Cuando el gigante de decoración Ikea preparaba su expansión internacional estuvo a punto de dejar a un lado España y levantar sus establecimientos en otros países europeos.
Esa decisión, que finalmente no se produjo, pudo haber dejado a España sin una inversión inicial de 3.000 millones de euros y sin la creación de alrededor de 9.000 puestos de trabajo. Ikea se planteó muy seriamente no entrar en España porque, a pesar de que tendemos hacia un mundo globalizado, la estructura autonómica ha creado innumerables barreras para la creación de empresas y su posteriormente funcionamiento.
España es, de hecho, el país número 140 de la OCDE (que integra a 180 países) en cuanto a la dificultad para establecer una empresa. Según el Banco Mundial, en nuestro país se tarda una media de 47 días en crear una sociedad, para lo que hay que realizar 10 procedimientos distintos. En Azerbayan, por ejemplo, tras la entrada en vigor de una serie de requisitos y la creación de la ventanilla única, crear una empresa cuesta sólo 16 días.
¿A qué se deben estas dificultades?
Según Rocío Albert y Rogelio Biazzi, autores del informe La Torre de Babel de las Comunidades Autónomas, “resulta paradójico que España, que ha apostado por la creación de un mercado único europeo, pueda ver compartimentado su mercado interior por la proliferación de normas autonómicas que pongan en peligro la unidad de mercado al imponer trabas administrativas a la libre circulación”. En definitiva, diecisiete comunidades, diecisiete requisitos diferentes para establecer una empresa.
Actualmente, nadie pone en duda que la unidad de mercado facilita la especialización de sus agentes económicos, su productividad y el nivel económico del país. Pero el tejido autonómico español parece que rema en la dirección opuesta, fragmentando un mercado que puede llegar a estar roto del todo si se tiene también en cuenta la diferencia lingüística.
“Las empresas se enfrentan a mayores costes de transacción para poder desarrollar sus actividades en las diferentes comunidades autónomas”, argumentan Albert y Biazzi. Este incremento en los costes actúa, según este informe, como una barrera de entrada en las diferentes autonomías, así como una barrera para las empresas extranjeras que quieren invertir en España.
Según IG Expansión, una compañía dedicada a buscar empresas extranjeras para desarrollar su negocio en España, la compleja estructura autonómica disuade a muchas compañías a invertir en este mercado.
Además, la dispersión normativa puede reducir las economías de escala de las empresas, lo que se traduciría en un importante aumento de los costes de producción. “Es importante señalar que la fragmentación regulatoria puede tener efectos devastadores sobre la movilidad de los trabajadores y capitales”, añade el informe.
¿Cómo garantizar la unidad de mercado?
Teniendo en cuenta que el actual modelo autonómico está lo suficientemente asentado como para hacer impensable su transformación hacia otro sistema más unitario, distintos expertos están analizando cómo hacer compatible esta idiosincrasia con la unidad de mercado.
“Para lograr este objetivo hay que tener en cuenta dos enfoques prioritarios”, dice el texto de Albert y Biazzi. Por un lado, desde el nivel autonómico se deben aprovechar las ventajas de la competencia regulatoria para restaurar la unidad de mercado. Por otro, la Administración central debería dotarse de nuevas labores y capacidades de coordinación.
Crear protocolos
Así, las CCAA podrían reconocer unilateralmente y con carácter general la validez en sus territorios de las normativas emanadas de otras comunidades. Algo que, por cierto, ya ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid. Por su parte, desde el Gobierno central deberían crearse protocolos que incluyan principios de buena regulación, que hagan evaluaciones normativas autonómicas y brinden asesoramiento a todas las comunidades autónomas.
Según el informe Banana Skin 2007 relativo a la industria aseguradora que elabora PricewaterhouseCoopers, sobre una base estadística de 139 empresas radicadas en 21 países de todo el mundo, la regulación excesiva constituye la mayor amenaza que tiene que afrontar el sector asegurador en los próximos dos o tres ejercicios. El informe concluye que las nuevas normativas y las exigencias de cumplimiento de nuevos requisitos están mermando la rentabilidad de la industria.
El estudio revela que la inquietud por la sobreregulación está presente en todos los mercados mundiales -Norteamérica, Europa, Sudáfrica, Asia, Pacífico, etc.-, una amenaza también resaltada en el último Banana Skin del sector bancario correspondiente a 2006, en el que las entidades financieras subrayaban el consumo ineficiente de recursos financieros y de gestión que supone el excesivo intervencionismo normativo.
Las zancadillas autonómicas
En España existe una auténtica libertad para que los trabajadores se muevan de una comunidad a otra. No existe a este respecto ninguna restricción ni impedimento... En teoría. Porque el problema no es la ley, sino la ingente cantidad de reglas específicas que adopta cada comunidad: desde la licenciatura exigida, hasta los permisos de residencia, pasando por el idioma, cada comunidad puede requerir una serie de condiciones de difícil cumplimiento que hace imposible a un ciudadano español o comunitario trabajar en una determinada comunidad. Por ejemplo, la obligación en Cataluña de que los camareros sepan catalán (la Generalidad lo está inspeccionando) puede limitar a muchos trabajadores el acceso a ese puesto.
El ejemplo de Ikea es una muestra de la hiperregulación autonómica en lo que se refiere al comercio. Desde los horarios comerciales, los requisitos y las condiciones físicas requeridas, cada comunidad puede convertir en una auténtica pesadilla el deseo de crear allí una franquicia. Según revelaba recientemente El Mundo, a Primar, la compañía británica de textil a bajo coste, le ha costado cinco años que le den permiso en Cataluña para levantar un local de 4.000 metros cuadrados. Decatlhon ha tenido que abrir una tienda de 999 metros al no poder sobrepasar los 1.000 metros que restringe la normativa catalana.
El turismo también se ha visto afectado por la fragmentación autonómica, a pesar de que la marca España se vende como única al extranjero. La aerolínea de bajo coste Air Berlín denunció hace poco la imposición del catalán en sus vuelos por parte del Gobierno balear. Desde e-Dreams también ha habido quejas por la necesidad de multiplicar por 17 el esfuerzo que hace una empresa para establecerse en España.