El Gobierno ha iniciado una campaña para recaudar más impuestos de forma soterrada. El objetivo es sacar dinero de los bolsillos de los contribuyentes y las cuentas de las empresas para lograr un poco de liquidez. El dinero obtenido mediante este método coactivo, junto con el logrado a través de las emisiones de deuda, servirá para dar un balón de oxígeno al Estado, pero no será suficiente para cerrar el agujero que hay en la caja pública.
La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha dado la voz de alarma, al denunciar que responsables de la Agencia Tributaria se han reunido con los técnicos fiscales para exigirles una "mejorar en un 15% sus objetivos de este año" con la única intención de recaudar más, lo que obligará a los inspectores a realizar un "trabajo precipitado" y de "escasa profundidad investigadora".
Esto supone que la poca seguridad jurídica que tienen los contribuyentes españoles va a desaparecer casi por completo. Si un ciudadano no está de acuerdo con el cobro de un determinado tributo (por el concepto o la cantidad) poco puede hacer para solventar el problema. La única opción que le queda es enfrentarse con el aparato burocrático, con la correspondiente pérdida de tiempo y dinero.
Según revelan los propios inspectores, el "desmedido afán" de la Agencia por recaudar ha sido la razón por la que ha establecido estos objetivos "al margen de la realidad". Es decir, que el Fisco da por sentado que el aumento de la recaudación se producirá, ya sea por métodos lícitos o que bordeen la legalidad.
El secretario general y portavoz de IHE, Francisco de la Torre, aseguró que el 78% de los inspectores está en contra de la medida y pide "que se les deje hacer su trabajo de la forma que creen que se debe hacer", informa Europa Press.
De la Torre indicó que con este aumento se intentan mantener las cifras de recaudación del año pasado, que según IHE ascendió a la suma histórica de 4.000 millones de euros por liquidación de actas de inspección, aunque matizó que "en ningún país avanzado las inspecciones constituyen la parte del león de la recaudación".
Asimismo, IHE denunció los cambios producidos en el baremo de productividad, que supeditarían las retribuciones variables de los inspectores al número de expedientes cerrados.
Además, De la Torre señaló que, en función de esta nueva medida, un inspector de Hacienda "tendría que realizar nueve de cada diez inspecciones" para cumplir los objetivos, lo que, a su juicio, sería algo semejante a una "huelga de celo" y ofrecería a la opinión pública una imagen "lamentable".
Aun así, el secretario de IHE aseguró estar convencido de que los inspectores "no van a prevaricar y actuarán en todo momento conforme a Derecho", si bien reconoció que existían ciertos "temas grises" respecto a los que se podrían tomar "decisiones radicales que perjudicarían a todos y sobrecargarían a los tribunales".
Por otra parte, de la Torre afirmó que el incremento de los objetivos "dificultará la lucha contra el fraude fiscal", puesto que primaría "la comprobación sobre la investigación".
Las CCAA se inventarán nuevos impuestos
Aunque la ministra de Economía, Elena Salgado, descartó hace unos días subir más los impuestos. Sin embargo, al mismo tiempo, abre una vía legal para que las administraciones regionales creen nuevas figuras impositivas. La reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) deja la vía libre para que las autonomías creen un amplio abanico de impuestos y consigan paliar así su escasez recaudatoria.
El nuevo artículo 6.3 de la reforma legislativa permitirá a las CCAA extender los denominados impuestos verdes así como otro tipo de tributos. Según la nueva redacción del citado artículo, "las comunidades autónomas podrán establecer y gestionar tributos sobre las materias que la legislación de Régimen Local reserve a las Corporaciones locales".
Es decir, los gobiernos regionales podrían así gravar actividades sobre las que ya recae un impuesto local como, por ejemplo, la recogida de basuras en las ciudades.
Como explica a Expansión José Ignacio Rubio de Urquía, abogado e Inspector de Hacienda del Estado excedente, "con esta reforma se levanta la prohibición a las autonomías de establecer tributos propios sobre materias imponibles gravadas por los impuestos locales", como sucede también con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, entre otros.