LD (M. Llamas) La crisis financiera internacional centró la cumbre de la UE celebrada el pasado jueves, hasta el punto de que eclipsó los acuerdos sobre la lucha contra el cambio climático, que hasta ahora era defendido por la mayoría de gobiernos como el "mayor reto" al que se enfrentaría la humanidad en el presente siglo.
La UE se reafirmado su objetivo de reducir las emisiones de CO2 en un 20%, que el 20% de la energía final consumida sea renovable y reducir en un 20% el consumo energético, todo ello para 2020. Además, se quiere que para ese año los biocombustibles supongan el 10% de todos los carburantes usados en el transporte.
La cumbre recalcó el objetivo de que el Consejo Europeo de los próximos 11 y 12 de diciembre alcance un acuerdo sobre las modalidades concretas de puesta en marcha de las medidas comunitarias. Sin embargo, han surgido las primeras reticencias en el seno de la UE. Y es que, al menos diez de los 27 Estados miembros criticaron la amplitud y el calendario de las medidas propuestas, teniendo en cuenta la crisis financiera mundial que ya amenaza con recesión económica a numerosos países europeos.
La lucha contra el supuesto calentamiento global podría arrojar una cuantiosa factura extra para el bolsillo de los contribuyentes. El coste final del paquete en su conjunto superará los 73.000 millones de euros anuales de aquí a 2020 para la UE-25, según un informe elaborado por el think tank Open Europe.
Y ello, contando con que el coste de las energías renovables se reduzca en el futuro, ya que de mantenerse el coste actual, la factura final superará los 90.000 millones de euros anuales. En el caso de España, el informe apunta a una factura próxima a los 5.800 millones de euros al año.
En el conjunto de Europa, la directiva climática supondrá de media un coste extra de 160 euros por persona y año, y casi 650 euros anuales para una familia de cuatro miembros. En caso de Gran Bretaña, la aplicación de esta política empujará a casi 1 millón de personas más a carecer de recursos suficientes para afrontar el elevado coste de los combustibles.
El precio de la electricidad subirá de media un 23%
Esta institución estima que la factura energética aumentará hasta un 13% para los británicos, mientras que el precio de la electricidad subirá de media casi un 23% para el conjunto de la UE.
Mientras, el objetivo del 10% en el uso de biocarburantes para el transporte costará a los contribuyentes entre 33.000 y 65.000 millones de euros extra de aquí a 2020, según un informe interno elaborado por la propia Comisión Europea (CE) el pasado mes de enero. De hecho, el estudio advierte que en un documento anterior la CE admitía que el uso de biocombustibles no es, precisamente, "la forma más económica y eficaz para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero".
La industria de los biocarburantes recibirá 23.000 millones
Además, la Agencia Europa de Medioambiente y la OCDE son algunos de los organismos que se han posicionado en contra de este tipo de carburantes por encarecer el precio de los alimentos, con los efectos que ello provoca en los países del Tercer Mundo. Según Open Europe, dicho objetivo comunitario generará más de 23.000 millones de euros al año para la industria de los biocarburantes.
Sin embargo, esta política apenas supondrá reducir un 1% las emisiones de CO2 en toda la UE. Así, según el informe, si ese dinero se destinara a políticas de reforestación, se lograría reducir casi el 30% de las emisiones totales de la UE en 2020.
Tampoco las energías renovables resolverán el problema. La mayoría de la literatura económica sugiere que hay formas mucho más baratas y eficientes para reducir las emisiones que subvencionar directamente las energías renovables.
Gran Bretaña necesitará contruir 14.000 turbinas eólicas
Además, la apuesta por este tipo de Fuentes limpias podrían tener un efecto indeseado sobre el entorno ambiental. Así, el estudio avanza que Gran Bretaña precisará construir más de 3 turbinas eólicas diarias de aquí a 2020 para cumplir los objetivos marcados por la UE. Es decir, un total de 14.000 molinos adicionales, 8.500 de ellos en tierra.
"La planificación de este inmenso compromiso ya está en marcha, y ello implicará la construcción de grandes granjas de viento en zonas remotas, y a menudo ecológicamente sensibles", añade el informe.
Más proteccionismo y menos competitividad
Por otro lado, los ingresos que se obtengan a través de la subasta de permisos de emisiones se destinará a incrementar el gasto público en el desarrollo de políticas verdes, en lugar de reutilizar dichos recursos para reducir impuestos a las empresas afectadas, advierte. Por ello, "las empresas de la UE serán mucho menos competitivas, lo que a su vez presionará a los gobiernos para aplicar políticas proteccionistas".
En este sentido, cabe destacar que la directiva establece que, en ausencia de un acuerdo internacional satisfactorio, la Comisión presentará una propuesta en 2011 para imponer un tarifa verde (impuestos) para gravar las importaciones procedentes de países que no se atengan a los compromisos post-Kioto.
Costes extra para los contribuyentes
De este modo, el plan climático de la UE supondrá una factura extra de "particular preocupación en un momento en el que Europa está al borde de una desaceleración económica, y algunos Estados miembros ya están en recesión", según el estudio.
El organismo afirma que se trata del plan más "ambicioso" que se ha planteado en el seno de la UE desde el lanzamiento del euro. Sin embargo, tanto el coste directo de dichas medidas, unido a la incertidumbre que ha generado el comercio de emisiones de CO2 planteado por la Comisión Europea, amenaza la viabilidad de la gran industria continental.
El estudio concluye que las medidas aprobadas aplicarán un "sobreprecio". Y es que, el coste estimado para la reducción de carbono en el marco del programa comunitario oscilará entre los 80 y los 105 euros por tonelada de CO2 en el mercado de emisiones, casi el doble que algunas de las estimaciones oficiales.
En un momento de crisis financiera, resulta "esencial" llevar a cabo una política que logre reducir las emisiones de CO2 con el menor coste económico posible para los europeos. Según Hugo Robinson, director del Open Europe Research y autor del informe, "ahora más que nunca, resulta obvio tratar de reducir las emisiones de carbono de la forma más eficiente y barata posible". La actual política de la UE es "extremadamente cara", de modo que los europeos "pagarán mucho más de lo necesario en la lucha contra el cambio climático".
Por ello, Robinson aboga por eliminar los compromisos fijados por Bruselas en cuanto a las energías renovables y los biocombustibles, ya que disparará "artificialmente la inversión hacia mecanismos de reducción de CO2 muy costosos".
"Los políticos que firmen ahora este acuerdo estarán fuera de sus cargos dentro de 10 años, pero los pensionistas y los pobres" sufrirán entonces sus consecuencias, alerta.
Crecen las dudas sobre el cambio climático
Y todo ello, teniendo en cuanta que se acrecientan las dudas científicas acerca del origen y la peligrosidad del supuesto calentamiento global. No obstante, el deshielo del Ártico se está desacelerando, mientras que la temperatura global del planeta no asciende desde comienzos del siglo.