LD (Pedro de Tena) Mucho ha llovido desde la primera medida del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía contra la autonomía de las Cajas de Ahorros. Ocurrió en 1983 y se perpetró a partir del decreto 25/1983 de 9 de febrero, que puede examinarse en el boletín de la Junta número 13 de 15 de febrero de 1983. En él, la Junta ya presidida por el PSOE a través de la figura de Rafael Escuredo, decretaba que podía ejercer el derecho de veto sobre los nombramientos de Director General y asimilados, que podía impedir o aprobar la expansión de las Cajas según conviniera; que podía suspender los acuerdos de los Consejos de Administración y que tenía que conocer cualquier nombramiento que se hiciera en la esfera ejecutiva. Nada menos.
Sólo habían transcurrido unos meses desde su victoria electoral y, como saben, el dinero de las Cajas ni es de la Junta ni es del PSOE es de los impositores andaluces, de los ciudadanos. Ahora, el PSOE prepara intensificar su dominación en las Cajas dado que se avecina la renovación en los órganos de gobierno.
Esta renovación tiene que tener lugar en 2009 y 2010. Según cuenta hoy El Confidencial, el presidente de la Caja General de Ahorros de Granada, La General, el viejo guerrista devenido chavista Antonio María Claret García ha destituido a su director general Ildefonso Pastrana, más profesional que político y que ya estuvo en la dirección de Cajasur, donde se negó a firmar la famosa póliza de jubilación del cura Castillejo, el factótum de la caja cordobesa durante décadas. La destitución no parece tener otra explicación que la presión de la Ejecutiva provincial del PSOE de Granada para eliminar cualquier posible obstáculo a la dominación del PSOE en la futura renovación de la Caja.
La prueba del nueve es el nombre del sucesor: Ramón Martín López, sólido miembro del PSOE-A, "a cuya militancia debe toda su carrera profesional en la Caja, puesto que carece de estudios universitarios, si bien recientemente ha comprado algunos rutilantes programas de alta dirección que para rentabilizar su prestigio venden Esade y el Instituto San Telmo de Sevilla. Y para reforzar ese nombramiento, la entidad granadina ha designado director general adjunto a otro ilustre militante del PSOE local, Gonzalo Suárez, anterior viceconsejero de Innovación y Universidades de la Junta de Andalucía. Un control socialista total en el primer nivel de la direción de la Caja.
Al parecer, lo mismo ha hecho el PSOE en Unicaja, donde a los tres directivos con militancia socialista que Braulio Medel incorporó al comité de dirección el pasado mes de diciembre (Francisco Linde -hermano de Enrique Linde Cirujano, ex dirigente del PSOE andaluz en la etapa guerrista -, José Luis Berrendero y Felipe Faraguna), se une ahora el dimisionario presidente de AENA, Manuel Azuaga, que ha sido nombrado director general adjunto, como ya adelantó este diario el pasado mes de enero, con responsabilidad sobre la cartera de participaciones empresariales, seguros, fondos de inversión, planes de pensiones, sociedad de valores y otros negocios gestionados por la Caja.
Manuel Azuaga, hombre de Magdalena Álvarez en AENA, también carece de estudios universitarios y se encontraba en excedencia forzosa tras su nombramiento como presidente de AENA, al ser este un cargo político. Con anterioridad había desempeñado en Unicaja como director de negocio de diferentes zonas geográficas malagueñas, por lo que carece de la experiencia y formación adecuada para desempeñar el puesto para el que ha sido nombrado. Se trata, en suma, de una imposición de carácter político, ya que Azuaga, viejo militante del PSOE-A, fue miembro de su comité director en Andalucía y es persona de la máxima confianza de Chaves y Magdalena Álvarez, posición desde la que ejerce como eficaz apagafuegos en los continuos conflictos del PSOE en la provincia de Málaga.
Sigue refiriendo El Confidencial que "prueba de la autonomía y discrecionalidad con la que ejercerá el cargo, es que no va a depender jerárquicamente del director general de Unicaja, como sería lógico, sino directamente de su presidente, Braulio Medel Cámara Tal cúmulo de circunstancias avalan la sospecha de que Azuaga sea el candidato del PSOE-A para suceder al propio Medel cuando expire su actual mandato en enero de 2010 o, cuando menos, una cabeza de puente que facilite el desembarco de algún otro ex-alto cargo correligionario."
Curiosamente, los representantes del PP-A no han hecho público comunicado alguno sobre estas sorprendentes circunstancias y, al parecer, han dado el visto bueno a estos nombramientos aunque es evidente que la formación profesional de los nombrados no parece ser el más apropiado.
Así comenzó la dominación socialista en las Cajas de Ahorro andaluzas.
Aquel decreto de 1983 al que nos referimos en la entradilla de este artículo decía textualmente lo que sigue:
Artículo tercero.- Expansión de las Cajas de Ahorros.
La Consejería de Economía, Industria y Energía vigilará, el cumplimiento de las normas vigentes en materia de apertura de nuevas oficinas dentro del territorio de la Comunidad Autónoma, y podrá dar las autorizaciones pertinentes en los casos excepcionales previstos en la legislación.
Artículo cuarto.- Estatuto y Órganos de Gobierno.
1.- La Consejería de Economía, Industria y Energía, de acuerdo con el Real Decreto 2290/77, ejercerá las siguientes facultades:
a) Aprobar cualquier modificación en los Estatutos y en los Reglamentos que hubiese acordado la Asamblea General
b) Ejercitar en su caso el derecho de veto al nombramiento de Director General o asimilado y aprobar su remoción si así procediera por ineficiencia en su actuación o cualquiera otra causa justa.
c) Resolver definitivamente, sin perjuicio de las actuaciones que posteriormente procedan, sobre la suspensión de la ejecutividad de los acuerdos del Consejo de Administración, efectuada por el Director General o asimilado.
La referencia al Real Decreto 2290/77, de la época Suárez muestra cómo se retorció tal decreto para dar el poder en las Cajas a la Junta de Andalucía. De hecho y por ejemplo, en dicho decreto era el director general de las Cajas el que podía suspender la ejecutividad de los acuerdos del Consejo de Administración, pero en el decreto de la Junta, tal facultad ya forma parte de las atribuciones de la Junta de Andalucía eliminando la autonomía del director general.