Cuando aquello de las aerolíneas de bandera, compañías participadas por el Estado y generalmente ruinosas, parecía haber pasado a la historia, Spanair nos devuelve al pasado de la aviación comercial. Desde hoy la Generalidad de Cataluña se sentará en el consejo de una aerolínea de la que no es accionista, pero que le debe la inyección de 10 millones de euros tomado de los contribuyentes que son de vital importancia en la ampliación de capital que la aerolínea lleva a cabo en estos días.
La historia reciente de Spanair es la de una compañía en crisis, sometida al escrutinio público tras el trágico accidente del vuelo JK 5022 en el aeropuerto de Barajas. Meses después del accidente los entonces dueños de la compañía, la escandinava SAS, vendieron la práctica totalidad de la empresa –el 80,1% de las acciones– a un grupo de empresarios catalanes de los que, según se decía, estaban muy próximos al Gobierno regional de Montilla. Las sospechas se vieron confirmadas cuando los nuevos dueños trasladaron durante el verano de 2009 la sede social de la aerolínea de Palma de Mallorca, donde había estado desde su fundación en 1986, a las cercanías de Barcelona.
A pesar de las protestas de los empleados y de lo innecesario de mover las oficinas centrales, este grupo, denominado Iniciatives Empresarials Aeronàutiques (IEASA), reorganizó la compañía, cambió la librea y el logotipo de los aviones e inauguró una nueva etapa en la que si algo quedaba claro era que Spanair había pasado a ser un proyecto eminentemente catalán. Y no es una suposición, es un hecho. Detrás de IEASA se encuentran, entre otros, Catalana d’Iniciatives (un fondo de inversión en el que la Generalidad y el Ayuntamiento de Barcelona poseen un 27%), Consorci Turisme de Barcelona, Volcat 2009 y Fira de Barcelona, así como empresarios del sector hostelero y turístico de Cataluña.
A pesar del cambio de accionistas principales, Spanair seguía en crisis, en un mercado complicado como el aéreo, en plena crisis económica y con el pesado lastre del accidente del 5022. La compañía se ha reestructurado centrándose en el aeropuerto de El Prat, desde donde movió más de la mitad de su tráfico en 2009. Tan sólo faltaba la ampliación de capital, que será por cincuenta millones de euros. Aparte de los que han aportado los socios, la Generalidad, a través de la empresa pública Avançsa, controlada por la consejería del esquerrista Josep Huguet, ha puesto diez millones de euros, lo necesario para rematar con éxito la ampliación.
La condición del consejero para poner el dinero era entrar en el consejo de administración de la aerolínea. Este empeño significa que el tripartito quiere tener un control directo sobre lo que ya es su mimada criaturita. Cabría, pues, esperar más cambios. Tal vez deje de llamarse Spanair y pase a utilizar otro nombre comercial más patriótico como Catair, un nombre que ya se barajó hace un año. O tal vez porque la compañía, que ha tenido que reducir su tamaño, su flota y sus aspiraciones, piense seguir con promociones como la que lanzó el pasado 11 de septiembre: billetes a 11 euros en 1.714 vuelos a modo de homenaje de la Diada catalana. Ni a la Iberia de tiempos de Franco se le hubiese ocurrido algo semejante.