Hay pocos elementos más queridos por los políticos de todos los partidos que las pensiones públicas. Poder decir a los ancianitos que el Gobierno “les paga” su sueldo mensual es una tentación casi irresistible. Por eso, el formato actual es muy difícil de cambiar, aunque casi todos los estudios demuestren que los sistemas de capitalización (una bolsa individual que cada individuo va acumulando a lo largo de su vida laboral) son superiores a los de reparto.
El problema es hacer llegar esta información a los ciudadanos, a los que se les asusta con la maligna “privatización” de su bien ganado retiro, mientras se les pone el caramelo de la “revalorización” de su pensión en línea con el IPC o de la subida de las mínimas y de viudedad.
Mapfre ha elaborado un estudio sobre esta cuestión, Actitudes de los españoles ante la jubilación y la posible reforma de las pensiones, y sus conclusiones van en la misma dirección: los españoles están mal informados sobre el sistema público y su futuro, aunque un alto porcentaje conoce los peligros que acechan. Eso sí, con una peculiaridad, los más pobres, seguramente también los que peor lo pasarán con la rebaja de las pensiones, son los menos conscientes del peligro de su situación.
Los datos más relevantes del informe de Mapfre son que el 79,4% de los españoles creen que “es importante tomar medidas que complementen a las pensiones públicas”; el 75% consideran que “reformar el sistema de pensiones” es una prioridad; el 54,8% piensan que “están garantizadas” con el actual sistema; y sólo el 33% cree que “en los próximos años se reducirá” su cuantía.
Pero, por debajo de estos datos generales, aparecen algunas cifras que ayudan a comprender por qué un sistema que la mayoría de los estudiosos rechaza tiene tanto apoyo popular.
Las medidas del Gobierno y la inversión en bolsa
En primer lugar destaca el dato de desconocimiento de las medidas anunciadas por el Gobierno. El 38% no sabe que está previsto aumentar el número de años que servirán para el cálculo de la prestación. Y el 67% no conoce que, si sale adelante la propuesta, sólo contará el período realmente cotizado, sin posibilidad de utilizar los mecanismos complementarios. Aunque más del 98% sí sabe que está previsto aumentar la edad legal de los 65 a los 67 años, son las dos medidas anteriores las que afectarán a la cantidad que, mes a mes, cobre cada jubilado.
Otro dato a destacar es la baja confianza que demuestran los encuestados en el mercado de valores. Mientras un 70,5% dice confiar en los planes de pensiones, sólo un 30% cree una buena idea invertir en acciones para garantizarse el futuro. Unas cifras que contrastan con el 10% de rentabilidad media del que pueden presumir el Ibex o el S&P.
Ingresos bajos
Pero quizás el dato más chocante de los que muestra la encuesta es que son, precisamente, los hogares con ingresos más bajos los que menos creen (17% frente al 33% de media) que “las pensiones se reducirán en los próximos años”. Es decir, aquellos que peor lo pasarían son los menos conscientes de los planes del Gobierno, que ya ha presentado su propuesta ampliar el cálculo de cotización de 15 a 25 años y calcular la cuantía mensual sobre la cotización real, sin incluir mecanismos complementarios. Dos medidas que provocarán una reducción sustancial en la mayoría de las pensiones.
Además, este segmento de la población es el que menos contrata productos alternativos al sistema público (26,8%, frente al 38,9% de media). Esto es más lógico, ya que tienen menos posibilidades de ahorrar, pero también les deja más expuestos a las decisiones de los políticos.
Así, la foto muestra a los hogares de ingresos bajos confiados en unas pensiones que ya se sabe que bajarán y sin el colchón de un plan privado. Es en esta situación en la que merece la pena preguntarse por qué este segmento apoya un sistema que, en opinión de muchos analistas, a quien más perjudica es a los más pobres.
Hombre rico, hombre pobre
Se podría plantear el ejemplo de dos amigos de 16 años, uno de familia pobre que deja los estudios y se pone a trabajar de camarero a esa edad, y otro de familia acomodada, que acude a la universidad, y luego estudia idiomas, cursa un master y comienza su carrera profesional a los 28 años. Con el sistema de reparto actual, al primero sólo le contarán los últimos quince años de trabajo, en los que cobra una cantidad similar a la que cobraba al empezar.
Sin embargo, su compañero adinerado, que podría haber encontrado trabajo en una consultora, tendrá un plan privado; además, su cotización de los últimos 15 años será muy elevada, puesto que lo lógico es que sea entre los 50 y los 65 cuando tenga un puesto ejecutivo y su sueldo sea más elevado.
Con un sistema de capitalización, el amigo que dejó los estudios iría metiendo dinero en su bolsa particular desde el primer día de su vida laboral. Así, cuando su vecino terminara sus estudios con 28 años, él ya tendría un capital acumulado. Incluso, si ese capital creciese más de lo que tenía previsto, como es habitual en los sistemas privados, podría jubilarse antes. Además, si muriese con 65 años, su viuda y sus hijos podrían disfrutar del dinero ahorrado durante toda su vida laboral.
Por ejemplos como éste es por lo que numerosos analistas defienden los sistemas de capitalización especialmente para los pobres, puesto que los ricos pueden contratar un plan privado con la parte de sus ingresos que no les ha sido arrebatada por el sistema público.