El consejero de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, ha detallado en el Parlamento catalán que la modificación afectará al 0,5% de los contribuyentes, unos 20.000, y estima que aportará unos ingresos adicionales de 75 millones de euros.
Ahora el impuesto se grava en cuatro tramos y, con la modificación, se crean dos nuevos. Se limita también el alcance del cuarto tramo que llegará hasta los 120.000 euros. A partir de esta cantidad, un quinto tramo grabará en un 23,5% las rentas hasta los 175.000,20 euros anuales y, en las superiores, el porcentaje crecerá hasta el 25,5%.
El cambio se enmarca en las medidas aprobadas por el Gobierno el pasado 1 de junio para reducir el déficit público. "Es una reforma necesaria, justa, moderada fiscalmente y tiene un impacto recaudador limitado", ha subrayado Castells, quien constató que es una vía que han seguido ya otras comunidades autónomas y que, "probablemente", también aplicará el Estado.
El proyecto de ley, que se ha tramitado por lectura única -que permite que la iniciativa se apruebe en un único pleno y sin que los grupos puedan presentar enmiendas-fue criticado por el diputado de CiU, Antoni Fernández Teixidó.
Además de cuestionar la fórmula de tramitación, Teixidó ha expresado su preocupación por el estado de las finanzas de la Generalitat catalana y ha constatado la contradicción que supone subir los impuestos en plena crisis económica.
A su juicio, es una cortina de humo que tapa el incremento de otros impuestos que afectan a las clases medias, tales como el de transmisiones patrimoniales y el de actos jurídicos documentados, sumado al aumento del IVA aplicado por el Gobierno español.
Este ha sido el argumento que también ha utilizado el diputado del PP, Enric Millo, quien ha arremetido contra la gestión "insostenible" de la administración. "Para llenar la caja no deben subir impuestos, sino bajarlos para recaudar más. Muchas personas pagando poco es mejor que pocas personas pagando mucho", ha asegurado.