Juan Manuel Sánchez Gordillo es el alcalde de Marinaleda, municipio sevillano que, a la sombra de la subvención, mantiene un sistema socialista. Gordillo presume de ello y ha concedido entrevistas para numerosos medios de comunicación intentando trasladar que su utopía es posible. Habría que añadir: es posible mientras se mantengan las subvenciones de la Junta de Andalucía y la Unión Europea.
Pero, de nuevo, Gordillo vuelve a ser noticia. El martes, Asaja-Sevilla ha acusado a Gordillo, también dirigente del SOC (Sindicato Obrero del Campo), de "fomentar el racismo y la xenofobia en el campo expulsando a los trabajadores extranjeros de los tajos". Según fuentes consultadas por LD, han llegado a levantar casi un centenar de trabajadores de una parcela.
La organización ha emitido un comunicado en el que denuncia también el "silencio" de los sindicatos mayoritarios y la complicidad de los alcaldes de "Palma del Río, Posadas y Hornachuelos", municipios cordobeses cercanos a Marinaleda. Una actitud que "convierten a la comarca cordobesa de la vega del Guadalquivir en un polvorín".
Fuentes de Asaja han comentado a LD que este mismo sindicato intentó bloquear años atrás remesas de trabajadores extranjeros que demandaba el campo por faltaba de mano de obra para la cosecha. Ahora, que la crisis ha llegado "una persona que está legalmente contratada, y que ha pasado por el calvario de tener que poner en regla sus papeles, y que lleva una serie de años trabajando en diferentes sitios, que vengan unos piquetes y levanten de un tajo, no hay derecho".
Además, estas mismas fuentes recuerdan que "hace 20 años el SOC acabó quemando la maquinaria a tres agricultores pequeños que se establecieron en una pequeña localidad cordobesa y pusieron algodón. Les quemaron el negocio porque se negaron a cambiar el algodón por un cultivo que no fuera mecanizado y así poder darle la peonada, no a cualquier trabajador, sino a los que pertenecían al sindicato".
Extranjeros, expulsados
Y es que, según denuncia Asaja, el lunes la recolección de la naranja en dicha vega se vio "interrumpida" por "piquetes descontrolados, instigados por Gordillo, que levantaron los tajos y expulsaron a los trabajadores extranjeros de las cuadrillas, pese a que éstos cuentan con todos sus requisitos legales para trabajar en España".
"No emplearon la violencia, pero sí la coacción", señalan fuentes de Asaja a LD. "No hace falta que te den con un palo para que dejes de trabajar, pero si están un día y otro diciéndote que si no dejas el trabajo te vas a acordar, me he quedado con tu cara, sé donde vive tu familia, etc. al final te acabas levantando".
Para la asociación agraria sevillana esta actuación sólo puede ser calificada como "xenófoba, con la que se persigue expulsar del campo a los trabajadores que no tengan la nacionalidad española".
La complicidad del resto de alcaldes llega a tal punto que, según asegura Asaja, el alcalde de Hornachuelos ha dirigido una carta a las empresas agrarias de su municipio afiliadas a Asaja-Sevilla "instándoles a contratar preferentemente" a los trabajadores de Hornachuelos.
Asaja advierte de que con esta actitud se pone en peligro el desarrollo de una de las campañas de recolección que más empleo generan tras la de la aceituna, ya que las 65.000 hectáreas de cítricos generan más de 5 millones de jornales, y en concreto en las casi 10.000 hectáreas de cítricos con que cuenta la provincia de Córdoba se generan casi un millón de jornales.
Gordillo contraataca
Por su parte, Gordillo, desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que aglutina al SOC y que también controla, anuncia que estudia las posibles medidas legales contra los responsables de Asaja ante las acusaciones lanzadas ayer por esta organización patronal, en la que acusa a este sindicato de "prácticas xenófobas" en la campaña de los cítricos de la vega del Guadalquivir, en concreto en varios pueblos cordobeses.
La excusa del SAT, según su propia web, es que en la Vega del Guadalquivir, "abusan de trabajadores inmigrantes, hermanos de clase, que contratados en Huelva mediante ETT's, a través de manijeros e intermediarios sin escrúpulos son salvajemente explotados haciéndoles trabajar 12 diarias para no llegar a pagarles ni el jornal establecido por ley en el convenio vigente".
El sindicato de Gordillo desmiente "con rotundidad" esas acusaciones, ya que este sindicato "siempre ha defendido los intereses de los trabajadores inmigrantes como parte de una misma clase obrera sin mirar la procedencia, la religión, el sexo o el color de la piel, y ahí décadas de trabajo con la inmigración nos avalan en Almería, en Huelva y otras provincias".
Advirtió que el SAT "no va a consentir que empresarios sin escrúpulos se aprovechen de la vulnerabilidad de los inmigrantes para explotarlos como mano de obra barata y semi-esclava, haciéndoles trabajar de sol a sol por salarios de miseria que incumplen los convenios".