El ecologista y antinuclear Zapatero hablaba en estos términos en un mitin celebrado en verano de 2009: "Las energías renovables son mucho más democratizadoras. (...) Las comunidades de vecinos serán capaces de retener su energía, y de poder ser también productores y vendedores de energía". En el mismo acto, el presidente anunciaba también un ambicioso plan con la mirada puesta en 2030.
Dos años después, casi todo ha cambiado: el presidente, forzado por la crisis, el abultadísimo déficit tarifario y el fraude destapado en el negocio de las energías renovables ha dejado de ser el miembro más antinuclear del Ejecutivo. Hace unas semanas, su partido aprobó en el Congreso de una moción que contempla alargar la vida de las centrales nucleares.
Pero más allá de este gesto que aún no se ha traducido en medida alguna, sigue brillando por su ausencia un plan energético sólido, que comience a aligerar el papel gubernamental en este sector y que permita que sea el mercado el que fije precios, fuentes de energía, formas de ahorro, etc... Y que permita a los inversores conocer las reglas que les afectarán, en lugar del caos de los últimos años, que se ha traducido en repetidas denuncias sobre inseguridad jurídica en este sector.
El Gobierno, en lugar de emprender una reforma de verdad en materia energética, ha vuelto a la senda de los gestos y las ocurrencias. Así lo demuestran dos decisiones. Por un lado, la de bajar a 110 kilómetros por hora la velocidad máxima en autovías y que se justificó por motivos de ahorro, aunque en el Ejecutivo no se pongan de acuerdo en aclarar cuánto. Por otro, la más reciente de Miguel Sebastián de cambiar todo el alumbrado público de las ciudades para ahorrar, dicen, un 42% en la factura de la luz. No dicen cuánto costará.
Las medidas recuerdan a otras poco fructíferas ideas destinadas a ahorrar energía y que no tuvieron efecto alguno. Una de ellas fue el reparto de veinte millones de bombillas de bajo consumo hace dos años. Industria estimaba entonces que se ahorraría un 0,7 por ciento el consumo eléctrico de los españoles. Otra, fue la de imponer por ley la temperatura máxima del aire acondicionado en los edificios públicos con su recordada propuesta de no llevar corbata en el trabajo. También cabe recordar su insistencia en promover el automóvil eléctrico con un ambicioso plan del que se sabe poco más que el precio -590 millones de euros- y sus objetivos, que en España circulen 250.000 vehículos de este tipo hasta 2014.
Los efectos de tan sesudas iniciativas son ya conocidos por los españoles: lo notaron en la subida de la electricidad del pasado mes de enero de casi el diez por ciento, anticipo, además, de otras que vendrán porque el déficit de tarifa continúa subiendo.