El precio de la factura de la luz es uno de los temas más polémicos de la economía española. Desde hace unos años, se ha vendido a la opinión pública que el mercado está liberalizado. Sin embargo, el Gobierno sigue fijando el precio cada pocos meses. En principio, esto debería ser incompatible: o hay libertad para que las empresas compitan o hay fijación directa de los precios por el Ejecutivo. La realidad es que el mercado de la energía eléctrica vive en una situación intermedia, que muchas veces provoca que sufra lo peor de los dos mundos.
En cierto sentido, es cierto que las empresas pueden competir, pero en el mercado doméstico siguen atadas a la Tarifa de Último Recurso (TUR) fijada por el Gobierno a través de un complicado sistema. La TUR se aplica a los consumidores con menos de 10 kw contratados y que no hayan accedido a ninguna de las ofertas de las compañías (siguen siendo la gran mayoría de los hogares). Por lo tanto, el único sector con verdadera competencia (e incluso esto habría que ponerlo en cuarentena, porque la regulación, ayudas y subvenciones son numerosas) es el de la comercialización a las empresas.
El hecho de que el Ejecutivo fije desde hace años la tarifa principal ha provocado el denominado déficit de tarifa. Es decir, el precio que se paga es inferior al coste de producir la electricidad, por lo que el Estado acumula una deuda con las compañías eléctricas por la diferencia. A finales de 2010, ese déficit será de 18.000 millones de euros y a finales de 2013 se espera que alcance los 28.000 millones.
La última subida, de casi el 10%, es la mayor del último cuarto de siglo. Su impacto ha sido tan importante que muchos podrán pensar que no habrá más alzas en el precio de la luz en los próximos meses. Sin embargo, todo apunta a que no será así y la factura eléctrica seguirá subiendo por encima del IPC.
Las razones: más déficit y cerrar el agujero
Es imposible saber ahora cómo se comportará el mercado en los próximos meses, puesto que esto dependerá de múltiples factores (la evolución de los costes, la meteorología, etc.). Sin embargo, para el año que viene el Ejecutivo ya ha establecido que el déficit de tarifa crecerá en 5.000 millones. Éste es el límite que no podrá superar.
Evidentemente, si los precios del petróleo y otras materias primas siguen al alza, también lo hará la luz, so pena de incrementar aún más la deuda con las eléctricas. Con la pésima situación de las cuentas públicas sobre la mesa, es difícil que el Ejecutivo se atreva a dejar que ese déficit crezca por encima de lo previsto.
Pero el problema no es sólo la deuda futura, sino la pasada. Los diferentes gobiernos españoles han preferido ir acumulando déficit a declarar subidas de la luz, algo que es muy impopular. Lo que ocurre es que en algún momento esto tenía que acabar y parece que éste es el momento (en parte para seguir en el camino de liberalizar el mercado y por otro lado porque Bruselas nos exige cada vez con más fuerza que eliminemos esta excepcionalidad).
Según publica este martes Rubén Esteller en El Economista, la luz debería subir un 20% adicional para equiparar costes y precios y cerrar el agujero con las eléctricas. Ojo, este aumento no serviría para pagar el déficit (esto se tendrá que hacer vía deuda pública) sino simplemente para evitar que siga subiendo.
Desde el punto de vista político, esta situación será un quebradero de cabeza para cualquier ejecutivo. Desde 2005, la inflación ha acumulado una subida del 13%; sin embargo, la factura de la luz se ha disparado un 53%. Todos los medios publicarán gráficas y titulares que mostrarán esta diferencia. Y será muy complicado para el Gobierno aprobar nuevos aumentos.
El quebradero de cabeza está asegurado en el Ministerio de Industria, ¿subimos el precio y enfadamos a los votantes o lo mantenemos y acumulamos más déficit? Los consumidores sólo pueden ser optimistas mirando el calendario electoral. La semana pasada el Gobierno decretó un importante descenso en las subvenciones a la energía renovable y un incremento del peaje que pagan las compañías. Este ahorro le dará un pequeño margen para poder congelar las tarifas antes de las elecciones autonómicas de mayo. Sin embargo, parece complicado que no tenga que volver a revisar las tarifas al alza antes de fin de año.