LD (L. Ramírez) El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, quiere restar importancia a la deuda que tienen las corporaciones locales con las empresas y ha cifrado el volumen en 3.000 millones de euros. El problema es que esta cifra representa tan sólo el 10% de los 30.000 millones de euros que adeudan las Administraciones Públicas.
En un momento de crisis económica con el grifo del crédito cerrado muchas empresas tienen que cerrar porque el sector público es moroso. Y no sólo las empresas se quejan de esta falta de cumplimiento, sino que los propios trabajadores sufren las consecuencias: si una empresa no tiene liquidez cierra y despide a toda su plantilla.
Por esta cuestión el sindicato Unión Sindical Obrera ha enviado una carta al presidente del Gobierno, en la que le exige que obligue a las Adminsitraciones a pagar sus deudas a las empresas, tal como informó LD.
Además, distintas organizaciones empresariales han cifrado estos días en 32.000 millones de euros la deuda del sector público con sus proveedores. El problema viene de antiguo, pero la crisis y la sequía del crédito han puesto contra las cuerdas a las empresas, sobre todo si son pequeñas, porque no encuentran liquidez para funcionar y tienen más urgencia por cobrar. "Las pequeñas y medianas empresas [pymes] nos hemos dedicado a financiar a los ayuntamientos, acostumbrándonos a cobrar a 180 o 200 días", critica Jesús Bárcenas, presidente de la patronal española Cepyme.
La Ley de Contratos del Estado fija un máximo de 60 días para pagar. Todo lo que excede de este plazo es morosidad, y conlleva unos intereses de demora, ahora del 9,5%. El Banco de España revela que la demora en el pago de las empresas públicas se ha agravado: de un promedio de 87 días en 2005 a 88 en 2006 y 96 en 2007 (ver cuadro), muy por encima de las privadas.
La época de bonanza económica no ha servido para acortar plazos. Y, en general, entre lo público y lo privado, España también saca peor nota que otros países. Un informe de la patronal catalana Pimec fija en 94 los días de espera para cobrar, frente a los 65 de Francia y los 52 del Reino Unido, aunque cerca de los 90 de Italia.
No hay una base datos común para cada Administración, pero Aselip, la asociación que agrupa a las empresas de limpieza pública, sabe algo de esto. Su presidente, Francisco Jardón, asegura que por la crisis se ha disparado hasta los 180, 240 y hasta los 360 días, y sitúa a los ayuntamientos de comunidades como Andalucía, Comunidad Valencia, Cataluña y Madrid como algunos de los más remolones, mientras tiene buenas palabras para los de País Vasco, Navarra y Asturias.
El Gobierno solucionará el problema “en breve”
En este contexto, el secretario de Estado de Hacienda explicó este viernes en declaraciones a Europa Press, que el Ejecutivo está trabajando en diversas alternativas para adelantar el pago de las deudas del sector público, una iniciativa que proyecta aprobar “en breve”.
De hecho, el pasado 16 de febrero, el mismo Ocaña anunció que el Gobierno está estudiando cómo "aliviar" el problema que supone que algunas Administraciones Públicas no paguen en un plazo "razonable" a las empresas, una medida que se podría instrumentalizar a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Si esto se confirma serían los propios ciudadanos los que pagarían los excesos de Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos, ya que el ICO es una entidad pública.
Ocaña insistió este viernes que el Ejecutivo está trabajando para resolver este problema, denunciado insistentemente por las empresas, y entre las medidas barajadas se encuentra también la posibilidad de facilitar que las entidades financieras adelanten estas deudas mediante un mecanismo similar al factoring. Este sistema, muy utilizado especialmente por pymes, consiste en que el banco o la entidad de 'factoring' se encarga de cobrar las facturas pendientes de la empresa y abonarlas en su cuenta, normalmente descontando los intereses correspondientes por realizar esta operación.
Las ventajas de este instrumento son evidentes para una empresa que no pueda dedicar demasiados recursos al cobro de las deudas de sus clientes, ya que, por un lado, supone una importante mejora en su liquidez al cobrar antes las deudas y, por otro lado, es una protección por insolvencia o quiebra de los deudores.
"Estamos trabajando en resolver el problema que tienen las empresas que han contratado con ayuntamientos y tardan en cobrar y que, por tanto, tienen una dificultad", subrayó Ocaña, que señaló que una de las opciones que se está estudiando es "facilitar algún tipo de factoring a través del sistema financiero".
Aplazar el pago de impuestos
Junto con esta medida, adelantó que el Gobierno está considerando también la posibilidad de que las empresas perjudicadas por el retraso de los pagos por parte de los ayuntamientos puedan aplazar el pago de impuestos con Hacienda, tal y como han propuestos algunas asociaciones de asesores fiscales. Lo que no explicó Ocaña es que los ingresos tributarios se ha hundido y el Fisco no tiene suficiente dinero. "Esta medida tiene una complejidad técnica, pero al final el resultado es el mismo: que las empresas reciban ese dinero antes y que ese problema de liquidez se alivie", reiteró.
Además de estas dos iniciativas, el Ejecutivo contempla, asimismo, crear una línea de crédito a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para facilitar a los ayuntamientos que paguen sus deudas en plazo, establecido en un máximo de 60 días, si bien aclaró que es preciso asegurar que la financiación que se adelante podrá ser recuperada posteriormente.
"El problema es acertar con una medida que tiene situaciones muy distintas, ya que no todos los ayuntamientos pagan en los mismos plazos, y contrariamente a la imagen que se ha transmitido, los problemas no necesariamente ocurren con los contratos de obra, sino que a veces los problemas son con las contratas", precisó Ocaña.
Precisamente este viernes, representantes del Ministerio de Economía y Hacienda se han reunido con miembros de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para analizar estas alternativas y atajar los problemas de liquidez de las pymes y de los autónomos lo antes posible.