LD (L. Ramírez) Todos los programas de gasto público del Ejecutivo lo pagarán las familias y las empresas. Aunque el vicepresidente económico Pedro Solbes defiende -tras rescatar la Caja Castilla La Mancha) que las emisiones de deuda pública y los avales a las entidades financieras no afectarán a las economías de los particulares, esto es falso.
Para entender la cuestión es preciso remontarse al pasado 19 de enero, cuando la agencia de calificación de riesgo, Standard&Poor´s, decidió rebajar la calidad de las emisiones de bonos, letras y obligaciones que realiza el Reino de España.
Automáticamente, el Tesoro tuvo que pagar más dinero (en forma de intereses) a los inversores que compran deuda pública española, ya que el papel es de menor calidad que antes, es decir, que hay más posibilidades de que la deuda sea impagada.
El Gobierno intentó enmascarar esta realidad mediante ardides propagandísticos y el presidente llegó a criticar a S&P culpándola de ser una de las agencias que creó la crisis internacional. Más allá de este enfoque, lo que se constató fue el aumento de la dificultad que tiene España para colocar su deuda, lo que ha terminado afectando a los bonos corporativos que emiten las empresas privadas.
Por ello, el Ejecutivo aprobó el pasado viernes un decreto por el cual el Estado cubrirá parte de este mayor coste de emisión de las empresas. Un mayor precio que es responsabilidad de la paupérrima gestión de la crisis que está haciendo el Gobierno, tal como ha señalado S&P.
De esta forma, los costes para la economía española de la pérdida del rating AAA no son sólo los mayores costes de financiación del Gobierno central. Desgraciadamente, la prima de riesgo país se traslada al conjunto de la economía y en particular a los costes de financiación de las comunidades autónomas y de las empresas privadas.
Pero analicemos el coste concreto que supone todo este proceso. Según un estudio elaborado por Jorge Sainz e Ismael Sanz, profesores del departamento de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, que ha sido editado por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES).
La deuda estatal: emisiones del Tesoro
El informe revela que para 2009, el Tesoro español ha anunciado que las emisiones de deuda alcanzarán los 85.600 millones de euros. Asumiendo que las emisiones en 2010 y en 2011 serán por el mismo valor que las de 2009 y con una estructura de plazos similar a la de las emisiones en 2008, nos encontramos con que el Tesoro español emitirá al menos 259.500 millones de euros antes del final de la legislatura.
Se trata de una estimación conservadora, ya que sólo en los dos primeros meses de 2009 el Tesoro ha emitido Letras y Bonos por importe de 42.343 millones de euros, equivalentes a más de 900 euros por español.
Considerando los diferenciales de la deuda española con respecto a la alemana para cada plazo de emisión, la pérdida de credibilidad de la política económica del Gobierno tiene para los contribuyentes un coste estimado, en términos de los mayores intereses que debemos afrontar para el pago de la deuda pública estatal, de 13.210 millones de euros, equivalentes a 937 euros para cada hogar español.
La deuda autonómica: emisiones regionales
Pero, además está previsto que las comunidades autónomas tendrán que acudir a los mercados para la obtención de al menos 24.000 millones de euros en cada uno de los tres próximos ejercicios, lo que implica que el aumento de los diferenciales de la deuda autonómica, consecuencia de la citada degradación del rating soberano de España. Esto supondrá un coste adicional en intereses de 2.058 millones de euros (146 euros por hogar) a lo largo de la legislatura.
Aunque mayores incluso son los costes en el sector privado ya que sólo en el año 2008 las emisiones privadas de nuestro país alcanzaron los 155.900 millones de euros y sólo en el mes de enero de 2009, 34 empresas españolas ya habían sacado papel al mercado por una cuantía de 47.250 millones de euros.
Así, asumiendo de forma prudente que en los próximos tres años se mantenga el ritmo de emisiones privadas de 2008 con una duración promedio de tres años, la rebaja del rating supondrá unos costes financieros adicionales para las empresas españolas, a lo largo del resto de la legislatura, de más de 13.370 millones de euros.
Así, para el conjunto de la economía, incluyendo el Gobierno central, las CCAA y el sector privado empresarial, la pérdida de credibilidad de la política del Gobierno va a suponer 28.368,5 millones de euros sólo en mayores intereses de la deuda, equivalentes a 2.031 euros por hogar.
Por estos factores, la diferencia entre los intereses que deben pagar el Gobierno español y alemán (es el que se utiliza como referencia e Europa) por colocar su deuda a diez años ha alcanzado los 120 puntos básicos, un registro que no se veía desde 1997, lo que indica que los inversores internacionales han concluido que los activos financieros españoles son ahora de mucho mayor riesgo.
La economía española ha dilapidado la credibilidad internacional de la que gozaba en 2004 y que tanto esfuerzo y disciplina fiscal costaron. La reputación y prestigio de España, construidos a partir de una acertada política macroeconómica durante el periodo 1996-2004, se han evaporado.
Pero la cuestión no termina aquí, ya que si la deuda del Estado supera el 60% del PIB (según los últimos datos de hace unos meses la cifra ahora ronda el 40%) entonces se producirán más rebajas de la calidad de la deuda española, lo que aumentará más el coste de la financiación.