Los organismos internacionales lo vienen advirtiendo desde hace tiempo. La burocracia, la regulación y el creciente intervencionismo estatal que padece España están ahogando la actividad empresarial y el espíritu emprendedor, claves esenciales para la recuperación económica y alcanzar un crecimiento sólido y sostenido a largo plazo.
La economía española es una de las menos competitiva de la OCDE, el grupo que engloba a las 30 países más ricos del planeta. ¿El motivo? Según el Banco Mundial, España perdió el pasado año 11 puestos en el ránking internacional que mide la facilidad para hacer negocios, hasta el 62, de un total de 183 países. De este modo, los empresarios cuentan con más posibilidades en Mongolia o Europa del Este que en España.
La pérdida de competitividad española acaba de se ratificada por el Foro Económico Mundial (FEM) que, en su último informe, alerta de que España ha perdido 9 puestos en el ránking de competitividad global, al pasar del 33 en 2009 al 42. De hecho, desde 2004, año en el que Zapatero llegó al poder, la economía nacional ha perdido 19 puestos en la clasificación de países más competitivos.
Los analistas de este organismo apuntan explícitamente al mercado laboral como motivo principal de este acusado deterioro: "La alta inflexibilidad del mercado laboral desalienta la creación de trabajo, una cuestión de especial preocupación con el alto y persistente desempleo en el país".
Es decir, la elevada rigidez que sufre el mercado de trabajo explica el liderazgo de España en materia de desempleo. España registra ya la tasa de paro más alta de toda la UE, por encima incluso de Letonia. En julio, el paro español ascendió al 20,3%, según Eurostat.
El análisis del FEM respecto al empleo no deja lugar a dudas. La economía española cuenta con una legislación laboral tercermundista. En concreto, el informe mide cuatro aspectos para determinar la eficiencia del mercado de trabajo: relaciones emresario-trabajador, flexibilidad de salarios, rigidez laboral, regulación de contratación /despido y costes laborales redundantes.
Todo ello da como resultado una nota media mediocre. La eficiencia del mercado laboral español se sitúa en el puesto 115 del mundo, a la cola del conjunto de países analizados, justo por delante de Mauritania (113), Mozambique (116), y Portugal (117).
Cooperación en las relaciones empresario/empleado: puesto 103; justo por detrás de potencias de la talla de Lesotho, Timor Oriental, Tanzania y Egipto; y por delante de Pakistán, Etiopía, Moldavia y Paraguay.
Flexibilidad para determinar sueldos: puesto 124; por detrás de Libia, Venezuela, Tanzania, Mozambique y Portugal; y por delante de Noruega, Bélgica, Irán e Irlanda.
Rigidez laboral: puesto 119; por debajo de Taiwan (China), Rumanía, Nepal, Cabo Verde; y por delante de Tayikistán, Croacia, Grecia y Estonia.
Contratación y despido: puesto 137; por detrás de Ecuador, Sudáfrica y Argentina; y tan sólo por delante de Portugal y Venezuela.
Costes redundantes: puesto 89; por debajo de India, Guayana, Albania, Tailandia; y por encima de Angola, Colombia y Jamaica.
