LD (EFE) En comisión parlamentaria, se ha informado de que el 16 de febrero la Sindicatura de Cuentas recibió un escrito en el que se informaba de que el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo González Soler, "entiende que hay indicios de responsabilidad contable en las cuatro indemnizaciones" aludidas en el informe de la Sindicatura sobre fiscalización de las cuentas anuales de la CCRTV en 2002 y 2003, en la etapa del último gobierno de CiU.
En dicho informe, la Sindicatura señala que altos directivos de TV3, Cataluña Radio y la CCRTV cobraron indemnizaciones prohibidas cuando dejaron sus cargos pese a que el gobierno catalán aprobó un acuerdo en 1994 sobre indemnizaciones de directivos de entidades y empresas públicas e instituciones participadas por la Generalidad en el que se prohibían las cláusulas de indemnización por rescisión de contrato en los contratos de alta dirección.
En el informe se aluden los casos del ex secretario general de la CCRTV Josep Badia, la ex gerente de TV3 Carme Ponte, el ex director de Cataluña Radio Joan Maria Clavaguera y el ex adjunto al director general de la CCRTV Josep Manuel Ferrer, además del ex director de TV3 Joan Oliver, aunque éste último tenía contrato en vigor en 2003. El síndico Jordi Pons, encargado de resumir el informe ante la comisión parlamentaria de la Sindicatura de Cuentas, ha destacado que entre 2002 y 2003 "se hicieron efectivas varias indemnizaciones por despido que superaban los máximos establecidos en la legislación laboral e incumplían los límites fijados" por la Generalidad.
"En algunos casos, se hicieron contratos laborales ordinarios con personas que, por razón del cargo ocupado, por ejemplo el de adjunto al director general, secretario general o gerente, habría sido más adecuado la formalización de contratos de trabajo de alta dirección", ha añadido Pons. Fuentes de la Sindicatura de Cuentas han explicado que es el fiscal jefe quien está capacitado para apuntar a quién cabe atribuir la presunta responsabilidad contable de estos casos, que podrían implicar malversación de fondos públicos y podrían afectar a los ex directores generales de la CCRTV Vicenç Villatoro y Miquel Puig, como supuestos responsables de los contratos firmados.
El diputado del PSC Jordi Terrades y la parlamentaria de ERC Patrícia Gomà han calificado de "escándalo" el hecho de que en 2002 "la CCRTV se gastara 1,235 millones en indemnizaciones, el 66,5 por ciento de lo que se gastó en salarios y casi el 37 por ciento del total de gastos de personal". Gomà ha señalado que el caso de las indemnizaciones en la CCRTV "recuerda demasiado a los contratos blindados de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña" y ha "condenado con rotundidad al gobierno de CiU por instrumentalizar de forma vergonzosa un ente público para patrimonializar sus cargos".
Por este motivo, ha dicho Gomà, "instaremos al gobierno a que actúe en consecuencia y, si se da el caso, remita estos hechos a la jurisdicción ordinaria para depurar las presuntas responsabilidades penales o civiles que puedan derivarse". Terrades, por su parte, ha denunciado que estas indemnizaciones "sirvieron para agradecer los servicios de control de medios de comunicación públicos por parte de estas personas", ya que el anterior gobierno de CiU los "entendía" como "medios a su servicio".
Igualmente, el diputado de ICV-EUiA Daniel Pi ha destacado que "el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas ha decidido tomar cartas en el asunto" y ha anunciado que "buscaremos las vías para exigir las responsabilidades que pueda haber por esta gestión de personal". Por su parte, el diputado de CiU Jordi Turull ha acusado a las fuerzas que integran el gobierno catalán de actuar con "sectarismo" a la hora de valorar este asunto porque "les escuece que haya personas de rigor personal e intelectual que no han rendido pleitesía y vasallaje al pensamiento único del tripartito".
Turull ha acusado a PSC, ERC e ICV-EUiA de "sacar conclusiones que ni la propia Sindicatura de Cuentas extrae" y les ha advertido de que "no pueden predicar con el ejemplo". En comisión parlamentaria, se ha informado de que el 16 de febrero la Sindicatura de Cuentas recibió un escrito en el que se informaba de que el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo González Soler, "entiende que hay indicios de responsabilidad contable en las cuatro indemnizaciones" aludidas en el informe de la Sindicatura sobre fiscalización de las cuentas anuales de la CCRTV en 2002 y 2003, en la etapa del último gobierno de CiU.