La propuesta presentada por el Gobierno para lograr un pacto de Estado que ayude a España a salir de la recesión contiene medidas que ya están debatidas, votadas y aprobadas por el Parlamento, lo que demuestra la falta de capacidad de los asesores de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, para diseñar un programa efectivo de reformas que ayude a España salir de la recesión y volver a un crecimiento del PIB que permita crear empleo.
En concreto, se trata de una de las cuestiones sobre las que parece haber un cierto grado de acuerdo: la aplicación de un IVA reducido a las obras destinadas a la rehabilitación de inmuebles. Esta medida ha sido recibida con buenos ojos por el PP y ha emplazado al Gobierno a que la apruebe lo antes posible. El problema es que ya está incluida en la legislación tributaria española, desde hace casi veinte años.
La Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) especifica que "se aplicará un tipo impositivo reducido "a las ejecuciones de obras de albañilería realizadas en edificios, o partes de los mismos, destinados a viviendas" siempre que se cumplan una serie de condiciones, como por ejemplo que "el destinatario sea una persona física, no actúe como empresario o profesional y utilice la vivienda a que se refieren las obras para su uso particular".
En esta Ley se hicieron algunas pequeñas modificaciones en 2008, en el paquete de medidas "para impulsar la actividad económica" del Gobierno, pero el IVA reducido se mantuvo para cuando las obras" tengan por objeto "la reconstrucción de la vivienda mediante la consolidación y el tratamiento de las estructuras, fachadas o cubiertas, u otras análogas".
Estas ejecuciones de obras de albañilería son las que afectan a la estructura del edificio (como por ejemplo los pilares y las partes exteriores de los edificios), así como a los suministros, tales como cañerías, redes eléctricas y similares, dejando fuera las pequeñas reformas dentro de los inmuebles, como tirar tabiques o cambiar el suelo de la vivienda.
Los asesores fiscales consultados por Libertad Digital están sorprendidos por el hecho de que nadie desde las filas socialistas o populares haya recordado la existencia de este IVA reducido para la rehabilitación de inmuebles.
No obstante, las fuentes consultadas señalan que "a lo mejor la intención del Gobierno es extender la rebaja fiscal a todo tipo de reformas", ya que, según está redactada la norma en vigor, las pequeñas obras tributarían al tipo general, del 16% (que será subido en junio).
Las propuestas del Gobierno y el PP no son claras
De momento, es imposible concretar la intención final del Ejecutivo, ya que el documento presentado para lograr el pacto anticrisis no es exhaustivo. Sobre esta cuestión el texto señala que se pretende una "reducción del IVA para todo tipo de obra de rehabilitación de vivienda: durante dos años, todas las obras de rehabilitación en las viviendas tendrán un tipo del IVA reducido (8% a partir de 1 de julio)".
Además, indica que "se quiere extender el concepto de rehabilitación estructural a efectos de aplicación del tipo de IVA reducido: se amplían las obras consideradas de rehabilitación estructural a efectos del IVA con el objeto de disminuir el coste de la renovación del parque de viviendas, en particular en el centro urbano de las ciudades".
Por su parte, el PP, en la contra-propuesta presentada al Gobierno pide el "establecimiento del tipo reducido del IVA a determinados servicios intensivos en mano de obra como los de pintura, fontanería,
electricidad y carpintería para fomentar el consumo". Como en el caso del Gobierno la concreción brilla por su ausencia, ya que no aclaran si cualquier reforma de una vivienda estaría incluída en esta medida.
La reforma de los puertos ya estaba pactada
No es la única medida propuesta por el Gobierno que ya estaba pactada con la oposición. Según reveló LD el pasado 25 de febrero, el ministro de Fomento, José Blanco, incluyó en el documento la reforma de los puertos españoles, que ya fue acordada con el PP hace unos meses.
El pasado 5 de octubre ambas formaciones políticas firmaron un acuerdo (que se escenificó en el Pleno del Congreso tres días después) que plasma las reformas necesarias para desarrollar un nuevo modelo portuario en España. En concreto, se trataba del "acuerdo político para la tramitación del proyecto de la Ley de modificación de la Ley 48/2003 de régimen económico y de prestación de servicios en los Puertos de Interés General".
Pues bien, en el texto de propuestas presentadas el grupo nombrado por el presidente del Gobierno para gestionar el pacto (formado por Elena Salgado, Miguel Sebastián y José Blanco) se incluye como punto a negociar) el siguiente tema: "desarrollo del modelo aeroportuario y portuario".
Fuentes del PP consultadas por Libertad Digital no dan crédito a la desfachatez del Ejecutivo. Califican el documento presentado de "lista de la compra" y señalan que el Gobierno "demuestra su improvisación y falta de ideas" al incluir en el texto de reformas acuerdos que ya están cerrados.