LD (EFE) La asamblea general de Caja Madrid, reunida este lunes en sesión extraordinaria con la presencia de 296 consejeros generales, ha rechazado por mayoría (157 votos en contra, 87 votos a favor, 51 abstenciones y un voto nulo) el proyecto de estatutos y reglamento electoral remitido por la Asamblea de Madrid, tras considerar que la nueva norma no respeta "los principios de representatividad e igualdad de todos los sectores presentes en dicho órgano", informaron fuentes de la asamblea.
El nuevo texto necesitaba el voto favorable de dos tercios de los consejeros, para ser ratificado. La mayoría de los consejeros generales han refrendado, por tanto, la decisión del consejo de administración de la entidad, que ya rechazó el pasado 16 de marzo el proyecto de la Comunidad de Madrid.
La asamblea general acordó remitir la resolución adoptada este lunes a la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid "a los efectos que procedan", al tiempo que expresó su confianza en que el Gobierno regional "respete la decisión democrática del órgano supremo de la entidad".
Será por tanto la Consejería de Economía y Hacienda la que deberá decidir sobre el futuro de esta ley, en la que la ya se reservaba el derecho a imponer los nuevos estatutos y reglamento, aún cuando el máximo órgano de decisión de la entidad los rechazase.
En concreto, la Ley 3/2008 contempla que, si los estatutos y reglamento electoral no fuesen aprobados por la asamblea general de la entidad, "corresponderá a la Consejería competente en materia de Cajas de Ahorrosredactar y aprobar los estatutos y reglamento electoral en el plazo máximo de un mes".
Llamadas al consenso
La mayoría de las intervenciones que tuvieron lugar en la asamblea de este lunes coincidieron en mostrar un rechazo frontal al proyecto de adaptación de los estatutos. Los representantes de los impositores advirtieron de que la gestión de Caja Madrid "no es patrimonio de ningún partido político", sino "la suma de todos", en alusión al eslogan de las campañas de publicidad de la Comunidad de Madrid.
Por su parte, los representantes de CCOO calificaron como "muy graves" los hechos que han tenido lugar en los últimos meses y advirtieron del "atentado a la seguridad jurídica" y del "ataque directo a la naturaleza jurídica de las cajas de ahorros" que supone la nueva Ley de Cajas aprobada por la Comunidad de Madrid. No obstante, todas las fuerzas terminaron su intervención haciendo una llamada al sentido común y a unos estatutos consensuados.
El representante del PSOE defendió la abstención de su grupo y, al igual que el resto de representantes, hizo un llamamiento al consenso necesario para solucionar la actual situación. Todos defendieron el necesario pacto de estabilidad que ha presidido la institución en los últimos años y que ha servido para colocar a Caja Madrid en los mayores niveles de solvencia, calidad de servicio y competitividad de sus más de 307 años de historia.
Con esta votación, la asamblea de Caja Madrid ha culminado los trámites exigidos por la Comunidad de Madrid para aprobar su nueva ley. Desde el anuncio de la ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, la Consejería de Economía y Hacienda ha requerido un procedimiento sin precedentes que ha contemplado, entre otras medidas, requerir a Caja Madrid redactar unos nuevos estatutos en el plazo máximo de un mes, a partir de la publicación de la nueva ley publicada tan sólo 29 de diciembre.
Tras remitirse el borrador de la norma por parte de Caja Madrid, la Consejería solicitó unas "modificaciones previas a la autorización", entre las que se encontraba la aplicación retroactiva al proceso electoral iniciado el mes de octubre de 2008.
También se requirió una votación explícita del consejo de administración sobre la nueva norma, a pesar de residir la facultad de aprobarla en la asamblea general. El Consejo rechazó, en cuatro reuniones, el nuevo texto de la Comunidad de Madrid. El 16 de marzo realizó una votación explícita, en la que dos tercios de los consejeros rechazaron la nueva norma.
El proceso electoral sigue su curso
En este proceso electoral, la entidad debe renovar a los consejeros representantes de los ayuntamientos, la Asamblea de Madrid y las entidades representativas. En la asamblea general del pasado 10 de noviembre la entidad ya nombró a las entidades representativas que pasarán a tener representantes en la nueva asamblea.
Reelección de Deloittre como auditor
La entidad ha publicado, asímismo, los anuncios de inicio del proceso electoral y publicado en su página web la lista de ayuntamientos donde la entidad tiene negocio, y el peso del mismo. Éstos serán los que deberán nombrar a sus representantes, en proporción al arco político representado en los diferentes consistorios.
Con anterioridad al rechazo de los nuevos estatutos, los miembros de la asamblea aprobaron por mayoría la reelección de Deloitte como auditor externo de las cuentas individuales de Caja Madrid, así como de las cuentas consolidadas del Grupo, tanto anuales como semestrales, por un periodo de un año, correspondiente al ejercicio 2009.
El Ayuntamiento interpondrá un recurso
El Ayuntamiento de Madrid y otros consistorios afectados por la "imposición" de los nuevos estatutos de Caja Madrid interpondrán un recurso-administrativo para evitar que la Consejería de Economía los apruebe en el plazo de un mes, independientemente de la opinión de los consejeros generales, explicaron hoy a Europa Press fuentes del Ayuntamiento de Madrid presentes en la Asamblea general de la entidad financiera.
A pesar de la mayoría abrumadora que hoy votó en contra de los estatutos y del reglamento electoral el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad, Antonio Beteta, tiene 31 días naturales de plazo para dictar la Orden de aprobación de los nuevos Estatutos, independientemente de la opinión de los consejeros generales.
Según las mismas fuentes municipales, muchas de las intervenciones que reivindicaban el 'no' hicieron un llamamiento para que el siguiente paso no fuera la imposición de esos estatutos abriendo para ello un periodo de consenso y acercamiento entre las distintas posturas.
Desde el Consistorio no creen que eso vaya a pasar, incluso son de la opinión de que la imposición de los estatutos no agotará el plazo de los 31 días naturales con los que cuenta la Consejería. La decisión del Ayuntamiento de la capital, avalada por otros consistorios "perjudicados por la nueva regulación", será la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra ese acto de la Consejería de Economía y Hacienda.
Sobre la decisión del PP de no intervenir en las comparecencias de la Asamblea extraordinaria, las mismas fuentes del Ayuntamiento explicaron que esa decisión se adoptó porque "las posiciones ya estaban claras y no se trataba de escenificar en ese sentido". En cuanto al discurso del presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, las fuentes municipales consultadas señalaron que su intervención fue "muy contundente, clara, sin ocultarse y dejando patente la causa por la que se llegó a esta situación".