La situación real de la banca irlandesa amenaza con superar las peores expectativas. El próximo 31 de marzo se publicarán las nuevas pruebas de resistencia (stress test) del sistema financiero irlandés y todo apunta a que su gran banca precisará más capital del previsto inicialmente.
Dublín acordó a finales del pasado año un rescate de 85.000 millones de euros con Bruselas y el Fondo Monetario Internacional (FMI), de los que 17.500 millones serían aportados por el Gobierno irlandés, 22.500 por el FMI y 45.000 millones por la UE.
En principio, esos 85.000 millones de euros serían suficientes para cubrir el déficit presupuestario (50.000 millones) y la recapitalización de su banca, estimada en 35.000 millones (10.000 para necesidades inmediatas, que todavía no se han ejecutado, y otros 25.000 millones para otras ayudas). Sin embargo, apenas cuatro meses después dicha cantidad corre el riesgo de quedarse corta debido a la grave situación de su sistema financiero.
Este jueves se conocerán los resultados de las pruebas de esfuerzo a las que el banco central irlandés ha sometido a Bank of Ireland, Allied Irish Banks, Irish Life & Permanent y Educational Building Society, y que, según los expertos, mostrarán un déficit de entre entre 15.000 y 25.000 millones de euros extra para evitar la quiebra, lo que podría elevar las necesidades de capital público hasta una horquilla de entre 64.000 y 69.000 millones de euros, desde los 46.000 millones previstos inicialmente.
Ante tal situación, el Banco Central Europeo (BCE) estudia ya con Dublín la puesta en marcha de un nuevo fondo de liquidez para prestar a la banca irlandesa hasta 60.000 millones de euros "a medio plazo". Esta línea de crédito trataría de ganar tiempo con el fin de posibilitar el saneamiento de la banca irlandesa.
Desde el pasado mayo, su sistema financiero ha padecido un doble golpe, más allá del mero deterioro de sus balances como resultado del estallido de la burbuja inmobiliaria: el cierre total del mercado interbancario y la masiva fuga de depósitos han agravado hasta el extremo la solvencia de la banca irlandesa que, desde entonces, depende casi en exclusiva de la financiación extraordinaria del BCE y del Banco Central de Irlanda para seguir en pie.
Así, el pasado febrero, la deuda de la banca irlandesa con el BCE se mantuvo en torno a los 117.000 millones de euros -casi un tercio del total de préstamos de la eurozona-, al tiempo que el Banco Central de Irlanda acumulaba créditos por valor de 60.000 millones de euros adicionales a través de un mecanismo extraordinario denominado Emergency Liquidity Assistance (ELA), una especie de quantitative easing a la europea por el cual dicha institución imprime euros por su cuenta (aunque con la autorización del BCE) para inyectar liquidez a su banca, lo que levantó numerosas dudas acerca de su legalidad.
El problema, sin embargo, es que ambas líneas de crédito están concebidas para expirar a muy corto plazo, y todo indica que la banca irlandesa precisará ayuda adicional durante más tiempo del previsto. Por ello, dadas las necesidades de capital extra y los graves problemas de liquidez existentes, el BCE estudia ahora la posibilidad de crear un nuevo fondo, denominado "Facilidad para bancos en reestructuración", para prestar dinero a más largo plazo. "Probablemente tendría un plazo indefinido y ligado a condiciones estrictas bajo la supervisión regular del Consejo de Gobierno del BCE", según fuentes del organismo central.
Aunque el plan iría destinado a todos los bancos europeos que presenten problemas, en realidad está ideado expresamente para la banca irlandesa. La ventaja del fondo es que estará bajo el control directo del BCE, que establecerá las condiciones de los préstamos en función de cada caso particular, en sustitución de los fondos adicionales inyectados a discreción por el Banco Central de Irlanda.
Reestructuración bancaria
Pese a ello, ésta no es la única medida que se baraja. El nuevo Gobierno de Dublín lleva ya varias semanas discutiendo la posibilidad de llevar a cabo una reestructuración de su sistema financiero. En concreto, plantea que los acreedores de deuda senior (los primeros en cobrar en caso de default) asuman quitas (pérdidas) y, de este modo, carguen con parte del coste, aliviando así el peso que hasta ahora deben soportar en exclusiva los contribuyentes.
Este plan, consistente en una suspensión de pagos parcial de su banca, formaría parte de la "solución final" que elabora el Gobierno de Dublín para solventar sus graves problemas financieros, según señaló este fin de semana el ministro de Agricultura, Simon Coveney. El ministro de Finanzas, Michael Noonan, negociará con las autoridades europeas la aplicación de quitas tras la publicación de los stress test a su banca, según Coveney.
Según datos del Banco Central de Irlanda, las entidades celtas acumulan unos 16.400 millones de euros en deuda senior no garantizada. Tras el estallido de la crisis financiera internacional, el Gobierno garantizó por ley todos los depósitos del país y toda la deuda bancaria con el fin de calmar a depositantes y acreedores. Este aval público fue, precisamente, el que arrastró a la insolvencia al propio Estado irlandés ante la imposibilidad de hacer frente a tales compromisos cuando colapsó su sistema financiero. Ahora, Dublín pretende dar marcha atrás permitiendo que los acreedores senior no recuperen la totalidad de los préstamos concedidos a la banca celta.
El Gobierno quiere "una solución integral y sostenible que implique no sólo la recapitalización sino también un reparto de la carga, así como un paquete de financiación para los bancos irlandeses". Se trata de una discusión "delicada y difícil" que tendrá lugar en las próximas dos o tres semanas, incidió Coveney.
El BCE y la UE rechazan, sin embargo, esta medida ante el temor de que una reestructuración de estas características agrave la crisis de deuda en la zona euro. Mientras, el nuevo Gobierno de Irlanda, recién salido de las urnas, pretende poner sobre el tapete esta posibilidad al tiempo que renegocia las condiciones del rescate acordado por el anterior Ejecutivo con Bruselas y el FMI. Dublín persigue reducir el tipo de interés establecido por las autoridades internacionales (5,8%), pero la UE exige a cambio una subida del Impuesto de Sociedades -fijado en el 12,5%, uno de los más bajos de la UE-.
De ahí, precisamente, que la aplicación de quitas sea entendida como una estrategia de Dublín para presionar a las autoridades comunitarias y tratar así de lograr unas condiciones más ventajosas en el rescate.