A pesar de las críticas que recibe por su escasa utilidad y el foco de corrupción en que acaba convirtiéndose en muchos casos, el Gobierno sigue apostando decididamente por los cursos de formación para trabajadores, tanto en activo como desempleados, además de otras medidas colaterales de promoción que constituyen en su conjunto lo que se ha dado en llamar "políticas activas de empleo".
El Ejecutivo de Zapatero se gastará este año 7.358 millones de euros en estas "políticas" y en los gastos que supone el mantener la infraestructura de medios y de personal necesaria para administrar semejante volumen presupuestario. De hecho, una de las medidas estrella del Consejo de Ministros para mostrar su vocación de mecenazgo en el fomento del empleo ha sido la creación de 15.000 plazas de "orientador laboral", cuyo coste en nóminas y cotizaciones ya va a consumir 50 millones de euros, sólo en este ejercicio.
Las comunidades autónomas van a ser, en gran medida, las encargadas de gestionar la parte mollar de este dinero destinado principalmente a cursos de todo tipo. Para ello, existen los correspondientes 17 organismos autónomos dedicados a esta tarea, que en el presente ejercicio nos van a suponer por todos los conceptos el coste que detallamos en el siguiente cuadro.
Encabeza la clasificación el País Vasco, gracias a los 472 millones de euros que el Gobierno le ha transferido para "políticas activas de empleo", en virtud del acuerdo alcanzado con el Partido Nacionalista Vasco para garantizarse su voto en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el presente ejercicio. De no haberse producido esa circunstancia, la comunidad autónoma con un gasto mayor en formación y empleo sería la de Andalucía, precisamente, la que mayores casos de corrupción ha producido en los últimos meses con los fondos presupuestarios dedicados a estas materias.
El órgano que coordina la puesta en marcha de las acciones de formación a nivel nacional es la Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo, un ente ciertamente peculiar que pertenece al sector público estatal y tiene como principal cometido actuar como un "mayorista" de formación, que coloca sus productos en los servicios de empleo de las distintas comunidades autónomas, empresas y administraciones públicas.
Se trata de una fundación cuyos patronos son las organizaciones de empresarios (CEOE y CEPYME), así como los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. Según se desprende de los Presupuestos del Ministerio de Trabajo e Inmigración para 2011, los españoles vamos a entregar a ese organismo intermedio formado por sindicatos y patronal 37,7 millones de euros (6.300 millones de pesetas), sólo para pagar los sueldos de sus miembros y los gastos corrientes que semejante burocracia lleva a aparejados.
En resumen, las distintas administraciones que funcionan en España destinarán este año a cursos de formación y otras "políticas activas de empleo" una cantidad que está con seguridad muy por encima de los 12.000 millones de euros, o lo que es lo mismo, dos billones de pesetas. Otra cosa es que alguna vez veamos el resultado que justifique tanto esfuerzo presupuestario.