El grupo de países que más complicado tiene pagar las pensiones a medio y largo plazo es el compuesto por "España, Rumanía, Grecia, Eslovenia, Chipre, Malta, Irlanda y Bélgica”, según revela el último informe sobre el envejecimiento de la población y los efectos de la crisis económica elaborado por la Comisión Europea.
Este texto iba a ser presentado la semana pasada, pero el debate generado en España tras las declaraciones efectuadas por el gobernador del Banco de España en la Comisión del Pacto de Toledo hizo que el autor del texto lo retrasara.
Se trata del socialista Joaquín Almunia, responsable de la Economía de la UE y decidió aplazarlo hasta el miércoles para no estropear su reunión con el presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero. Almunia no quiere que se descubra la inconsistencia de los argumentos del Ejecutivo español para no encarar el problema. En la elaboración del informe también ha participado el comisario europeo de Empleo y Asuntos Sociales, Vladimir Spidla.
El documento, a cuyo borrador ha tenido acceso LD, es demoledor. La Comisión está muy preocupada por la sangría laboral que se está produciendo en Europa, una destrucción de empleo que lidera España. Y es que cuando la economía destruye puestos de trabajo la Seguridad Social pierde ingresos y pone en riesgo la salud del sistema de pensiones.
El informe enmarca a cada país en una “división”, en función del aumento del gasto público, la evolución del mercado laboral y las tasas de envejecimiento de la población.
El citado tercer grupo, en el que se encuentra España, es el que lo tiene más díficil y por ello la CE manifiesta la “urgente necesidad de reformas de sus sistemas de pensiones y de sus modelos de asistencia sanitaria”, así como “asegurar que existan los suficientes ingresos para cubrir las prestaciones. Toda una bomba para el Gobierno español, que niega la existencia de riesgos a corto y medio plazo, “garantizando” que no habrá problemas hasta 2025.
De esta forma, España será uno de los países que más se verá afectado en el aumento del gasto público relacionado con el envejecimiento de la población. En concreto, este desfase subirá a 9 puntos del PIB en 2060, casi el doble que la media comunitaria (4,7 puntos),
Los países que mejores perspectivas tienen son Bulgaria, Suecia, Portugal, Austria, Francia, Dinamarca, Italia, Letonia, Estonia y Polonia. El grupo “intermedio” entre el liderado por España y esta “primera división”, lo conforman Holanda, Finlandia, República Checa, Lituania, Eslovaquia, Reino Unido, Alemania y Hungría.
El texto hace mucho hincapié en la necesidad de mantener unas finanzas públicas saneadas, algo que el Gobierno español ni se plantea. Más bien todo lo contrario, el gasto público en España será la vía para luchar contra los efectos de la crisis, tal como ha confirmado Zapatero y su vicepresidenta económica, Elena Salgado.
La CE propone que se amplíe la edad de retiro y se restringan las posibilidades de realizar prejubilaciones. Además, plantea que se vaya reduciendo de forma gradual el peso de las pensiones públicas sobre los sistemas de protección, favoreciendo el ahorro privado, y “hacer más eficientes” los sistemas sanitarios, un punto en el que “queda mucho camino por recorrer”.
En cuanto al mercado laboral, Bruselas pide que se realicen reformas para aumentar la productividad de los trabajadores, con mayor flexibilidad de contratos y horarios. Esto iría acompañado por una reforma del sistema educativo que permita a las nuevas generaciones sentar las bases para un empleo más productivo en el futuro.
Las tres órdenes que da el informe a los Estados Miembros son claras: primero hay que “reducir la deuda pública de forma rápida”, después “reducir las tasas de paro y elevar la productividad” y, en tercer lugar, “reformar los sistemas de pensiones y el modelo de asistencia sanitaria”. El Gobierno español no contempla, por el momento, asumir ninguna de estas tres recomendaciones.
Almunia confirma que hacen falta reformas en España
Horas después de que LD abanzara este informe, el comisario europeo de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, anunció que la estrategia europea para la lucha contra el envejecimiento de la población y el sostenimiento de los sistemas de pensiones en un horizonte a 2060 pasa por "promover el empleo", ampliando los periodos de vida laboral, y establecer una "estrategia de recepción e integración" de los inmigrantes.
Durante su comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, Almunia desgranó las conclusiones del informe sobre pensiones que el Ejecutivo comunitario hará público el miércoles, que indica que es necesario una "renovación demográfica" en Europa mediante una economía "más productiva y con más dinamismo" y la sostenibilidad de las cuentas públicas para garantizar los "niveles adecuados" de protección social.
Almunia alertó de que el envejecimiento demográfico restará un punto al PIB a partir de 2060, ya que "de seguir así las cosas" los niveles de empleo actuales "no van a seguir aumentando".
Asimismo, advirtió de que la crisis "añade más dificultad" todavía a este panorama, ante la dificultad para cuantificar la duración de su impacto, si bien, éste ya es evidente.
"Hay un efecto directo de la crisis en el empleo que afecta a las cuentas públicas, que restringe el margen de maniobra, por lo que el impacto en el déficit es mayor", advirtió.
El comisario europeo incidió en la necesidad de elevar el nivel de ocupación para la población activa mayor de 55 años, que en la actualidad es un 15% inferior a la media, y aplicar reformas también de los "sistemas de protección social", en particular de pensiones, sanidad y servicios sociales "para ponerlos en una senda de sostenibilidad".
"Hay que adaptar el Estado del Bienestar a una nueva estructura social", incidió Almunia, quien advirtió de la necesidad de evitar que la carga de endeudamiento de los países para salir del ciclo se traslade "año tras año" a las finanzas públicas.
Almunia advirtió de que España será uno de los países que más se verá afectado en el aumento del gasto público relacionado con el envejecimiento de la población. En concreto, este desfase subirá en España 9 puntos del PIB en 2060, casi el doble que la media comunitaria (4,7 puntos), situándose en el grupo de mayor riesgo de los tres que contempla Bruselas.