan todos los que trabajan en la Junta" y hacerlo con "una administración más moderna, más eficaz y más austera", que es el objetivo que persigue "lo que fue un decreto y ahora se va a tramitar como una ley en el Parlamento andaluz".