Pero antes de entrar en materia, es necesario indicar que el INEM no tiene dinero para este programa, por lo que el Gobierno autoriza un "crédito extraordinario" de 340 millones de euros que será financiado totalmente con nuevas emisiones de deuda pública, para que no compute en el déficit. El Ejecutivo se hace trampas en el solitario.
Hace un mes, la coordinadora Nacional del Sindicato CSIF en el antiguo INEM ya advirtió de la multitud de errores cometidos por el Ministerio de Trabajo en el diseño del programa de subsidios. Denunció que no se había evaluado "cómo se podrían reducir o minimizar los impactos del plan sobre un servicio público que ya de por sí estaba desbordado".
Por ello, indicaban que "la dirección del SPEE y, por tanto, la del propio Ministerio de Trabajo, no pueden alegar errores, sorpresas o ignorancia ante la situación en la que nos encontramos, por cuanto desde este sindicato, en solitario, se habían emitido reiteradamente notas sindicales avisando de los gravísimos efectos que iba a tener el anuncio de esta nueva prestación".
Pues bien, el departamento ministerial que dirige Celestino Corbacho ha hecho caso omiso de las peticiones de los profesionales y ha decidido mantener la estructura de un plan que, según las fuentes del INEM consultadas por LD crea "inseguridad jurídica", generará un "caos" en los Servicios públicos de Empleo y se producirán "cobros indebidos" por errores del sistema, dinero que luego deberá ser devuelto por los desempleados sin recursos.
"Se triplican los clientes y las solicitudes se amontonan sobre las mesas lo que, junto con el excesivo plazo que nos da de respuesta la Agencia Tributaria para comprobar los datos de los solicitantes, va a provocar que haya que levantar la mano en muchos casos, concediendo ayudas que luego derivarán en cobros indebidos. A todo ello se une la presión política brutal y la desigualdad salarial con otros trabajadores de la Seguridad Social. Como siempre, esto a quien más perjudica es al ciudadano", señalan las fuentes consultadas.
Esta enfoque coincide con el que defiende CSIF que recuerda como "en los programas asistenciales, como el que nos ocupa, es básico disponer en tiempo real de los datos de la Agencia Tributaria y que éstos sean lo más completos posibles. En la actualidad se tardan tres días en obtener esos datos y no son tan completos como desearíamos, lo que indudablemente implica el retraso en la resolución de los expedientes".
Los datos respaldan esta visión de improvisación y falta de recursos. Para "mantener un servicio cada vez más degradado, el Ministerio de Trabajo ha optado por el recurso de la temporalidad y precariedad", señala CSIF de dicha plantilla, lo que se traduce en un 16 % sobre el conjunto total de trabajadores del Instituto, que en las oficinas de prestaciones (atención directa al ciudadano) se dispara al 25 %. Hay provincias, como Gerona, donde el 50 % de la plantilla de las oficinas es personal temporal y, por tanto, "sin los conocimientos y la experiencia requeridos para una situación de tal magnitud".
Además, la norma publicada en el BOE establece que los cientos de miles de personas que podrán solicitar la ampliación del Programa tienen un plazo de 60 días para realizarlo. Esta circunstancia va a colapsar los servicios nuevamente, según CSIF, dado que el referido plazo va a coincidir con los meses de diciembre y principios de enero, "época francamente problemática en la que coincide un tradicional incremento de las cargas de trabajo con los días de descanso del personal en el periodo navideño".
Finalmente, CSIF también critica la excesiva improvisación de la nueva apuesta del INEM en Internet, el portal "Red Trabaja". A su juicio no sólo no servirá para acelerar los trámites y reducir las colas en las oficinas, sino que supondrá un obstáculo más en la gestión.
"Abundando en lo que respecta a la informática, la puesta en marcha del proyecto estrella del Ministerio de Trabajo e Inmigración no ha aportado ningún beneficio (en lo que al reconocimiento on-line de las prestaciones por desempleo se refiere después de consumir grandes recursos económicos y organizativos. Más bien al contrario, ha multiplicado los problemas e incidencias, tanto en el área de información a los solicitantes como en lo que respecta a la gestión de las prestaciones".