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Los ayuntamientos nucleares denunciarán al Gobierno si cierra la central de Garoña

El Gobierno sigue sin decir con claridad qué ocurrirá con la central de Garoña mientras siguen sumándose las voces que se oponen al cierre. La Asociación de Municipios Afectados por Centrales Nucleares (AMAC) ya ha advertido que recurrirán la decisión ante el juez si la clausuran.

L D (Agencias) La organización estudia jurídicamente la imposición de un recurso judicial por la vía contencioso administrativa ante la Audiencia Nacional en contra de cualquier decisión del Gobierno que no suponga la renovación por diez años de la licencia de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).

AMAC aprobó este viernes, en Asamblea Extraordinaria, impugnar cualquier postura del Ejecutivo contraria al funcionamiento de la instalación hasta 2019, dentro de un manifiesto de diez puntos.

En este sentido, el gerente de AMAC, Mariano Vila, aseguró que una posible decisión de cierre de la central podría no ajustarse a ley y que, por tanto, se impugnaría, entendiendo el perjuicio económico que supondría cerrar la instalación y exigiría una indemnización económica para resarcir las consecuencias de la clausura.  

La pasada noche trascendió que Industria ha pedido al CSN más información sobre la central días después de la emisión del informe favorable a la renovación de sus permisos.

El ministerio precisó que "con el objetivo de recabar más información sobre los diferentes escenarios posibles, se ha solicitado al CSN que emita informes preceptivos para la renovación de la autorización de la explotación de la mencionada instalación nuclear para un periodo de dos, cuatro o seis años".

De la Vega no aclara las dudas

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, María Teresa Fernández de la Vega se refirió al informe solicitado al CSN sobre Garoña y a la decisión que en pocos días debe tomar el Gobierno. Según dijo, se va a tomar "teniendo en cuenta las normas de seguridad y viabilidad" y "atendiendo a nuestros compromisos electorales" así como al "modelo de crecimiento sostenible y necesidades energéticas de España".

La vicepresidenta precisó que se ha pedido información "sobre las medidas que el Gobierno pudiera adoptar" si la decisión fuera "otra de la adoptada por la empresa", que pidió la renovación de la explotación por diez años. En concreto, De la Vega habló de "dos, cuatro o seis años".

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