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El PP se querella contra el Banco de España por la Fundación CCM

El PP de Castilla-La Mancha ha emprendido acciones judiciales contra el proceso de constitución de la Fundación CCM, encargada de la Obra Social de la extinta Caja de Castilla-La Mancha.

Estas acciones se concretan en una querella contra los tres administradores del Banco de España y sendos recursos contencioso-administrativos por decisiones del Gobierno regional.

Según ha informado en rueda de prensa el presidente provincial del PP de Toledo y miembro de la dirección regional del este partido, Arturo García-Tizón, la querella contra los tres administradores del Banco de España es por los presuntos delitos de falsedad en documento público y delito societario por haber "modificado" los estatutos de la Fundación CCM sin pasar por la asamblea general.

Según García-Tizón -que no quiso responder a otras preguntas ajenas a CCM y tampoco facilitó a la prensa los documentos de estas demandas judiciales-, la querella contra los administradores del Banco de España (que se hicieron cargo de CCM desde su intervención por el órgano regulador hasta su integración en el Banco Liberta, del Grupo Cajastur en octubre) se ha presentado hoy en el juzgado decano de Toledo.

Además, el PP de Castilla-La Mancha ha presentado también un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del pasado 14 de septiembre de la vicepresidenta de Castilla-La Mancha y consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, por la "constitución parcial" de la Fundación CCM y que se ha presentado ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de la región. Asimismo, el PP también ha presentado otro recurso contencioso-administrativo, en este caso ante el juzgado de lo contencioso-administrativo de Toledo, contra la inscripción de la Fundación CCM en el Registro de Fundaciones de Castilla-La Mancha.

La querella se ha presentado contra los administradores de CCM que nombró el Banco de España tras su intervención el 28 de marzo de 2009 y que eran Raúl Hernández Pardo, Carlos Miguel Hervás Arnáez y Jorge Pérez Cerdá Silvestre. El dirigente del PP ha explicado que los tres administradores del Banco de España han "modificado" y "alterado", en la escritura de constitución, los estatutos de la Fundación CCM que aprobó la asamblea el pasado 30 de junio, cuando se acordó la liquidación de la Caja.

Según García-Tizón, los administradores del Banco de España no estaban capacitados para modificar los estatutos de la Fundación CCM sin haber pasado de nuevo por la asamblea general. El dirigente del PP ha incidido en que sólo conocen de forma parcial tanto la resolución de la consejera como el proceso de su inscripción en el Registro Regional de Fundaciones.

Respecto a la resolución emitida por Araújo sobre la constitución de la Fundación CCM, el PP entiende, por lo que conoce hasta ahora, que es "nula de pleno derecho" porque está en contra de lo dispuesto en la propia Ley de Cajas de Castilla-La Mancha de 1997, que se modificó este año para incorporar el precepto que permite que las cajas pudieran segregar su actividad financiera y pasarla a otra entidad y mantener la Obra Social de las cajas en una fundación.

Así, y según el también diputado nacional del PP, la resolución emitida por la consejera de Economía no respeta la representación de los grupos que conformaban los órganos de gobierno de CCM (entidades fundadoras, impositores, etc.)

Además y según la modificación de la Ley Regional de Cajas que se aprobó la pasada primavera, las Cortes Regionales deben tener un 20% de representación en el Patronato de la Fundación CCM, que "se ha incumplido", por lo que tampoco descartan acciones penales contra Araújo por un posible delito de prevaricación.

A estas iniciativas judiciales hay que sumar una denuncia que presentaron el pasado mes de junio varios antiguos consejeros generales del PP en CCM contra el ex-presidente de la entidad, el socialista Juan Pedro Hernández Moltó, por los presuntos delitos de falsedad documental, societario y de administración desleal y que se encuentra en la Audiencia Nacional, después de que los juzgados de Cuenca entendieran que no era de su competencia.

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