En el texto aprobado, presentado por el PP, se pide a la Comunidad que reclame al Gobierno central una agenda nacional de reformas que elimine la dualidad del mercado de trabajo, "encaminando los modelos de contratación hacia un modelo único de contrato indefinido con indemnizaciones progresivas, dotado de mayor flexibilidad y estabilidad".
En este sentido, Esperanza Aguirre aseguró a lo largo del debate que “en España es muy fácil despedir”, lo que se prueba por los más de cuatro millones de parados, mientras que “lo que es difícil” es contratar.
La resolución se aprobó con los votos de los diputados populares, y los tres diputados imputados en el caso Gürtel no adscritos, tras el debate en el pleno monográfico sobre la situación económica, reclama una agenda nacional de cambios que incluya la reforma laboral, la del sistema energético y un Pacto de estado en materia educativa recuperando los principios de esfuerzo, mérito, y autoridad del profesor, a la vez que se aumenta la libertad de elección de las familias y se fortalecen las enseñanzas comunes para lograr la igualdad de oportunidades.
Negociación colectiva
Asimismo, los parlamentarios apuestan por modificar la estructura de la negociación colectiva -citada como uno de los problemas del mercado laboral por la presidenta, Esperanza Aguirre- con el objetivo de favorecer la flexibilidad interna y externa de las empresas, así como la movilidad geográfica y funcional. Luchar contra el absentismo laboral, estudiar la apertura de la intermediación laboral al sector privado, rebajar las cotizaciones sociales y avanzar en la lucha contra la siniestralidad laboral, son otras de las propuestas surgidas de este pleno.
Por otra parte, otra Resolución insta al Gobierno autonómico a reclamar al Estado un total de 18.831 millones de euros y la revisión del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas. Solicitan el abono a la Comunidad de las cuantías derivadas de la aplicación del principio de lealtad institucional durante la vigencia del anterior sistema de financiación, así como la compensación por el incremento poblacional, por menores inversiones territorializadas y sentencias judiciales sobre la entidad colaboradora, "cuyo coste se estima en 18.831 millones de euros".