LD (L. Ramírez) Las arcas públicas españolas no pasan por sus mejores momentos, con una crisis de ingresos galopante, derivada del hundimiento del sector inmobiliario y de la caída del consumo. Pero las desgracias nunca vienen solas, ya que la Agencia Tributaria se enfrenta a una oleada de reclamaciones de dinero de ciudadanos europeos (fundamentalmente británicos) que decidieron vender las viviendas que tenían en la costa española entre 2004 y 2007.
Los afectados pagaron al Fisco un 35% sobre las plusvalías obtenidas por la venta de sus inmuebles, frente al 15% que pagan los españoles. La Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España en 2006, al entender que las diferentes tasas en función de la nacionalidad del vendedor suponían una discriminación, especialmente cuando se trata de ciudadanos de la Unión Europea. Por ello, el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero modificó la normativa en 2007 y equiparó los tributos sobre las plusvalías que pagan los residentes en España con las que deben abonar los extranjeros si deciden vender inmuebles.
Pero la polémica no terminó ahí, ya que el cambio legislativo que introdujo el Ejecutivo español no fue suficiente para calmar los ánimos de los afectados, que se consideraron estafados por Hacienda al haber pagado unas cantidades de dinero en virtud de una norma que Bruselas consideraba “discriminatoria”. Por ello, los británicos que vendieron sus casas en la costa antes de la unificación tributaria decidieron reclamar el reintegro de los impuestos que, a su juicio, Hacienda les habría cobrado de más.
Según explicaron a LD fuentes del despacho Costa, Álvarez, Manglano y Asociados -uno de los principales bufetes que se ha encargado de aglutinar estas demandas- “pueden pedir el dinero las personas que vendieron sus casas hace cuatro años", que es el periodo máximo para reclamar la devolución del impuesto.
El despacho valenciano estima "de forma muy conservadora" que los afectados rondan las 20.000 personas (10.000 británicos) con una cantidad media a reclamar de 14.000 libras (15.400 euros). Es decir, que el montante total que reclaman a la Hacienda española sería, al menos, de 308 millones de euros. Y las posibilidades que tienen los afectados de lograr su objetivo han ganado enteros después de que un tribunal de Valencia haya dado la razón a una pareja de británicos que reclamaban al Fisco 14.100 libras por este concepto.
Según publica la cadena británica BBC, esta decisión del poder judicial sienta un precedente y crea jurisprudencia para que los demás afectados tengan éxito en su reclamación. Este enfoque lo comparten las fuentes del despacho de abogados Costa, Álvarez, Manglano y Asociados, que han llevado el caso y que confían en que a partir de ahora sea más fácil para los afectados pelear por sus derechos.
Además, el bufete ha creado una página web que dedica en exclusiva a este tipo de casos y en el que explica con detalle la información necesaria para presentar la demanda, los cauces legales y la normativa fiscal que afecta a las transacciones inmobiliarias. Este despacho "lleva un año y medio estudiando y analizando las posibilidades, y ahora se empiezan a ver los frutos". El resto de casos de este tipo que lleva el bufete valenciano está en diferentes fases procesales, y esperan que más afectados demanden sus servicios en el futuro, después de que los tribunales les hayan dado la razón.
Inseguridad jurídica y urbanismo ilegal en España
Este caso de discriminación fiscal alimenta la imagen de inseguridad jurídica que el mercado inmobiliario español ha ofrecido en los últimos años a los ciudadanos británicos, un colectivo que -junto a los alemanes- ha sido la pieza clave del mercado turístico nacional y del sector del ladrillo en la costa. Además, los medios de comunicación de Reino Unido suelen dar mucha importancia a todo lo relacionado con este sector, especialmente cuando se descubren fraudes en la compraventa de viviendas, comisiones ilegales en la adjudicación de solares y procesos para lograr las licencias de construcción.
Esta tendencia se ha visto recrudecida después de que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobara el pasado 11 de febrero, con los votos en contra de los socialistas y populares españoles, un informe en el que amenaza con congelar los fondos estructurales a España si no se resuelven los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas por ciudadanos de varios países de la UE.
El informe -aprobado por 23 votos a favor, 11 en contra y una abstención- pide la suspensión y la revisión de todos los nuevos planes urbanísticos en España que no respeten el medio ambiente y no garanticen el derecho a la propiedad, así como la anulación de los desarrollos urbanísticos en curso que no se ajustan a la legislación comunitaria. Denuncia, además, que los derechos de propiedad no están adecuadamente protegidos por la legislación española y que el sistema judicial no da respuestas a los casos de abusos.
Las duras críticas que contiene el informe hacia el urbanismo en España salieron adelante pese a que los eurodiputados del PSOE y del PP habían presentado enmiendas coincidentes para suavizar su contenido y suprimir parte de las denuncias. La mayoría de estas enmiendas fueron rechazadas porque no contaron con el respaldo de sus colegas conservadores y socialistas europeos, que apoyaron el texto original, elaborado por la eurodiputada Margrete Auken, e incluso lo endurecieron.
La UE condena los abusos urbanísticos
El informe todavía debe ser votado por el pleno de la Eurocámara, que está previsto que se pronuncie el próximo 26 de marzo. Los socialistas y los populares españoles anunciaron que presentarán una resolución alternativa. Si sale adelante el texto, será la tercera vez que el Parlamento Europeo respalde un informe que censura los abusos urbanísticos en España en la actual legislatura. En las dos ocasiones anteriores, los socialistas españoles votaron a favor, pero esta vez han cambiado de postura y se han acercado a las tesis defendidas por el PP.
Así, el eurodiputado popular José Manuel García-Margallo critica al Gobierno central por no haber comparecido ante la Eurocámara para "defender el buen nombre de su país". También censuró a los socialistas españoles por haber votado a favor de los informes anteriores sobre abusos urbanísticos en España y les acusó de "rectificar tarde". A su juicio, el informe "es un cañonazo en la línea de flotación de lo que es la salida de la crisis" porque transmite una imagen de España "absolutamente falsa y extraordinariamente dañina para los intereses de las empresas y los trabajadores españoles" al afirmar que el derecho de propiedad no está protegido.
La ponente del informe señaló que su aprobación constituye una "gran victoria" para los denunciantes, y subrayó que la mayoría de ellos son españoles. Auken dijo que espera que el Gobierno español "se lo tome en serio" y recordó que pueden "pedir una congelación de los fondos (europeos) si es necesario".
Su compañero de grupo, David Hammerstein, destacó que "el Partido Socialista y el Partido Popular españoles se han quedado aislados, marginados". "Sus argumentos no convencen a nadie porque hay miles y miles de ciudadanos españoles y europeos que han visto los abusos urbanísticos", remachó.
Estado, comunidades y ayuntamientos son responsables
El informe denuncia que "todas las administraciones -central, autonómica y locales- son 
responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, sociales y económicas".
Los eurodiputados expresan, en particular, su "preocupación por la situación de la planificación urbana en el municipio de Marbella, en Andalucía, donde se han construido ilegalmente decenas de miles de viviendas, que infringen probablemente la legislación comunitaria". También se censura que algunas urbanizaciones se han construido en zonas protegidas por la red Natura 2000, como las urbanizaciones en Cabo de Gata (Almería) y Murcia.
La resolución indica que la falta de "claridad, precisión y seguridad jurídica" en la legislación vigente en España en lo que se refiere al derecho de propiedad y la falta de una aplicación adecuada y coherente de la legislación medioambiental son las causas de muchos de los abusos urbanísticos. Todo ello, sumado a la "laxitud" en los procedimientos judiciales, "ha generado una forma de corrupción endémica".
El informe critica, además, que las autoridades judiciales españolas "no están debidamente preparadas" para tratar los casos de abusos urbanísticos, que los tramitan con demasiada lentitud y que "las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos".
"Ello ha reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la Justicia española", prosigue el texto. Para hacer frente a estos problemas, la Eurocámara "pide a las autoridades españolas que se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador".
Modificar la Ley de Costas de forma “urgente”
También se insta a revisar "urgentemente" y a modificar la Ley de Costas "a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquéllos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero".
Asimismo, los eurodiputados piden a las autoridades regionales y nacionales que pongan en marcha mecanismos para "agilizar el acceso a la Justicia y la indemnización a las víctimas de abusos urbanísticos en virtud de la aplicación de la legislación en vigor". El Parlamento asegura que "las personas que hayan adquirido de buena fe una propiedad en España que haya sido declarada ilegal deberían tener derecho a obtener una indemnización adecuada a través de los órganos jurisdiccionales españoles".