Así consta en la memoria de impacto presupuestario que acompaña a la norma que mañana convalidará el Congreso de los Diputados y que estima que la reforma propiciará la firma de 2,37 millones de nuevos contratos indefinidos, de los que el 1,33 millones, el 56%, corresponderán a la modalidad de fomento de la contratación indefinida con 33 días por indemnización.
En concreto, el Gobierno prevé que la modalidad de fomento del empleo supondrá el 50% del total de nuevos contratos indefinidos en el presente ejercicio, porcentaje que se elevará al 60% en el próximo ejercicio. Según las previsiones del Gobierno, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que se nutre de cotizaciones sociales, tendrá que atender a 179.145 despidos con salarios medios diarios de 86,3 euros, con lo que el organismo público debería desembolsar 690,1 euros por cada uno hasta el 1 de enero de 2012, fecha en la que está prevista la puesta en marcha del futuro fondo de capitalización individual.
En materia de bonificaciones a la contratación, el Ejecutivo prevé un coste de 471,17 millones de euros, de los que el mayor porcentaje corresponde a los incentivos de contratación indefinida de personas desempleadas mayores de 45 años durante tres años, que alcanzarán los 212,88 millones de euros.
Bonificar la contratación indefinida de jóvenes entre 16 y 30 años con especiales problemas de empleabilidad supondrá 124,17 millones, mientras que la conversión en contratos indefinidos de contratos de formación y en prácticas, relevo y sustitución sumarán 53,58 millones de euros para los próximos años.
Asimismo, el Ejecutivo estima que la exención de cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores en contratos para la formación, que para 2010 se fijan en 450 euros anuales para el empresario y 73 euros para el trabajador alcanzarán los 80,54 millones de euros. Otra de las novedades incluidas en la norma, el reconocimiento de la prestación de desempleo en los contratos para la formación a partir de 2011 supondrá un coste de 30 millones acumulado entre ese ejercicio (16 millones) y 2012 (14 millones).
Además, el fomento del uso de la reducción de jornada como instrumento de ajuste temporal de empleo, en línea con el conocido "modelo alemán", supondrá 116 millones de euros. De esta cantidad, 63,36 millones de euros (39,6 en 2010 y 23,76 en 2011) se derivan de la ampliación al 80% de la bonificación por mantenimiento del empleo de los trabajadores afectados por ERE cuando aprovechen ese periodo para desarrollar acciones formativas.
Los restantes 52,4 millones proceden de la ampliación a 180 días del derecho a la reposición de las prestaciones por desempleo en caso de suspensión seguida de extinción del contrato, que costarán 8,8 millones en 2010, 17,4 millones en 2011 y 26,2 millones en 2012.