Pero como publicó la semana pasada el Ministerio de Economía, la tendencia en el déficit a 30 de junio, incluyendo el déficit de Administración Central, CCAA, Corporaciones Locales y empresas públicas quedó en el 10,9% del PIB, tan sólo 2 décimas menos (un 1,8% menos) que en el conjunto de 2009 y muy lejos del 24,8% de reducción informado por la IGAE en el mes de junio.
Esto se debe a que los informes mensuales de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sólo incluyen la Administración Central, y este año se está transfiriendo menos dinero que el pasado, sobre todo, a las CCAA (para los Servicios de Públicos de Empleo) con lo que, aparentemente, los gastos son mucho menores, cuando lo que realmente está ocurriendo es que no se contabilizan hasta el informe trimestral -que no se da a conocer hasta bastante después de terminado el trimestre-.
Además, se ha anunciado a bombo y platillo y se ha repetido hasta la saciedad que los ingresos fiscales están mejorando de forma muy importante en 2010. Pero, ¿es esto verdad? Si analizamos los datos de ingresos hasta junio nos podemos dar cuenta de que casi 9/10 partes de la mejoría es gracias a la recaudación por IVA, y dentro de ésta, a su vez, el 79% se debe a la diferencia en las devoluciones. Es decir, que el 70% de la supuesta mejoría de ingresos se debió en junio a que Hacienda había realizado menos devoluciones que el pasado año.
Se puede realizar una estimación aproximada de cuánto de esta diferencia se debe a una mejoría en el valor añadido generado por las empresas y cuánto al famoso problema informático que, en teoría, está paralizando la devolución del IVA.
Si vamos al Impuesto de Sociedades nos daremos cuenta de que hasta junio cayó un 14,4%, lo que es incompatible con que éstas estén generando mayor valor añadido en sus actividades. Luego podemos suponer, sin mucho temor a equivocarnos, que la evolución de las devoluciones en 2010 debería haber seguido un curso, al menos, similar al de 2009. Esto arrojaría una tendencia de déficit real para el primer semestre del 11,8% del PIB, es decir, peor que el de 2009.
El tercer trimestre de 2010
El miércoles conocimos los datos de recaudación de impuestos y de gasto de la Administración Central. Aunque no se conoce aún la evolución del gasto en CCAA, Ayuntamientos, Diputaciones y empresas públicas, puede realizarse una estimación razonablemente buena de cuál ha sido la tendencia en el tercer trimestre respecto al pasado año.
En el capítulo de gastos del informe de la IGAE podemos ver que los gastos de personal, lejos de ajustarse gracias al recorte de los sueldos de los funcionarios (algo que todos los analistas pensaban que ocurriría), siguen aumentando respecto al año pasado, acelerándose del 2,4% al 2,7%.
La partida de gastos financieros sí que disminuye tu tasa de incremento al 9,1%, pero aún así sigue subiendo fuertemente. Las inversiones caen más que en el segundo trimestre, el 11%, pero es una cantidad que apenas supondrá 0,1 décimas de repercusión en el déficit, sobre el PIB.
Por último, las transferencias a otras administraciones siguen siendo la partida que más mejora, pero hay que recordar que esto sólo reduciría efectivamente el déficit total si las otras administraciones estuvieran reduciendo gastos. El problema, sin embargo, es que en el caso de las CCAA esto no es así, ya que en la primera mitad del año el incremento de su deuda fue, según los datos del Banco de España, 7.348 millones más que en 2009, mientras que las transferencias de la Administración Central también aumentaron en 2.532 millones. Es decir, que el gasto de las CCAA se incrementó a tasas mucho mayores que las de la Administración Central.
Las transferencias a los Servicios Públicos de Empleo Estatal (SPEE) disminuyen casi 3.000 millones, lo cual no se entiende bien, pues en los mismos informes del SPEE (pág. 66) se refleja que el gasto hasta agosto ha sido unos 1.300 millones de euros mayor. Lo que debe estar ocurriendo es que se están retrasando las transferencias a los SPEE de las respectivas CCAA. Esto explicaría el 40% del aumento del déficit de éstas, por lo que, como no existe ningún indicio de que hayan reducido gastos en el tercer trimestre, las CCAA repercutirán con 1,5 puntos negativos adicionales al déficit público total a finales de año, en porcentaje del PIB.
Las Corporaciones Locales (CCLL), por el contrario, han recibido hasta septiembre 3.821 millones menos. Una vez más, podemos comprobar si están gastando menos acudiendo a los datos del BdE. A junio de este año se habían endeudado en 1.572 millones menos que el pasado año, mientras que habían recibido 1.075 millones menos, lo que tendría una contribución positiva de 5 décimas al déficit.
Por lo tanto, los gastos del conjunto de las administraciones parecen estar aumentando aproximadamente a tasas de 1 punto del PIB respecto al pasado año, y no parece que exista ninguna perspectiva de que vaya a cambiar la tendencia de aquí a final de año.
Ingresos
En el capítulo de ingresos podemos acudir a los informes de Hacienda. Los impuestos directos se encuentran aproximadamente estabilizados, pues la ligera mejoría en la recaudación por IRPF (que recordemos que es debido a la desaparición de la deducción de los 400 euros) se compensa por el fuerte deterioro en el Impuesto de Sociedades, cuya tendencia progresivamente es peor.
Los impuestos especiales tienen una ligera mejora que, aproximadamente, compensa el pequeño deterioro de los impuestos directos.
La auténtica mejoría en los ingresos la podemos ver en el IVA, que sube casi 13.600 millones de euros. Pero 10.180 millones se deben a las menores devoluciones, que como informó Carlos Cuesta en El Mundo, se han retrasado debido a un problema informático en Hacienda. Se ignora qué cantidad será la que finalmente habrá que devolver por este concepto, pero si nos atenemos a la pésima evolución del Impuesto de Sociedades, es de esperar que las devoluciones sean al menos iguales, si no mayores, que las del pasado año. Pese a todo, es posible que Hacienda retrase una parte de esas devoluciones hasta el próximo año, con lo que ya no contabilizarían para el déficit de este ejercicio.
Por lo tanto, en el mejor de los casos, y si se posponen la mayor parte de las devoluciones del IVA para el próximo año, podremos estar hablando de un déficit público para el conjunto de las administraciones en el entorno del 11% del PIB en 2010 lo que, obviamente, no coincide con el mensaje que se está transmitiendo. Y, aún peor, se estarán dejando para el próximo ejercicio unos 15.000 millones de euros de déficit (contando los aproximadamente 5.000 millones de las deducciones del IRPF que no se ingresarán).
Esto impondrá una presión adicional sobre los proyectos de reducir el déficit para 2011 que hacen que parezca una quimera conseguirlo. Así pues, no se entiende de qué forma podría reducirse el déficit en unos 65.000 millones de euros -50.000 para pasar del 11% al 6% del PIB y otros 15.000 adicionales de los ingresos adelantados del IRPF y las devoluciones no practicadas por IVA- para alcanzar el déficit del 6% del PIB a finales del próximo año, tal y como el Gobierno se ha comprometido con Bruselas.
El problema es de una gravedad extrema, ya que los mercados exteriores de capital han vuelto a abrirse parcialmente para nuestras entidades financieras y para el Tesoro Público gracias en buena medida a los informes mensuales de la IGAE, que como hemos visto tienen una utilidad muy reducida a la hora de evaluar la evolución real del déficit público. Esto ha permitido a buena parte de nuestras entidades financieras hacer rollover de una parte de su inmensa deuda y al Tesoro colocar una buena cantidad de títulos de deuda.
Pero cuando se publique la cifra del déficit dentro de unos tres meses, aun en el caso óptimo en que éste ronde el 11%, es de prever que esta relativa bonanza que estamos teniendo termine rápidamente y se exija desde Europa nuevos, drásticos y rápidos ajustes en el gasto público, al tiempo que los mercados internacionales de capital amenacen con volver a cerrarse para la economía nacional.