LD (L. Ramírez / M. Llamas) El primer Debate sobre el estado de la Nación del segundo mandato de Zapatero ha sido una muestra más de la política económica realizada por el Gobierno en los últimos meses: el gasto público salvará a la economía.
El problema es que este gasto lo financiarán los ciudadanos y las empresas a través de los impuestos y futuras rebajas de prestaciones para reducir un déficit público que rondará el 10% del PIB en 2010.
Zapatero presentó un paquete de propuestas que se basan en promesas, ya que ninguna de las iniciativas fue acompañada de una memoria económica y financiera que desglose la estructura de costes de las mismas.
Al más puro estilo de Manuel Chaves cuando estaba al frente de la Junta de Andalucía, el presidente del Gobierno prometió ayudas para todos sin explicar de dónde saldrán los recursos para financiarlas y un nuevo modelo de crecimiento económico.
Pero vayamos por partes. La medida más novedosa es la decisión de eliminar la deducción fiscal en el IRPF por la compra de vivienda habitual a partir de 2011 para las rentas superiores a 24.000 euros brutos anuales. La trampa es sencilla: el Gobierno da un periodo de moratoria de 19 meses (desde ahora hasta el 31 de diciembre de 2010) para eliminar la reducción persiguiendo dos objetivos:
- Dar un ultimátum a los compradores para que adquieran sus viviendas antes de 2011, lo que reducirá el ritmo de bajada de los precios de los pisos. impidiendo el necesario ajuste del sector y alargando los desequilibrios actuales por lo menos hasta 2011.
- Salvar a promotoras, constructoras y entidades financieras, que tienen más de un millón de pisos sin vender por no encontrar compradores.
Esta reforma de la fiscalidad de la vivienda podría aprovecharse para generar un importante ahorro en las cuentas públicas, lo que sería positivo a tenor del desplome de los ingresos y el espectacular aumento del gasto. Pero Zapatero quiere destinar este ahorro a hacer Viviendas de Protección Oficial (VPO), lo que contrasta con su promesa de reducir el peso de la construcción residencial en el PIB y dificulta, igualmente. el necesario reajuste inmobiliario.
Ayudas a la compra de automóviles
La segunda promesa estrella es la que establece ayudas directas de 2.000 millones de euros para la compra de automóviles. En realidad Zapatero sólo promete 500 euros, ya que 1.000 los deberán costear los fabricantes y el resto (500 euros) los aportarán las comunidades autónomas. El presidente no dijo si lo ha consultado con los gobiernos regionales, pero la Comunidad de Madrid asegura que los contactos para este fin no han existido.
De todos modos, el plan del Gobierno de ayudas directas a los compradores de coches supondrá un incremento del gasto público y, por lo tanto, del déficit, ya que la caja tiene un “descubierto” de 7.500 millones de euros-; es decir, que los ciudadanos que no compren automóviles pagarán con sus impuestos las adquisiciones de los demás, o bien mediante la reducción futura de prestaciones sociales para cubrir el agujero presupuestario.
Esta decisión ha sido la más sorprendente, ya que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el propio Zapatero, se negaron a dar ayudas directas para la compra de automóviles cuando lo propuso el PP en el Congreso de los Diputados. Este hecho lo recordó el líder de los populares, Mariano Rajoy, en su turno de réplica.
¿Rebaja fiscal a pymes?
En tercer lugar, el presidente anunció una rebaja fiscal de cinco puntos en el Impuesto de Sociedades que pagan pymes y autónomos, siempre que no tengan más de 25 trabajadores a su cargo y facturen menos de cinco millones de euros al año. La trampa, en este caso, es que obliga a las empresas a mantener o aumentar sus plantillas, en un momento en el que muchas empresas están reduciendo sus costes laborales para mantenerse en pie. Por si esto fuera poco, la medida tiene un carácter temporal: sólo se aplicará durante tres años.
Además, la asociación de autónomos Asnepa asegura que esta rebaja fiscal no afectará a casi dos millones de trabajadores por cuenta propia que cotizan por IRPF, el 60% del total de afiliados al Régimen de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social.
El Gobierno pierde así una oportunidad de oro para rebajar el Impuesto de Sociedades a todas las empresas en este entorno de ausencia de beneficios importantes. Esta rebaja la podría compensar con una subida del IVA, como recomiendan los economistas de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) y el Instituto de Estudios Económicos (IEE).
Otro Plan E y economía "verde"
Otra de las medidas es un segundo fondo de inversión local para los ayuntamientos, pero, en lugar de destinar el dinero a obra pública (como el anterior), el nuevo proyecto destinará 5.000 millones de euros para proyectos de sostenibilidad ambiental, tecnológicos y de atención a la dependencia.
Unas acciones que deberían haber costeado los consistorios en las épocas de vacas gordas y que ahora no pueden acometer por el despilfarro de los últimos años y el hundimiento del sector inmobiliario, principal fuente de ingresos de las Haciendas Locales hasta el pinchazo de la burbuja.
Se trata de otro rescate a los ayuntamientos, como los préstamos del ICO a los consistorios morosos o el primer fondo de 8.000 millones de euros que sólo ha servido para sacar del paro a 90.000 personas.
En cuanto al fondo que prepara el Gobierno para salvar a las cajas de ahorros en apuros, el presidente no especificó la cuantía del mismo, aunque avanzó que incluye la posibilidad de reforzar los recursos propios de estas entidades, que en muchos casos han dado préstamos a promotores que no serán devueltos y que han financiado proyectos de dudosa rentabilidad, incluidos los créditos a partidos políticos que nunca se cobrarán.
¿Quién pagará los ordenadores?
En último lugar, el presidente avanzó un programa de gasto educativo para que "cada alumno tenga su propio ordenador", con pizarras digitales en las escuelas y conexión inalámbrica a Internet. Se entregarán, según sus cálculos 420.000 ordenadores a alumnos de primaria.
La trampa se vuelve a encontrar en el dinero necesario para esta medida. Zapatero dijo que "será cofinanciada" con las comunidades autónomas, sin especificar los acuerdos firmados al respecto con los gobiernos regionales. Además, hay que recordar que el presidente ya prometió antes de las pasadas elecciones generales que facilitaría dos ordenadores por cada alumno, una iniciativa que, de momento, brilla por su ausencia.
Finalmente, la propuesta más preocupante es la creación de una "Ley sobre la Economía Sostenible" (LES) a base de subvenciones y gasto público, al más puro estilo de una planificación económica socialista ya olvidada. Dicha norma tendrá por objetivo implantar de la forma más "rápida, más viable y consolidada" un nuevo modelo productivo para España. Eso sí, lo hará por ley, no por las libres decisiones de empresas y familias.
Una ley para cambiar el modelo productivo
Según Zapatero, el Gobierno se ha propuesto buscar un amplio acuerdo social, institucional y político sobre las prioridades del nuevo modelo productivo y en torno a la elaboración de esta ley general. De esta forma, propondrá un acuerdo sobre el contenido de la Ley en la mesa del diálogo social para abordar el nuevo modelo de crecimiento y su adaptación a la empresa, la negociación colectiva, la protección social y la formación para el empleo.
Para ello, el Gobierno destinará más de 25.000 millones de euros a financiar proyectos dirigidos a la economía sostenible, así como a nuevos planes medioambientales, tecnológicos y sociales a través de la creación de dos nuevos fondos. Uno para la Economía Sostenible y el citado de inversión local para los ayuntamientos, el segundo Plan E. ¿Problema? Las energías renovables destruyen 2,2 empleos por cada uno que generan, con un coste medio de 570.000 euros por puesto de trabajo. Todo un éxito.