Muchos países de nuestro entorno como Alemania, Reino Unido, Francia, Bélgica o incluso Grecia han acometido profundas reformas en su estructura municipal de cara a reducir el número de ayuntamientos. Algunos, de hecho, han logrado reducciones radicales: en Gran Bretaña se pasó de unas 1.500 corporaciones locales a 400; en Alemania de 25.000 a 8.400; en Bélgica de 2.359 a 596; o en Grecia de 5.300 a poco más de 1.000.
Por el contrario, en España se ha seguido un proceso en sentido inverso: desde el año 96 se han segregado 32 nuevos municipios, algunos en lugares tan llamativos como ciudades del tamaño de Guadalajara o Albacete.
Una estructura hipertrofiada
Esto nos ha dejado con una estructura municipal básicamente irracional: tenemos nada más y nada menos que 8.112 ayuntamientos, casi tantos como Alemania con poco más de la mitad de su población, y en más del 80% de ellos viven menos de 5.000 personas, es decir, la mayoría son estructuras poco menos que minúsculas y, por lo tanto, muy poco eficientes a la hora de gestionar servicios.
Además, esta proliferación de mini-municipios es la principal razón por la que existe otra capa de la administración que contribuye al descomunal tamaño del aparato público en nuestro país: diputaciones, cabildos y consejos insulares que carecerían de sentido si los ayuntamientos tuviesen un tamaño que les permitiese alcanzar economías de escala y optimizar su gasto.
Del mismo modo, esta atomización también genera una cantidad de cargos y gastos en la propia administración local completamente fuera de lo que se podría considerar lógico; así, además de los más de 8.000 alcaldes en España "disfrutamos" de 65.347 concejales según la cifra de las últimas elecciones municipales.
¿Cuál es el tamaño ideal de un municipio?
El estudio de UPyD señala que el la inmensa mayoría de la población, un 80%, reside en los 785 municipios de más de 9.000 habitantes, pero estos ayuntamientos sólo representan el 74% de los ingresos municipales.
Además, según UPyD es en los ayuntamientos con unos 20.000 habitantes donde mayor es la diferencia entre el porcentaje de población que tienen y el de ingresos que reciben, es decir, que son esos municipios los que logran dar sus servicios gastando menos y, por lo tanto, son los más eficientes.
Por debajo de esa cifra de población resulta muy difícil practicar economías de escala en la prestación o en la contratación de servicios, pensemos en redes de alumbrado público, tratamiento de basuras, dotación de agua potable o tratamiento de aguas residuales...
La propuesta de UPyD, por tanto, marca ese tamaño como el mínimo que se tendría que buscar en un proceso político, impulsado por el estado, de reagrupamiento y ordenación municipal. Esto supondría fusionar en nuevas entidades aproximadamente el 90% de los ayuntamientos españoles, es decir, los 7.370 municipios que tienen menos de 10.000 habitantes.
En cualquier caso, como dijo Rosa Díez en la rueda de prensa de presentación del estudio, se trata de "una decisión política" y, por tanto, las cifras y los límites son negociables, lo importante sería avanzar en esa dirección.
De hecho, el propio estudio muestra distintos escenarios de concentración municipal y el efecto que podrían tener en cuanto a ahorro de dinero público: el mayor, lógicamente, se produciría marcando en los 20.000 habitantes el límite mínimo de tamaño de una corporación municipal y con ello se podrían ahorrar más de 16.142 millones de euros al año.
Para que tengamos una idea de lo que significa esta cantidad podemos decir que supondría un 60% más que el ahorro que va a suponer la congelación de las pensiones el próximo año.
Si la concentración municipal fuese algo menos ambiciosa y se limitase a un mínimo de 10.000 habitantes el ahorro tampoco sería despreciable: unos 8.125 millones de euros. Por último, si se agrupasen entidades de 5.000 habitantes también se ahorrarían casi 4.000 millones e incluso agrupando entidades de 2.000 el ahorro sería de 1.956 millones.
Servicios similares, menor gasto y... menor corrupción
Como ya hemos comentado la agrupación municipal permitirá ahorrar gastos municipales por varios frentes: estructuras más eficientes, disminución de cargos (y por tanto de dietas, coches oficiales y gastos varios) y de niveles en la administración, reducción del número de empresas públicas y fundaciones e incluso quedarían libres muchos edificios que se podrían vender...
Por supuesto, esto no implicaría disminuir la calidad de los servicios municipales, bien al contrario lo previsible sería que éstos mejorasen al estar gestionados por entidades municipales con mayor músculo financiero y económico.
Además, tal y como señalan los autores del informe otro efecto que podría tener esta política es reducir la corrupción, que en no pocas ocasiones se ampara en la proximidad y los círculos próximos (familiares y amistades) y que, además, sería más fácil de controlar al reducir el número de entidades cuyas cuentas y actos legales supervisar en entidades como el Tribunal de Cuentas.
En definitiva, un reto político complejo pero perfectamente legal, que podría impulsarse desde el Parlamento con la aprobación de una nueva Ley de Bases del Régimen Local que más tarde aplicarían con toda normalidad las comunidades autónomas, en coordinación con los municipios afectados y atendiendo a la especificad de cada caso.
El premio, hasta 16.000 millones.