LD (L. Ramírez) España es uno de los pocos países europeos en los que el Estado no ha entrado en el capital de las entidades financieras. La ausencia de pérdidas significativas en el sector, junto con las inyecciones de liquidez a través de subastas de activos, han servido hasta el momento para capear el temporal financiero pero algunos bancos y cajas de ahorros se plantean ya que el Gobierno haga uso de su facultad normativa para capitalizar directamente a estas entidades.
Este miércoles le ha tocado el turno a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), cuyo director general, Roberto López Abad, considera que es inevitable que el Gobierno inyecte dinero público en las entidades financieras, dadas las recapitalizaciones llevadas a cabo en diversos países europeos, como Alemania, Francia y Reino Unido, y las cada vez mayores exigencias de capital del mercado.
El secretario de Estado de Economía, David Vegara, ha manifestado que el Estado ya se plantea intervenir directamente algún banco en España y el consejero delegado de Banco Sabadell, Jaime Guardiola, no descarta una intervención del Estado en el capital de las entidades financieras españolas. "No descartamos la intervención del Estado, que puede pasar, porque las reglas del juego han quedado adulteradas".
Con estos precedentes, las palabras del director general de la CAM cobran, si cabe, una mayor relevancia. En la presentación de resultados anuales de la caja, que arrojaron un beneficio neto de 390,4 millones de euros, con un avance del 1,2%, López Abad dijo que "por desgracia vamos a necesitar mayor base de capital todos".
López Abad respondió de esta forma a la pregunta de si será necesario acometer recapitalizaciones públicas en España. "Tú ya puedes pregonar a los cuatro vientos que somos muy buenos y no tenemos subprime, pero estamos en inferioridad de condiciones" respecto a los competidores europeos, ha argumentado.
En este sentido, el directivo ha aseverado que "si fuera necesario habría que plantearse hacer algo así en nuestro país", en alusión a las inyecciones de capital público en Francia, Reino Unido y Alemania.
Por otro lado, Abad ha considerado que las dificultades que plantea el actual escenario podrían derivar en fusiones entre cajas de ahorros, a pesar de que el accionariado de estas entidades no se rige por criterios exclusivamente económicos, sino que están muy implicados en el entorno social.
Concretamente, ha dicho que, a su parecer, "lo razonable es pensar que poco a poco se irá caminando por esta senda" de integraciones de entidades financieras.
El FMI apuesta por la intervención
Este mensaje respalda el lanzado por el subdirector del departamento de Análisis del Fondo Monetario Internacional, Charles Collyns, subdirector del departamento de Análisis del Fondo Monetario Internacional. Collyns ha alertado de la posición delicada en la que se encuentran las cajas de ahorros y que podría agravar la precaria situación en que se halla la economía española.
Durante los últimos años, el subdirector de Análisis del FMI ha señalado que España marchaba por un “camino insostenible”, pues el extraordinario déficit de su sector externo apuntaba a un desequilibrio en su crecimiento, basado casi íntegramente en la demanda interna. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha colocado a España en una posición "muy difícil" y ha golpeado en particular a las cajas de ahorro, que podrían tener que ser intervenidas por el Gobierno, en su opinión.
La normativa permite la nacionalización parcial
Aunque el Gobierno todavía no haya utilizado la opción de comprar directamente acciones de bancos y/o cuotas participativas de las cajas de ahorros para salvar las entidades financieras de las caídas bursátiles y del desplome inmobiliario, la normativa le permite hacerlo desde hace tres meses.
El pasado mes de octubre, el presidente del Ejecutivo, José Luís Rodríguez Zapatero, celebró un lunes un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar un Real Decreto Ley con carácter de urgencia. En esta norma se faculta al Estado a entrar en el capital de los bancos y las cajas:
"Con carácter excepcional y hasta el 31 de diciembre de 2009, se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para la adquisición de títulos emitidos por las entidades de crédito residentes en España, incluyendo participaciones preferentes y cuotas participativas, cuando estas entidades necesiten reforzar sus recursos propios y así lo soliciten", establece el Real Decreto. Los acuerdos de adquisición se adoptarán previo informe del Banco de España.
Esta nueva normativa puso otra vez encima de la mesa las divergencias entre Zapatero y su vicepresidente segundo, Pedro Solbes, ya que el también ministro de Economía y Hacienda dijo un día antes de que se celebrara este Consejo de Ministros que facultar al Estado a comprar acciones y cuotas participativas era “innecesario”. Al día siguiente, el presidente aseguró que es una medida “urgente que no puede esperar”.
Este Real Decreto es el que también autoriza al Gobierno a avalar las nuevas emisiones de deuda de las entidades financieras hasta el fin de 2009 por un importe de 200.000 millones de euros.