Los edificios propiedad de la Administración tienen un valor de mercado de unos 40.000 millones de euros, según un informe de la consultora inmobiliaria Aguirre Newman. Y el 34% de los mismos no son necesarios para realizar sus actividades. Es decir, que un tercio del espacio ocupado por los servicios del Gobierno central es prescindible y podría venderse de un día para otro. Hacerlo aportaría buenos ingresos para reducir la deuda y recortaría el gasto anual, lo que ayudaría a minorar el déficit. El problema sería si, en un momento como éste, podría encontrar comprador.
El estudio de Aguirre Newman se centra en los edificios de la Administración General en Madrid, que ocupan una superficie de 2.278.333 metros cuadrados (m2) en propiedad y 299.886 en régimen de arrendamiento. Según los cálculos de los autores, al menos el 34% de esa área está infrautilizada y podría venderse (calculan unos ingresos de 2.800 millones aproximadamente).
Sin embargo, si se amplía el cálculo a España, el valor de todos los inmuebles del Gobierno central subiría a los 42.000 millones de euros. Por lo tanto, aceptando el mismo porcentaje de superficie infrautilizada que en Madrid, el Estado español podría obtener unos 14.000 millones de euros.
Es más, siguiendo los datos de ese mismo informe, la cantidad a recaudar podría ser incluso algo mayor. Según sus cifras, la ratio de superficie por empleado público es, aproximadamente, el doble que en el sector privado. Así, la administración concede entre 25 y 35 m2 a sus trabajadores, cuando las empresas consideran eficiente una ocupación que no supere los 15 m2. Por todo esto, los autores denuncian que en la Administración "no exista una estrategia sobre su patrimonio inmobiliario e incluso que no sea consciente del patrimonio que se posee".
Deuda y déficit
España tiene una deuda pública total (lo que se debe a los acreedores) de 598.764 millones, un 60% del PIB aproximadamente, de los que 458.000 corresponden a la Administración Central. Además, el déficit (la diferencia entre lo recaudado y lo gastado) del año pasado fue de 99.785 millones y se prevé que este año alcance los 110.000 millones de euros.
Por lo tanto, esa deuda va en aumento y todas las exigencias de Bruselas van dirigidas a reducir el déficit, para que deje de aumentar la cuantía total adeudada por el Estado. Vender los edificios que no se utilizan (o agrupar a los funcionarios que infrautilizan alguno de ellos) tendría dos repercusiones: por un lado reduciría la deuda pública total; por otro lado, recortaría los gastos corrientes (luz, agua, mantenimiento, etc...), lo que sería beneficioso para el déficit.
Además de la opción de la venta de ese 34% de inmuebles infrautilizados, el estudio de Aguirre Newman propone tres soluciones para obtener ingresos superiores de forma inmediata. Por un lado, la venta de todos los edificios, con un compromiso por parte del comprador de alquilar al Estado aquellos que necesite para seguir con su actividad. Esta solución daría un buen recorte a la deuda (42.000 millones, casi un 10%), pero implicaría un gasto anual en alquileres que ahora no se tiene.
Las otras dos opciones, serían el leasehold, concesión administrativa a largo plazo (50 años) mediante la cual el Estado transmite el derecho de uso a un tercero y la aportación de los activos a una sociedad (Socimi) para su posterior cotización en un mercado de valores.
Otros bienes
Evidentemente, los edificios no son los únicos bienes de los que dispone la Administración General. También son de su propiedad los llamados "bienes de uso público", como ríos, riveras del mar, calles, plazas, caminos, canales, puertos o el espacio radioeléctrico. Además, el Estado también posee los locales en los que realiza las funciones que desarrolla, como oficinas de atención al público, hospitales o escuelas. También son suyos las minas y los montes públicos. Y, además, están los bienes adscritos a Patrimonio Nacional, Parques Nacionales, etc. Evidentemente, la decisión de si vender o no todas estas propiedades es una decisión política, que tendrá que tomar cada Gobierno, pero la posibilidad al menos está ahí.
Y lo dicho hasta ahora sólo cubre los bienes de la Administración General, la que depende del Gobierno Central. Comunidades y ayuntamientos poseen también numerosos inmuebles. ¿Cuánto valor alcanzaría su venta? Esperanza Aguirre, este mismo jueves, recomendaba a Alberto Ruiz Gallardón que enajenase alguno de los edificios del Ayuntamiento de Madrid como medio para reducir la deuda del consistorio, después de que el Gobierno le negase permiso para pedir nuevos créditos en 2011.