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La Junta no paga a los municipios y éstos deben a las empresas 2.200 millones

Los municipios andaluces adeudan 2.200 millones a las empresas proveedoras y esa deuda está provocando la ruina a no pocas empresas. El problema es que la Junta de Andalucía no paga a los ayuntamientos los servicios que prestan y financian y que son de competencia autonómica.

La denuncia vino ayer de  Javier González de Lara, vicepresidente ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM). De esta cifra, 350 millones corresponden a los consistorios malagueños. "Las empresas están pagando la morosidad de los Ayuntamientos", afirmó el representante patronal.

De Lara abogó por modificar la financiación de los municipios para que no dependan tanto de ingresos urbanísticos y sean considerados mejor por la Junta de Andalucía que es la principal responsable de la ruina municipal andaluza. Hoy es noticia el caso de la ruina del pueblo sevillano de Huévar, "Huévar York", como dicen de sí mismos sus vecinos.

Los ayuntamientos andaluces dedican un 30 por ciento de sus presupuestos a cubrir competencias ajenas, sobre todo, de la Junta de Andalucía. Las corporaciones locales financian, en un porcentaje que oscila entre el 70 y el 80 por ciento, las políticas sociales que son competencia de administraciones como la Junta. El gasto de los ayuntamientos en estas partidas no es compensado por la administración autonómica, que no hace frente a la deuda que mantiene con los ayuntamientos y que el PP cifró meses atrás en unos 12.000 millones de euros.

A pesar de ello, la Junta de Andalucía lleva treinta años sin abordar la financiación de los Ayuntamientos andaluces En Málaga, por ejemplo, el alcalde Francisco de la Torre aseguró  en 2008 que el consistorio dedicaba unos 150 millones de euros de su presupuesto inversor a asumir competencias de otras administraciones. En Almería esta cantidad asciende a un «mínimo de 20 millones de euros», según declaró su alcalde Luis Rogelio Rodríguez Comendador.

Sin embargo, la Junta dedica el doble de dinero a sufragar empresas públicas respecto al que destina a los municipios. El Plan de Cooperación Municipal de la Junta asciende a 1131 millones de euros, mientras que a las empresas públicas destina 2.500 millones. Además, el Fondo de Nivelación de Servicios Municipales de la Junta asciende tan sólo a 127 millones de euros, lo que supone el 0,40 por ciento del presupuesto autonómico.

Por ello, Javier Arenas, presidente del PP, solicitó que la Junta diera la mitad de los 1.204,41 millones de euros que recibirá Andalucía en concepto de deuda histórica para pagar la "importante deuda" que tiene la Junta con las instituciones provinciales y locales.

La crisis económica que sufre España está afectando de manera directa a los Ayuntamientos están en situación desesperada. Otros datos que corroboran la situación de emergencia de los Ayuntamientos son los siguientes:

a) El esfuerzo económico que la Junta de Andalucía destina a la financiación municipal, a través del Plan de Cooperación Municipal, representa únicamente el 3’5 por ciento del importe total del Presupuesto de la Comunidad

b) El Fondo de Nivelación de Servicios Municipales, con un montante de 127 millones de euros para el año 2008 y que constituye el único mecanismo de financiación no condicionada para los Ayuntamientos, representa el ridículo porcentaje del 0’40 por ciento del total del Presupuesto andaluz.

c) En 2008 la cantidad que el gobierno del Sr. Chaves destinó a financiación no condicionada de los Ayuntamientos andaluces supone un importe de 15’9 euros por habitante.

e) Del conjunto de políticas sociales que se prestan en Andalucía, el 80% de las mismas se están financiado por parte de los Ayuntamientos.

Dos de cada tres municipios andaluces, al borde de la quiebra

Dos de cada tres municipios andaluces, al borde de la suspensión de pagos Lo reconoció hace seis meses la Federación Andaluza de Municipios y Provincias cuando ha dicho que "más del 60% de los municipios tiene problemas para pagar las nóminas". 

Contó El País en junio de 2009 que  el pago de las nóminas de los trabajadores municipales casi en dos tercios de los ayuntamientos estaba pendiendo de un hilo porque los consistorios tenían graves problemas para afrontar los pagos.

Caso sonoro fue la suspensión de pagos  del Ayuntamiento de Palomares, Sevilla. Recordemos ahora que .Juan Bautista Ginés (PSOE), alcalde del municipio sevillano de Palomares del Río (5.500 habitantes), colgó en junio en su web un comunicado para intentar explicarle a los vecinos la situación que atraviesa el Ayuntamiento. 

Los  argumentos que adujo son extrapolables a otros municipios en apuros: una deuda excesiva (seis millones de euros), una plantilla municipal "sobredimensionada" y unos gastos de personal que superan los ingresos por impuestos, tasas y aportaciones de la Junta y el Estado. El alcalde anunció también que su gobierno subiría los impuestos y plantearía un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

La lógica del dinero es fría pero contundente. Endesa tuvo que cortar la la luz a varias dependencias de Palomares, como el polideportivo o el centro público de internet.

El Ayuntamiento de Jerez de las Frontera tambièn  está a punto de reventar. Tiene que buscar cada mes seis millones de euros para pagar las nóminas de sus 2.700 trabajadores. Sus ingresos, muy mermados por la crisis, no le permiten cubrir ni los costes de personal.

El municipio jiennense de Orcera, que llegó a ser en el siglo XVIII sede de la Provincia Marítima de la Sierra de Segura ha visto cómo la emigración ha vuelto, la agricultura está en recesión, la industria es inexistente y el Ayuntamiento de esta localidad de apenas 2.200 habitantes está en situación de bancarrota.

Más casos de "ruinas" municipales. Valencina y Huévar, provincia de Sevilla.
El Ayuntamiento de Valencina de la Concepción (Sevilla), gobernado por Antonio Manuel Suárez (PSOE), ha actualizado aunque "tarde" el pago de las nóminas al abonar a la plantilla los salarios del mes de diciembre, toda vez que el Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe, gobernado por Rafael Moreno (PSOE), ha abonado a su plantilla la nómina del mes de julio, pero adeuda aún a sus trabajadores los sueldos de cinco meses más la paga extraordinaria de Navidad.

Es especial el caso del  Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe, cuyos 170 trabajadores esperaban aún en noviembre el pago de las nóminas correspondientes a cuatro meses anteriores. Según informó a Europa Press el presidente del comité de empresa, Manuel Martínez, el Consistorio abonó "hace algo más de un mes" la nómina correspondiente al mes de julio, pero adeuda aún los salarios de "cinco meses", --agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre--, además de la paga extraordinaria de Navidad. A tal efecto, el presidente del comité de empresa censuró que el Gobierno municipal alegue las dificultades económicas en cuanto a estos impagos, pero "sí tenga dinero para la celebración de las fiestas de San Sebastián, porque ya están instalando las carpas"

Así, lamentó que el Ayuntamiento no solucione estos impagos y recordó que el Gobierno municipal y el comité de empresa rompieron negociaciones después de que el primero propusiera una "reorganización" de tal plantilla a través de una oferta de empleo público y los sindicalistas temieran un expediente de regulación de empleo (ERE) encubierto para 80 trabajadores, extremo que negó el propio alcalde.

El PP de Huévar del Aljarafe (Sevilla) calificó ayer de "escandalosa y alarmante la deuda que tiene contraída el Ayuntamiento con la Seguridad Social", que "podría ascender a cinco millones de euros", por lo que exigió la dimisión inmediata del alcalde del municipio, Rafael Moreno (PSOE) y de la concejal de Hacienda como "responsables de esta situación". En un comunicado, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe, María Eugenia Moreno, aseguró que en el año 2006, su grupo supo de la deuda del Ayuntamiento con la Seguridad Social, siendo la misma de "algo más de 1.900.000 euros", y tres años después, "la deuda podría llegar casi a los cinco millones de euros", lo que supone "un riesgo real de que se produzca un colapso en el funcionamiento del municipio".

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