El salario medio de un controlador operativo se fija en 200.000 euros al año, mientras que la jornada máxima aeronáutica se establece en un máximo de 1.670 horas este año, frente a las 1.711 horas actuales, que se reducirán a 1.595 horas para 2013, según el laudo dictado esta mañana por el árbitro designado por controladores y AENA, Manuel Pimentel.
En rueda de prensa, Pimentel ha explicado que de esta forma la empresa tendrá "un colchón" para a partir de ahí reducir el absentismo laboral e ir ajustando la jornada, que respetará los porcentajes establecidos de descanso del 25% en turno de día y del 33% en turno de noche. Esto supondrá que en el futuro convenio se introducirá el binomio "jornada-productividad" al vincular el salario a la jornada y la productividad.
Pimentel defendió que los controladores españoles trabajan "más que la media europea, pero también ganan mucho más", por lo que es necesario ir ajustando la jornada para adecuarse a la media europea.
Tras reconocer la cualificación de un colectivo que está sometido a situaciones de estrés y no es adecuado que exceda de la jornada convenida, apuntó que el laudo arbitral recoge la legislación europea e intenta que se homologue con la normativa de cara a la implantación del 'cielo único europeo'.
Así, se incluirán 40 horas adicionales extra al año en materia de formación, hasta 1.710 horas en aquellos centros en los que se apliquen y sean necesarias, que pasarán a 25 horas para 2012 y 20 horas en 2013. Las horas extra seguirán siendo 80 al año.
En cuanto a la Licencia Especial Retribuida (LER), se creará una nueva figura denominada "reserva activa" (RA) que exigirá unos "nuevos requisitos". De esta forma, los controladores acogidos a la LER, suspendida por tres años, permanecerán en esta situación si se acogieron a ella antes del 5 de febrero. A partir de los 57 años, los controladores se someterán cada seis meses a unas pruebas psico-físicas pudiendo acogerse a la RA.
A la LER, situación previa a la jubilación, podían acogerse hasta ahora los controladores a partir de los 52 años, con al menos 30 años de servicio. Con esta nueva figura, aquellos que hayan perdido su condición de controlador operativo pasarán a realizar otras funciones o a la llamada 'reserva activa', donde cobrarán el 75% del salario tomando como base el doble de la pensión máxima.
"Un éxito del diálogo social"
Para Pimentel este "sistema gradual" permitirá aportar "seguridad y también garantías" para ambas partes en un sector como el transporte aéreo esencial para el ciudadano y en el que, como tal, se debe "garantizar el derecho de circulación de las personas", lo que ha tenido en cuenta a la hora de tomar su decisión, además de ser sensible a las reivindicaciones laborales de un colectivo que necesitaba clarificar sus condiciones.
El árbitro aseguró que a la hora de dictar el laudo no ha partido de cero, sino que el acuerdo firmado por AENA y los controladores en agosto ha servido de base y punto de partida. En esta línea, destacó que el laudo arbitral es "un éxito del diálogo social", pese a ser una vía no frecuente, tras haber mantenido reuniones "exhaustivas" con las dos partes.
Nueva etapa
Por su parte, el presidente del sindicato USCA, Camilo Cela, agradeció a Pimentel su reconocimiento público a que los controladores aéreos españoles "son los que más trabajan de toda Europa" y expresó su deseo de que con este laudo "llegue la paz social y se recupere la normalidad".
De su lado, el presidente de AENA, Juan Ignacio Lema, destacó el trabajo "minucioso y honesto" de Pimentel con el que se abre un periodo de paz social y normalidad laboral para iniciar el proceso de transformación del ente. Lema aclaró que este convenio solo afectará a los controladores trabajadores de AENA.
Preguntado sobre la amenaza de convocatoria de huelga por el resto de los trabajadores de AENA en contra de la privatización, Lema señaló que prosiguen las negociaciones con los sindicatos, aunque dijo entender la inquietud de los trabajadores sobre cómo se va a articular el convenio del grupo a partir de las concesiones. "Estamos haciendo muchos esfuerzos y esperamos llegar a un acuerdo", zanjó.
El laudo, que es de obligado cumplimiento, no recurrible y ejecutable, entrará en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).