LD (Lorenzo Ramírez) La Comisión del Pacto de Toledo ha vuelto a ser protagonista tras el certero diagnóstico realizado por el gobernador del Banco de España. Después de constatarse que el Gobierno ha decidido luchar contra los efectos de la crisis exclusivamente mediante el gasto público, en lugar de buscar soluciones estructurales a largo plazo que flexibilicen el mercado laboral y que fomenten el ahorro privado, este organismo creado para reformar el sistema de pensiones retoma unos trabajos que parecían olvidados desde finales de los años noventa.
Aunque el Gobierno niegue que existan problemas para el equilibrio financiero de la Seguridad Social -el más reticente a admitirlo ha sido el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho- todos los economistas coinciden en el núcleo del problema: la esperanza de vida aumenta a un ritmo que no pueden cubrir los nacimientos, lo que cambia la estructura demográfica pirámidal y la transforma en un pilar.
La tendencia se invierte y las cotizaciones a la Seguridad Social no serán suficientes para cubrir las pensiones del sistema. ¿Cuándo? El Banco de España cree que dentro de un año porque el fenómeno se ha agudizado por la recesión económica. El mercado laboral ha expulsado a 1,3 millones de afiliados desde el inicio de la crisis y las necesidades de gasto público se disparan.
Los años de bonanza han permitido que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se sitúe al cierre de 2008 en 57.000 millones de euros, una cantidad no muy alta, ya que con este dinero sólo se pueden afrontar 9 meses de pagos de pensiones.
Por ello, el PP ha decidido elaborar un conjunto de iniciativas que alarguen en la medida de lo posible la salud del sistema de protección. LD ha podido conocer algunas de las claves que estudian los populares.
Blindar el Fondo de Reserva
Entre otras herramientas, el PP pone sobre la mesa blindar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social para que se ocupe sólo de las necesidades de las pensiones de jubilación. Las de vejez, invalidez y viudedad (las otras pensiones contributivas) serían financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
De esta forma se evitaría que el Gobierno recurra al Fondo para elevar pensiones que no tienen que ver con la jubilación, lo que aumentaría la capacidad de esta hucha para afrontar el problema financiero derivado del envejecimiento de la población.
Otra de las iniciativas -en la que coinciden con el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado- es incentivar fiscalmente el alargamiento de la vida laboral, de forma que se favoreciera un aumento de la edad media de jubilación, que se encuentra actualmente en los 63 años.
Ampliar el periodo de cálculo
Lo que sí niegan las fuentes consultadas es que el PP pretenda ampliar el periodo de cálculo de las pensiones a toda la vida laboral (uno de los fines que persigue a largo plazo la Comisión del Pacto de Toledo y que ha sido defendida en sede parlamentaria). Consideran que ahora no es el momento y que es necesario avanzar hacia un estadio intermedio, como por ejemplo aumentar de 15 a 20 ó 25 años el periodo de cálculo.
Lo que está claro es que la cuantía de las pensiones bajará, pero no para los actuales pensionistas, sino para aquellos que tengan menos de 45 ó 50 años. Como avanzó LD, ampliar el periodo de cálculo a toda la vida laboral reduciría la cuantía media de las pensiones en un 30%, como establecía el primer borrador de reforma.
En todo caso, aunque el Ejecutivo lo niegue en el fragor de la batalla política, la necesidad de reforma es innegable. Hasta que no se abra un debate serio entre los principales partidos políticos el tiempo corre en contra de la estabilidad del sistema. Más aún si se tiene en cuenta que la crisis española no acabará en 2010, a tenor de los últimos informes del FMI y del propio Banco de España.
Sangría laboral y salud de la Seguridad Social
El último Boletín de Avance del Mercado Laboral Afi-AGETT , que adelantó hace más de una semana los principales indicadores que arrojó días después la Encuesta de Población Activa (EPA), asegura que la destrucción laboral récord que sufre Esàá coloca en una situación muy delicada al sistema de pensiones público. Y es que, "la ratio afiliados/pensionistas ha descendido hasta los niveles de 2005", alerta:
En concreto, "en marzo, la ratio afiliados/pensionistas se ha situado en el 2,62, siendo ésta la más reducida desde mediados de 2005. El superávit de la Seguridad Social disminuirá apreciablemente en 2009 y bastará con una ratio de 2,3 afiliados por pensionista para que las cuentas de la Seguridad Social rocen el déficit. Esto sucederá en 2010 aunque se estabilice el número de cotizantes".
Falta una apuesta decidida por las pensiones privadas
Una de las cuestiones que no aparece en el debate sobre la reforma es la apuesta decidida de los legisladores por un sistema que complemente pensiones públicas y privadas. De hecho, el Gobierno se ha caracterizado por penalizar el ahorro privado.
En esta línea se pronuncia Vicente Boceta Álvarez , Técnico Comercial y Economista del Estado. En la
Tribuna Libre de LD, Boceta vuelve a poner sobre la mesa una propuesta que realizó el Círculo de Empresarios en 1996 y 2001, a su juicio “todavía válida”, defendiendo un sistema de tres pilares como el que se presentó en 1994 por el Banco Mundial en su estudio: “Envejecimiento sin Crisis”.
Se trataba de un primer pilar público con cargo a los Presupuestos Generales del Estado garantizando una pensión básica para todo el mundo, haya cotizado o no a lo largo de su vida laboral.
Un segundo pilar, también obligatorio, constituido por los fondos de capitalización privada sobre los que el Estado ejercería una labor clave de vigilancia y regulación, para asegurar un elevado grado de fiabilidad a estas inversiones. Finalmente, el tercer pilar, totalmente voluntario, sería el equivalente al de los actuales fondos de pensiones privados.
“En definitiva, no se trata de que un sistema de fraude piramidal pueda quebrar sino de que un sistema alternativo de ahorro privado ofrece a los trabajadores ventajas claras sobre el de reparto”, señala Boceta.
Los gastos superan a los ingresos
La Seguridad Social tiene como objetivo este año gastar 107.000 millones de euros (de los que 93.000 millones son para las pensiones contributivas y otros 2.000 millones son para pensiones asistenciales). Pero la crisis está afectando a sus ingresos, inicialmente previstos en 116.000 millones.
Según el organismo que dirige Octavio Granado, los ingresos que proceden de las cuotas de los ocupados caerán un 5%, aunque las cotizaciones de los desempleados crecerán un 35%. La previsión de la Seguridad Social es que el desfase entre ingresos y gastos se traduzca al final en un superávit de unos 5.600 millones. Son 3.000 millones menos que lo previsto inicialmente y una cantidad que podría ser mucho menor si el mercado laboral sigue destruyendo empleo a velocidad de vértigo:
Fuente: Ministerio de Trabajo
Lo primero que debe hacer el Ministerio de Trabajo es actualizar sus estimaciones sobre el mercado laboral. Celestino corbacho “garantiza” las pensiones, al menos, hasta 2025. el problema es que sus cálculos son erróneos: parten de la base de que España crecerá un 3% este año y que se creará empleo, pintando un cuadro idílico que no soporta ningún análisis riguroso. En todo caso, aunque el PP y los economistas planteen alternativas, la pelota está en el tejado del Palacio de La Moncloa.