LD (L. Ramírez) En los últimos días el Ministerio de Economía y Hacienda ha decidido, junto al Banco de España, que se usen los Fondos de Garantía de Depósitos en la operación de integración de Unicaja con la Caja Castilla-La Mancha. El objetivo de emplear esta herramienta es evitar que se conozcan con detalle los criterios que adoptó la entidad manchega en la concesión de sus créditos, con inversiones tan dudosamente rentables como el aeropuerto de Ciudad Real y préstamos a empresarios afines al Gobierno regional.
Aunque los FDG están pensados, en principio, para resp ldar los depósitos de los clientes de entidades financieras que sean intervenidas o que se vayan a la quiebra, la normativa permite "realizar cuantas actuaciones estime necesarias para reforzar la solvencia y mejorar el funcionamiento de los bancos" en defensa de los intereses de los depositantes y del mismo Fondo.
Por lo tanto, la legislación dice que los FDG tienen la doble finalidad de aseguramiento de depósitos y de saneamiento de entidades de crédito, estableciéndose "garantías distintas e independientes para depósitos dinerarios y para depósitos en valores y otros instrumentos financieros”.
Pero cuando se analiza el patrimonio de los FDG (son tres, uno para las cajas de ahorros, otro para los bancos, y un tercero para las cooperativas de crédito) las cuentas no cuadran. El Gobierno decidió el pasado octubre ampliar el dinero que cada cliente puede reclamar por cuenta hasta los 100.000 euros, frente a los 20.000 que cubría el Fondo hasta entonces. La razón fue la espiral que se generó en Europa por el desplome generalizado del sector financiero en los mercados, la desconfianza de los ciudadanos sobre la salud de las entidades y el temor a que se produjeran quiebras en masa.
De hecho, si los Gobiernos no hubieran rescatado a los mayores bancos europeos las colas de clientes para la retirada de fondos se habrían extendido por toda Europa. El temor al corralito es más fuerte que los mensajes de optimismo que lanzan los políticos, sobre todo cuando carecen de fundamento.
Una vez aclaradas estas dos cuestiones, pasemos a desglosar al patrimonio de los FDG españoles. Según los datos de la memoria económica al cierre de 2008, el Fondo de los bancos tiene un patrimonio de 2.655,78 millones de euros, el de las cajas de 3.977,37 millones y el de las cooperativas de crédito 589,16 millones. Es decir, que en total el colchón financiero para afrontar los problemas del sector financiero es de 7.222 millones de euros.
Esta cantidad está lejos de asegurar los 2,2 billones de euros de depósitos que tiene contabilizados el Banco de España a fecha de julio de 2008. En términos porcentuales los FDG sólo cubren el 3,28% de los depósitos, una cantidad que, pese a ser pequeña, está dentro de lo establecido por el reglamento que regula el Fondo.
Los problemas aparecen cuando se analiza la primera operación que el Gobierno quiere realizar usando estos FDG. Se trata del rescate de la Caja de Castilla-La Mancha, una entidad que ha quebrado y que el Ejecutivo quiere salvar a toda costa, debido a la responsabilidad que tiene el PSOE como partido que gobierna la comunidad autónoma. Aunque no se puede obviar tampoco la influencia del PP, porque en el máximo órgano de gobierno de la entidad se sientan representantes de los dos partidos, y la mayoría de las decisiones se han tomado por unanimidad.
Pues bien, a falta de que se realice una auditoría detallada, el agujero de CCM se situaría entre los 3.000 y 4.000 millones de euros, tal como avanzó LD. Esta cantidad supone la mitad del patrimonio de los FDG y dejaría al Fondo sin margen de maniobra para futuros rescates, tanto de depositantes como de entidades financieras. La razón de que esta herramienta tenga tan poca capacidad se encuentra en que los FDG españoles no están pensados para crisis graves, sino para problemas puntuales de alguna entidad financiera.
El Fondo de Garantía de Depósitos se nutre de la aportación que hacen bancos, cajas y cooperativas de crédito una vez al año. Concretamente, un 0,6 por mil de sus depósitos en el caso de los bancos; un 0,4 por mil en el de las cajas; y un 0,8 por mil en el de las cooperativas de crédito.
Pero entonces, ¿qué pasaría si el Fondo no dispusiera de patrimonio suficiente? Según el artículo Real Decreto 2606/1996, cuando el patrimonio de los fondos alcance valores negativos la Comisión Gestora podrá "acordar la realización de derramas entre las entidades adscritas, que se distribuirán según la base de cálculo de las aportaciones, cuyo importe total no podrá exceder de la cuantía necesaria para eliminar aquel déficit. (…) Excepcionalmente, y al efecto de salvaguardar la estabilidad del conjunto de las entidades adscritas a él, un Fondo podrá nutrirse con aportaciones del Banco de España, cuya cuantía se fijará por Ley”.
El vicepresidente económico, Pedro Solbes, ha admitido que el Gobierno empleará dinero público para rescatar entidades si los FDG se agotan. La vía para ello sería la compra de participaciones preferentes (si se trata de cajas de ahorros) o la entrada en el capital de los bancos, para lo cual sería necesario que el Tesoro emitiera más deuda, ya que las arcas estatales tienen un déficit de 42.000 millones de euros (según los últimos datos disponibles a cierre de 2008), lo que equivale al 3,8% del Producto Interior Bruto (PIB).
Solbes, lejos de dar confianza mediante la transparencia se niega a informar a los ciudadanos del detalle de los rescates. El portavoz económico del PP en el Congreso le preguntó la semana pasada en sede parlamentaria y el ministro de Economía y Hacienda le contestó: "habrá recursos públicos (si se agota el Fondo de Garantía de Depósitos), entonces tendrá todo el derecho a pedirme que explique cómo vamos a hacerlo”.
El ministro no aclaró por qué desde su propio departamento ministerial se negó el uso de dinero público en eventuales rescates, desmintiendo informaciones que luego se demostraron ciertas. Incluso se atrevió a explicar que la idea de las recapitalizaciones de las entidades financieras a través del Fondo de Garantía de Depósitos se está "abriendo camino" en España, igual que la de los bad banks en Europa, para garantizar que el sistema no "salga peor" del actual periodo de crisis, aunque los bancos y cajas españoles "han aguantado bien el primer embate".
Para Solbes "el problema es qué hacer a partir de ahora".