Los trabajadores públicos han sido los grandes pagadores del tijeretazo de Rodríguez Zapatero. No sólo se les recortó el sueldo un 5% de media en 2010, sino que para 2011 se han consolidado otros recortes que harán que el salario de algunos altos funcionarios (lod máximo nivel, A1) caiga hasta un 13% respecto a lo que cobraban en 2009.
Además, según todas las encuestas, esta medida es la que más aceptación tiene entre la población (mucho más disputadas son la congelación de las pensiones, por ejemplo). Por eso, los funcionarios se quejan de que no sólo soportan los mayores sacrificios, sino que también tienen que hacer frente a la mala imagen ante la sociedad.
Mientras, los políticos siguen aumentando el gasto de personal con plantilla no funcionarial, menos sujeta a controles y que no tiene que pasar por una oposición. De esta manera, el dedazo se está imponiendo como método de contratación en las Administraciones Públicas (AAPP) españolas. De todo esto habla Rafael Coloma, portavoz de Fedeca (Federacion de Cuerpos Superiores de la Administracion Civil del Estado).
Pregunta (P): ¿Por qué ha crecido tanto el número de funcionarios en las últimas décadas?
Respuesta (R): Las cifras de los últimos treinta años demuestran que el Estado ha crecido mucho. Esto es lógico porque durante el franquismo había cuestiones que no eran tratadas por el sector público (sistema tributario, pensiones,...). Además, mi impresión es que antes las AAPP se componían casi exclusivamente de funcionarios, mientras que ahora han crecido por otros lados (personal laboral, otro laboral y los trabajadores del sistema público empresarial).
Este crecimiento ha sido exagerado en áreas que no tendrían por qué ser de competencia pública. Antes sólo existía TVE, ahora tenemos canales autonómicos de todos los tipos... Es una locura.
Por eso, no sé hasta qué punto puede compararse aquella situación con la actual (antes no había contratados laborales ni interinos). Y si se hace, la comparación debería ser entre empleados públicos, no funcionarios.
P: Hay más de un millón de empleados públicos que están bajo las categorías ‘personal laboral’ y ‘otro personal’. ¿Es éste el camino que siguen los políticos para instaurar el ‘dedazo’ como vía de acceso a la administración?
R: Todo lo que no sea pasar por una oferta de empleo público introduce incertidumbre. Una oposición es el mejor garante de una administración pública independiente que defienda a los ciudadanos. En este sentido, los contratados laborales pueden ser muy variados. Puede haber un contratado que haya llegado a dedo y otros que haya pasado un proceso casi funcionarial.
Pero es cierto que se ha engordado la administración con no funcionarios. En muchos casos, son gente que no ha cumplido un proceso de entrada transparente. Muchos, incluso, no están en el registro central de personal. Sabemos que para ciertas labores hacen falta contratados laborales. Pero hace falta una separación clara de qué funciones pueden hacer unos y otro. En ningún caso deberían invadir las competencias de un funcionario.
Por ejemplo, hasta qué punto una firma de un plan urbanístico respeta la ley si lo supervisa un contratado laboral. En eso la administración no es responsable. Un contratado laboral puede ser despedido y, por lo tanto, está mucho más dispuesto a cumplir las órdenes de los políticos.
P: ¿Y cuál es la consecuencia en la estructura de la Administración?
R: Estamos volviendo a una administración pública propia del siglo XIX en la que cada vez que llega un partido mete a todo el mundo a trabajar. Pero antes lo que había era un cambio total, se fichaba y se echaba a todo el mundo con cada cambio de Gobierno: la diferencia es que ahora no sale casi nadie.
Cambia el alcalde y dice "vamos a meter a nosecuantos contratados laborales". Esto ocurre sobre todo a nivel autonómico y local, tenemos una administración al servicio del partido. Eso es muy dañino porque la administración no está al servicio del partido, ni siquiera del gobierno, sino al servicio de los ciudadanos.
Por eso en muchos casos se contrata, porque el funcionario puede decirle al político que no, y si quieren seguir haciendo algo que no deben tienen que contratar a otro tipo de trabajadores. El funcionario está como la última frontera ante el ciudadano. Entiendo que se pueda criticar lo del puesto vitalicio, pero su razón de ser es que un funcionario pueda negarse a hacer algo sin miedo a los políticos.
P: En España, siempre que se habla del sector público, de su coste y de su estructura, el primer tema que surge es el de los funcionarios. ¿Cuál es el problema de la función pública?
R: El problema de España es de modelo. ¿Faltan funcionarios? Depende. El problema no es poner un parche y cerrar la oferta de empleo público dos años. En el registro de personal, en sanidad hay 90.000 empleados del personal laboral. Eso es gente que el sistema necesita, pero no es lo suficientemente ágil para sacar esas plazas. Y llegamos a la situación de que los médicos tienen contratos de seis meses. En educación se les contrata en septiembre y se les despide en junio para ahorrarse dos meses.
El modelo no da más de sí. Empezamos por un modelo continental francés (de funcionarios) y luego hemos ido creando uno anglosajón (de contratados no funcionarios). Ahora tenemos lo peor de los dos modelos. Lo primero que tenemos que preguntarnos es qué competencias va a haber y cuántas tienen que ser ejercidas por funcionarios. Y entonces, contratar a los funcionarios que hagan falta.
Lo que ocurre es que nadie quiere eso porque los grandes partidos quieren el modelo actual que les permite seguir teniendo una administración de partido y todas esas empresillas públicas desperdigadas. No hay voluntad de cambiar el modelo.
P: ¿Cuál es el papel de las empresas públicas?
R: Hay organismos que tienen que ser públicos, pero no tienen que ser parte de un ministerio ni un órgano administrativo. Son agencias, entidades públicas, etc., como la CNMV o el ICO. Se supone que toda esta categoría tiene una razón de ser. El problema es que se están creando empresas a nivel local o regional que no tendrían por qué existir, puesto que su función la puede desarrollar el sector privado.
Un político lo que quiere es volver a salir elegido. Y lo más fácil para crear empleo, en un nivel territorial reducido, es crear una empresa pública. Das trabajo a 30-40-50 personas y sales a los medios diciendo ‘yo creo trabajo’. Además, lo que busca es salir del control de la intervención general del Estado y crea empresas bajo diferentes figuras: consorcios, fundaciones...
Son entes sujetos a derecho privado en los que se ficha al personal bajo un contrato privado puro y duro. Luego, claro, nos encontramos todo lo que está ahí. Buscan satisfacer todo tipo de objetivos políticos fuera de control. Las empresas de las CCAA han crecido de 2.100 a 2.800 en los últimos ocho años. Sólo el número de fundaciones en la administración local ha crecido un 1.475% entre 2002 y 2006.
P: La pasada semana fueron polémicas las declaraciones del presidente de Mango en las que pide que se pueda despedir a los funcionarios y se les pueda pagar en función de su productividad. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué soluciones ofrece Fedeca para la situación de los funcionarios?
R: Que se pague en función de la productividad es una buena idea con la que están de acuerdos la gran mayoría de los funcionarios, a pesar de que UGT y CCOO digan otra cosa. Estamos esperando que se aplique el Estatuto Básico del Empleado Público, en el que se prevé un baremo en función de la productividad. Tiene que ser aplicado, pero el problema es que no se aplica. Necesita leyes que lo desarrollen, pero éstas no se aprueban.
Respecto a los despidos, no estamos de acuerdo. Además, no es verdad que un funcionario no pueda ser despedido. Eso sí, es cierto que la Administración de Justicia se ha hecho tan garantista en lo contencioso administrativo que se ha perdido su naturaleza.
Eso es culpa de los sindicatos mayoritarios. No puede ser que teniendo pruebas de que un señor no va a trabajar se pierda un expediente en la jurisdicción. He visto varios casos en los que se echan para atrás expedientes muy justificados. Cómo va a hacer un responsable de un área expediente si lo va a preparar durante dos años y luego se lo van a echar para atrás en lo contenciosos-administrativo.
P: ¿Y por qué la gente tiene la imagen de que todos los funcionarios lo que desean es un puesto seguro de por vida?
R: Sinceramente, si la gente se piensa que yo he estado cinco años de mi juventud (de los 24 a los 29 años) encerrado en casa seis días a la semana para tener un puesto vitalicio se equivoca de cabo a rabo. Y lo mismo se puede decir para la gran mayoría de los funcionarios de los niveles superiores: abogados del Estado, inspectores... La gran mayoría entran por vocación.
De verdad se cree la gente que con 26 años, estudiando un sábado por la tarde, estás pensando en ‘los 40 años que me voy a tirar en el ministerio tocándome las narices’. Tú no ves eso. Eso no te pesa. Te pesa que quieres ser inspector de Hacienda, aunque haya gente a la que le parezca una locura. La gente que conozco tiene vocación de servicio público y de tratar de ayudar; si no, no te metes a hacer unas oposiciones.
Pero es cierto que ahora vemos un desprestigio enorme, en el que quizás podamos tener algo de culpa, en un trabajo que está relativamente mal pagado. Mucha gente se va de la función pública porque está harta y porque está mal pagada en ciertos puestos (especialmente en las plazas de los funcionario superiores).
No pedimos cobrar lo mismo que en la empresa privada, entendemos que es lógico cobrar algo menos. Pero en los últimos 35 años, a base de no subir el sueldo, hemos perdido un 30% en términos de poder adquisitivo y más aún en términos de salario comparado.
Yo entiendo que con la que está cayendo no puedo quejarme, eso no lo niego, somos conscientes. Pero cuando ha habido superávit no se nos ha tenido en cuenta. El problema del gasto de personal no es que cobremos mucho sino que se ha contratado a gente que no es necesaria.
No puede ser que haya organismos de promoción exterior en todas las autonomías y algunos ayuntamientos, televisiones, organismos diplomáticos,... Lo que hay que decir no es si el coche de un director general gasta mucho, que también, sino si es necesario que haya tantos directores generales.
P: ¿Temen otro recorte del sueldo para 2011?
R: Si se fija usted en los Presupuestos Generales del Estado, en el artículo 26.2.d, verá que la paga extra de julio de este año la hemos cobrado bien, pero en la de diciembre vamos a ver un recorte del 47%. El truco es que todas las extraordinarias a partir de ahora las vamos a cobrar con ese recorte. De facto, es una reducción media del 1,5% respecto al sueldo del 2009.
Respecto a la reducción de salarios, hay que decir que el sueldo no es una cuestión de redistribución social [hay que recordar que la bajada del sueldo de los funcionarios no fue lineal; la media fue de un 5%, pero los funcionarios de niveles superiores han visto recortes de hasta el 12%].
Si suponemos que los funcionarios de los cuerpos superiores son los más preparados, vemos que se está penalizando a los más preparados, a los que realizan el trabajo más importante, por un concepto erróneo de equidad social. Eso es un concepto fiscal. Si quiere hacer reparto de la renta hágalo en impuestos, no en sueldos. El Gobierno, respecto a nosotros, no es el gobierno, es nuestro jefe.
¿Usted se imagina al presidente del Santander diciendo que va a reducir el sueldo en términos progresivos?. ¿Qué van a hacer los directivos? Irse a otro banco. El sueldo es un premio al trabajo. Y así se está desincentivando a la gente de los cuerpos superiores. A veces yo mismo estoy a punto de decir a los opositores, ¿sabes dónde te metes?
P: Hay rumores de que se está produciendo una fuga de altos cargos a la empresa privada. Se cogen una excedencia y se marchan por todas estas cuestiones que nos cuenta. ¿Tiene usted esta sensación?
R: Sinceramente, yo no conozco tantos casos, pero el ambiente es ése, de desmoralización. Es la opinión que yo veo en general. Fundamentalmente por el desprestigio y la crítica a nuestro trabajo, porque no creemos que lo hagamos tan mal. Es un ataque continuo, tanto público (como el secretario de estado de Seguridad Social que dijo hace dos años que podíamos estar media mañana para hacer todo nuestro trabajo), pero sobre todo desde dentro.
Nos encontramos con que cada vez más los políticos no quieren tener trato con nosotros. No se sienten cómodos con una función pública independiente y de mérito. Quiere una función pública partidista. Te matas a trabajar con una verdadera vocación de función pública, haciendo un informe y luego te dicen, ‘esto no pasa’.
Y no es sólo este Gobierno, es una cuestión general. Nuestra labor es ser unos técnicos que analicen la cuestión y den soluciones al político. Pero nuestro trabajo no se valora y no se tiene en cuenta. Si además, no cobramos bien y el público no nos tiene en consideración... pues al final te vas. Y no por mucho dinero, ya que te dicen que te pagan 500 euros más al mes y te vas.
Es descorazonadora la falta de valoración del trabajo en el funcionamiento de la Administración. Últimamente sale lo de las empresas públicas, con miles de contratados y es deprimente. Crean la confederación hidrográfica de no se dónde con el único interés de tener sus contratados y, mientras, tienes a los ingenieros mano sobre mano en el ministerio. Nos están quitando el trabajo. No podemos llegar al consejero o al ministro porque están rodeados de los cargos de confianza...
Además, ahora nos quitan el sueldo, MUFACE... Cada vez que se quiere hacer algo en la Administración es para darnos un palo. Es un gran desánimo. Ya sé que entre lo nuestro o estar picando en la mina o en el paro no hay comparación, pero no son cuestiones en competencia. Se podría intentar resolver todas.