El Plan Antifraude de Salgado sólo servirá para recortar el déficit un 1%

El Gobierno aprobó este viernes el Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude fiscal, laboral y de Seguridad Social, que incluye hasta 60 medidas de aplicación "inmediata" y con el que se pretende obtener unos ingresos equivalentes al 0,1% del PIB (unos 1.000 millones de euros) en 2013 para contribuir a la consolidación de las finanzas públicas.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, afirmó que el fraude "distorsiona" la actividad económica, supone competencia desleal, un "ataque directo" a los derechos de los trabajadores y sitúa en una situación de "indefensión" a los consumidores.

Así pues, señaló que la lucha contra el fraude "siempre es importante, y ahora lo es mucho más, no sólo en los aspectos recaudatorios, sino en aspectos de equidad, competencia y protección de derechos". "El plan incide sobre todo en la prevención", añadió la ministra de Economía y Hacienda, para apostillar que el Gobierno espera "resultados importantes para conseguir más ingresos".

Construcción: "Ahora no es el problema"

Eso sí, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ya explicó hace unos días que el plan de lucha contra el fraude fiscal tiene como objetivo "mejorar la coordinación entre la prevención del fraude fiscal y la del laboral y coordinar las actuaciones de la Agencia Tributaria y de la Inspección de Trabajo".

Además, Ocaña precisó que se prestará menos atención al fraude en el sector inmobiliario, porque "ahora ese no es el problema" dada la caída de la actividad en el sector. En su lugar, los recursos se redirigirán a "empresas que hacen una actividad económica sumergida frente a una actividad económica aflorada, normal, que podían hacer en otros momentos", dijo.

El secretario de Estado de Hacienda defendió la semana pasada que en la lucha contra el fraude fiscal "hay que ser activos en todos los frentes" y no concentrarse únicamente en las grandes empresas, que en todo caso ya cuentan con una oficina especial dentro de la Agencia Tributaria.

Objetivos del plan

El plan, cuyo objetivo es dar respuesta a los cambios que ha experimentado la tipología del fraude como consecuencia de la crisis, especialmente en relación a la economía irregular y al trabajo no declarado, cuenta con tres ejes: la mejora de los sistema de captación de información, la puesta en marcha de acciones de control conjuntas y el diseño de actuaciones de recaudación coordinadas para mejorar su eficacia.

Así, incorpora, en primer lugar, instrumentos para la utilización compartida de la información disponible en la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, y prevé la creación de bases de datos conjuntas para incrementar la eficacia de la explotación de esa información.

Incluye también actuaciones conjuntas de control que se centrarán en aquellas áreas de riesgo que se indentifiquen como más propensas a la ocultación de actividad y al trabajo no declarado. Por ejemplo, se realizarán actuaciones de inspección de empresas aparentemente insolventes en las que se detecte actividad o de rastreo de indicios de comercio irregular y contrabando.

Por otro lado, se fomentará el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales reduciendo las cargas administrativas con la creación de un certificado conjunto de estar al corriente de las obligaciones tributarias y en materia de la Seguridad Social. El nuevo plan viene a complementar las iniciativas específicas que en los ámbitos fiscal, laboral y de Seguridad Social ya venían desarrollando los organismos competentes en los últimos años.

Entre estas iniciativas, Salgado destacó el Plan de Prevención del Fraude Fiscal, que ha permitido a la Agencia Tributaria recaudar más de 35.500 millones de euros desde 2005; así como las actuaciones en el ámbito laboral, que han posibilitado una recaudación adicional de 1.425 millones; y en la inspección de trabajo, que han generado 960 millones más.

Además, Salgado afirmó que el Gobierno colabora activamente con la UE para erradicar los paraísos fiscales, que consideró una prioridad, así como prácticas fraudulentas relacionados con el IVA y otras actuaciones transfronterizas.