LD (Agencias) El PP no incluirá entre sus enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado para 2009 la creación del fondo de compensación por valor de 1.000 millones de euros que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps, exigieron ayer para cada una de sus regiones ante el aumento de población experimentado en ambas.
Fuentes populares señalan que esta reivindicación se vincula a la reforma de la financiación autonómica, a pesar de que se justifique en la dotación consignada en los Presupuestos para Madrid y Valencia en los dos últimos ejercicio.
Esperanza Aguirre expuso este miércoles que el nuevo modelo de financiación autonómica no contempla el incremento poblacional que han experimentado regiones como Madrid y Valencia, que en los últimos años han crecido en un millón de habitantes, lo que ha provocado que los gobiernos autonómicos tengan que poner 1.000 millones de euros anuales para financiar los servicios públicos.
Por esta razón, ha exigido al vicepresidente económico, Pedro Solbes, que antes del 1 de enero de 2009 cambie el sistema de financiación pero que, entretanto, apruebe un fondo de compensación de la población que permita paliar esta situación.
Presupuestos "humillantes"
Para Aguirre, los PGE para 2009 son "humillantes" para madrileños y valencianos. "Creemos que en estos presupuestos se consagra el maltrato y la asfixia a la Comunidad de Madrid", indicó, al tiempo que apuntó que el hecho de que no se haya querido reconocer en el modelo de financiación el incremento poblacional y el que se haya "arreglado" este asunto en otras comunidades autónomas "por distintos caminos, consagra una injusticia flagrante".
Por su parte, Camps indicó que tanto la Comunidad Valenciana como Madrid se han unido para "exigir la palabra dada" del Gobierno, al tiempo que para que el nuevo modelo de financiación "reconozca" el crecimiento de población, y sobre todo, para "denunciar" la paralización del debate sobre el modelo de financiación que otorga "de forma arbitraria" la financiación de políticas de bienestar social a comunidades "amigas" del Gobierno, que niega dar el mismo criterio de corresponsabilidad de financiación e inversión a otras como Valencia y Madrid.
Reforma fiscal
Por su parte, este mismo jueves el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, ha presentado la propuesta fiscal del PP, concretadas a través de 40 enmiendas a la Ley para la supresión del Impuesto de Patrimonio y que se incluirán en las modificaciones parciales que el PP presentará este viernes a los PGE.
Montoro ha señalado que aseguró hoy que la reforma fiscal que propondrá al Ejecutivo, tendrá un carácter "selectivo" para beneficiar a los más afectados por la crisis, como son las familias con hipoteca, las pymes y los trabajadores autónomos, y su coste "no llega ni a la tercera parte" de la devolución de 400 euros en IRPF, valorada en más de 6.000 millones de euros.
El documento contiene de hecho todas las medidas fiscales que han ido remitiendo al Congreso desde el principio de la legislatura, y abunda en la reducción del tipo del Impuesto de Sociedades en al 20 por ciento para las pymes o el incremento al 25 por ciento de la deducción por adquisición de vivienda para el IRPF.
Contención del gasto público
Además, incluye incentivos al ahorro a medio y largo plazo, a través de una deducción del 10 por ciento en el IRPF, y la mejora de la fiscalidad de los planes de pensiones. También incide en mejorar la fiscalidad de la actividad de los trabajadores autónomos, ante el aumento de la morosidad, elevando los porcentajes de provisiones y del índice para cubrir insolvencias.
Montoro ha eludido concretar el impacto que tendrían en las cuentas públicas estas medidas, que además tendrían que combinarse con la reclamación principal de las enmiendas parciales que el PP presentará a los Presupuestos: la contención del incremento del gasto público para el próximo año al 2 por ciento del PIB.
Carácter selectivo
De esta forma, insistió que será un coste "asumible" por el Estado que se recuperará además porque su destino es "relanzar" la actividad económica. "En todo caso, no llegará ni a tercera parte de los 6.000 euros", remachó en alusión al coste de la devolución de los 400 euros aprobada por el Ejecutivo en abril.
Asimismo, aseguró que el carácter "selectivo" de sus propuestas permitirá "ayudar a quienes más lo necesitan", por lo que sus beneficios a efectos de la reactivación de la economía se notarán rápidamente.