(Libertad Digital) La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, hace gala nuevamente de su estandarte liberal con la presentación de un amplio paquete de reformas estructurales para avanzar aún más en la competitividad de la región. Y ello, con el fin de hacer frente del mejor modo posible a la crisis económica que sufre la economía nacional.
Tales medidas están contenidas en la ponencia económica Ideas para la Acción que se debatirá en el Congreso Regional del PP de Madrid, cuya celebración tendrá lugar los próximos días 19 y 20 de septiembre, tal y como avanzó el diario Negocio en su edición del miércoles. El objetivo es claro: “mejorar la competitividad de todos los sectores de nuestra economía”, ya que la “creación de empleo es la mejor política social”.
"Cláusula de normativa autonómica más favorable"
En este sentido, Aguirre, que se presenta sin ninguna candidatura rival al Congreso, aspira a poner en marcha una medida “pionera” para avanzar en la “unidad de mercado” y la “simplificación administrativa”. Y ello, con el fin de combatir el elevado “número de barreras al libre desarrollo de la actividad económica” que se derivan de la “proliferación y convivencia de normativas estatales, autonómicas y locales”. La filosofía de dicha política consiste en garantizar la mejor regulación posible a las empresas.
¿Cómo? Mediante la “cláusula de normativa autonómica más favorable”. De este modo, “todas aquellas empresas y emprendedores que quieran invertir o desarrollar su actividad económica y profesional en la Comunidad de Madrid, se beneficiarán de forma automática e inmediata de la normativa más favorable que exista en cualquier otra comunidad del territorio nacional”.
Con ello, el PP de Madrid pretende garantizar a las empresas un “reconocimiento unilateral y con carácter general en el territorio de la Comunidad de Madrid, de aquellas normativas autonómicas más favorables en el ámbito del acceso a los mercados de bienes y servicios”. Así, “se evitaría a las empresas que invirtiesen en la Comunidad de Madrid la necesidad de obtener las mismas autorizaciones en distintos territorios para llevar a cabo la misma actividad económica”, según el documento.
Estabilidad presupuestaria
Además, insiste en la importancia de la “estabilidad presupuestaria” y del “equilibrio de las cuentas públicas” para infundir “confianza en las decisiones de los agentes económicos”.
El documento denota el convencimiento de la senda liberal emprendida por Aguirre desde su llegada al poder en la Comunidad, como la liberalización del comercio o la agilización de los trámites urbanísticos, que han llevado a Madrid a liderar el crecimiento económico y la competitividad empresarial a nivel regional.
Por ello, la presidenta madrileña se propone dar un nuevo impulso a la liberalización de los mercados de bienes y servicios. “Hay que aumentar la competencia y la apertura en sectores básicos de la economía, como energía, transportes, telecomunicaciones y distribución comercial, con un funcionamiento más transparente de los mercados y asegurando un adecuado número de operadores en función del mercado de referencia”, señala el texto.
Además, apuesta por una nueva “agenda de reformas referidas a los servicios públicos que profundicen en la búsqueda de una mayor calidad y eficiencia en su prestación, en la ruptura de los monopolios públicos y la libertad de elección por parte del usuario-contribuyente, aplicado a sectores como la sanidad, la educación, los servicios sociales o la seguridad”, incide.
Liberalización de los servicios públicos
Es decir, abre la puerta de la provisión de servicios públicos a la empresa privada. “Creemos que la liberalización de estos sectores dando entrada al sector privado puede convertir a la Comunidad de Madrid en un referente a nivel internacional como Región Sanitaria o Región del Conocimiento”.
Con este fin, el PP de Madrid prevé introducir un tipo reducido en el Impuesto de Sociedades, de forma que se fomente que las empresas que entren a operar en dichos sectores puedan hacerlo en “igualdad de condiciones con las de sector público, que no están sometidas a presión fiscal”, según la ponencia.
Además, en materia tributaria, insta al Estado a aplicar una “reducción generalizada del Impuesto de Sociedades, un aumento en la deducción por compra de vivienda o la reducción de impuestos aplicados a las rehabilitaciones de vivienda”.
Mayor participación de las empresas de intermediación laboral
En materia de empleo, se debe “recabar una mayor participación de las empresas de intermediación y servicios laborales como agentes de empleo, papel reservado hoy casi exclusivamente a las oficinas públicas de empleo, reduciendo las limitaciones reglamentarias y económicas que afectan a la capacidad de operar de estas empresas en determinados sectores productivos y ampliando su capacidad de intermediación a supuestos más amplios que la contratación temporal”, añade el texto.
Por otra parte, el PP de Madrid pretende “abordar también medidas que busquen un mayor control en el sistema de prestaciones por desempleo para incentivar de forma más clara la aceptación de empleos”.
Reforma en la gestión del suelo
La ponencia pone de manifiesto que “el intervencionismo público es una mala receta para evitar el encarecimiento del precio del suelo y agrava el problema del acceso a la vivienda de muchos ciudadanos”, tal y como viene demostrando la legislación vigente desde mediados del siglo pasado.
Por ello, el PP madrileño postula una “política basada en la liberalización de la gestión del suelo, que inspire de nuevo confianza al mercado inmobiliario desde el pleno respeto a las facultades de los propietarios e incentive el protagonismo de la iniciativa privada en la gestión del suelo otorgando a la actividad pública un papel impulsor allá donde no alcance la iniciativa privada”.
En este sentido, el documento denuncia que “la nueva Ley Estatal del Suelo aprobada por el Partido Socialista no sólo incide en los errores del pasado si no que los aumenta, incrementando el intervencionismo público en la gestión del suelo e incentivando la arbitrariedad política y administrativa, y por ende, la corrupción urbanística que se quería evitar”.
Y ello, ignorando, además, “los criterios legales y jurisprudenciales en materia de valoración de suelo a efectos expropiatorios, ya que opta por exigir la aplicación de los métodos de valoración más perjudiciales para el propietario del suelo”, tal y como avanzó LD.
Nuclear, con consenso
Aguirre también defiende la instauración de un mix energético “lo más amplio y flexible posible”, que “nos permita converger hacia los parámetros de diversificación [incluida nuclear] existentes en la UE.” Pese a ello, advierte de que “cualquier reforma de calado en materia energética, en especial sobre el posible papel de la energía nuclear, tiene que contar con el consenso de todas las fuerzas políticas y sociales”.
De este modo, las nuevas recetas de Aguirre para la Comunidad tienen como objetivo reforzar a Madrid como la autonomía “más moderna, dinámica y competitiva de España”, con el fin de seguir siendo el “motor económico que necesita el país para superar cuanto antes esta crisis”.
Financiación autonómica
En materia de financiación, el PP madrileño insiste en que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "asfixia a Madrid", y le propone que aplique el modelo económico empleado por el ex presidente José María Aznar entre 1996 y 2004, y también por Esperanza Aguirre en los cinco años que lleva al frente del Ejecutivo autonómico.
La ponencia alaba los éxitos del Ejecutivo autonómico a la hora de gestionar la economía basándose en la liberalización de los mercados y las finanzas públicas sanas, mencionando que esto ha conseguido situar a la Comunidad de Madrid a la cabeza del ránking de competitividad regional español, en inversiones en tecnología, en recepción de inversiones extranjeras o en internacionalización y creación de empresas.
Y ello, "a pesar de que el Gobierno central ha perjudicado a los madrileños, congelando las inversiones nuevas entre 2005 y 2008, y dejando de aplicar la pauta inversora de años anteriores". "Si se hubiera aplicado, habrían sido 5.000 millones de euros más los invertidos en la región, lo que habría tenido un reflejo de entre cuatro y seis décimas en el crecimiento del PIB regional, en el empleo y en la riqueza", según ilustró durante la presentación de la ponencia el alcalde de Tres Cantos, José Folgado.