Algunos estados están volviendo a apelar a los principios soberanistas de los estados que introdujeron los Padres Fundadores de la nación, e incluso al derecho de secesión, como arma para luchar contra el desbocado intervencionismo de la Administración Obama. En los últimos meses se han sucedido actos y llamamientos en este sentido.
En abril de este año, el Gobernador de Texas, Rick Perry, en una de las tea parties en protesta de los impuestos, sugirió que si el gobierno federal continuaba “menospreciando a los americanos” estrangulándolos a base de impuestos, gastos y deuda, podrían llegar a hartarse tanto que en algún momento podrían desear independizarse.
Además, dijo que cuando el estado de Texas entró en la unión en 1845 fue con la idea de que también podría salirse. Un hecho que parece común a la gran mayoría de estados que se unieron a los Estados Unidos.
En otros estados se están tomando acciones legislativas para poner coto a las garras del Gobierno federal, tal y como cuenta el diario Los Angeles Times. En el estado de Montana, los legisladores promulgaron un proyecto de ley sobrela Libertad de Armas de Fuego (Montana Firearms Freedom Act), que ignora deliberadamente las restricciones sobre armas de fuego impuestas desde Washington.
Según un representante de este estado y promotor de la idea, Joel Boniek, la cuestión de las armas sería simplemente el vehículo para asegurar y defender la soberanía de los distintos estados, con el objetivo de eliminar la capacidad de Washington para establecer políticas y legislaciones a nivel nacional en gran variedad de temas, como la educación, los derechos civiles o la ejecución de la ley.
El próximo movimiento de Boniek podría ser el tratar de convertir al sheriff en la máxima autoridad para hacer cumplir la ley de cada poblado, requiriendo a los oficiales federales que pidan permiso para ejercer la autoridad en Montana.
Propuestas para limitar a Washington
El caso de la propuesta de Montana no es el único, sino que da cuenta de la creciente preocupación a nivel nacional por los abusos expansionistas del gobierno federal. En otra media docena de estados también se han propuesto medidas parecidas, y existe interés por parte de otros tantos estados en este tipo de proyectos de ley. Aún así, no será fácil que los estados se salgan con la suya en la lucha legal.
Para el representante de Utah Carl Wimmer, “necesitamos 15, 25, 30 estados para aprobar este tipo de legislación, y así enviar un claro mensaje al país y al gobierno nacional”.
Más que conseguir la aprobación de todas las propuestas sin dificultades, los impulsores de estas medidas son realistas, y conceden que su principal objetivo es concienciar a la gente y difundir el mensaje en favor de los derechos de los estados.
Por su parte, Wimmer, quien ha fundado una organización para atraer a otros legisladores de otros estados, está preparando otro proyecto de ley para Utah, mediante el cual se prohibiría a las autoridades locales a ayudar a hacer cumplir leyes federales dentro de su territorio. Su postura es clara, tal y como manifiesta: “El gobierno nacional ha ganado cada vez más poder... hasta un punto en que somos simplemente súbditos de los señores gobernantes en Washington D.C. Así no es como este país y este gobierno se establecieron”.
Las declaraciones de representantes de distintos estados parecen extenderse al calor de nuevos programas federales de gasto, y restricciones sobre la capacidad de acción de los niveles locales. Así, por ejemplo, el representante por el estado de Washington, Matt Shea, se queja a World Net Daily de que “hay gran cantidad de mandatos federales impuestos sobre los estados en el gasto educativo y de asistencia social”.
Y opina que tras años de aumentos demasiado elevados del gasto gubernamental, “necesitamos devolver el gobierno al pueblo, mantener el gobierno tan cerca de las gentes locales como sea posible”.
Asimismo, en más de media docena de estados se han introducido resoluciones en las que afirman su soberanía y piden al gobierno federal que deje de entrometerse en los asuntos locales. Y medidas similares están pendientes en alrededor de 20 estados más.
Un ejemplo de este tipo de legislación, en la que se afirman los “derechos de los estados basados en los principios jeffersonianos”, es la que ha publicado el estado de New Hampshire, y que puede leerse íntegramente, así como el de Oklahoma.
Violación de derechos constitucionales
La representante por Arizona, Judy Burges, principal impulsora de la resolución soberanista de su estado, afirmó que el gobierno federal ha estado violando los derechos constitucionales de los estados y los individuos, y teme por nuevas legislaciones que vulneren las libertades individuales de los americanos. “Somos un estado soberano en Arizona, no una rama del gobierno federal, y necesitamos ser tratados como tal”, insistió la representante.
Las acciones de los estados, sin embargo, no solo consisten en tratar de aprobar leyes, sino que también han ido más allá. En los casos de Alaska, Texas y Carolina del Sur, sus gobernadores han rechazado parte de los fondos destinados a los planes de estímulo de la Administración Obama, como muestra de desafío e independencia de Washington.
Este movimiento en favor de la soberanía de los estados se apoya en la Décima Enmienda a la Constitución Americana. Ésta afirma que “Los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por ella a los estados, están reservados a los estados o al pueblo”. Sin embargo, esta frase, aparentemente inequívoca, ha dado lugar a diferentes interpretaciones y discusiones.
A medida que Obama siga avanzando en su programa hacia una hipertrofia todavía mayor del Gobierno federal, lo más probable es que el movimiento soberanista de los estados continúe y se extienda por todo el país, apelando nuevamente al derecho de secesión. Las acciones legales y rebeliones cívicas podrán ser un importante obstáculo para la estabilidad de la Administración Obama, en caso de que esta tendencia persista o se incremente.
Algunas personalidades critican las acciones de los estados, especialmente la mención de algún gobernador a la secesión. Otros, como el columnista y profesor Walter Williams, además de hacer referencia al origen histórico y legítimo del derecho de secesión de los estados en caso de abuso de poder por el gobierno central, se plantea la siguiente pregunta: “¿Cuál es la solución más pacífica? ¿Que un grupo de estadounidenses pretenda imponer su interpretación a los demás o seguir simplemente por caminos separados?”.
Los orígenes fundacionales de EEUU
La fundación e independencia de los Estados Unidos de América tuvo un claro componente antigubernamental y descentralizador del poder. Con la creación de diversos estados se buscaba lograr cierta independencia de la capital administrativa Washington D.C., así como limitar de manera efectiva el poder del gobierno federal central.
Por ejemplo, a Thomas Jefferson, quien fue uno de los máximos protagonistas de la Declaración de Independencia de EEUU de 1776, se le atribuye la frase de que “en el momento en el que el gobierno federal asuma poderes que no le han sido concedidos, sus actos carecen de autoridad, son nulos, y sin vigor”.
Sus principios liberales y descentralizadores impregnaron con fuerza la fundación de la nación norteamericana, en particular en la Declaración de Independencia y los documentos de ratificación de la Constitución que firmaron los diversos estados. Así, el derecho a la secesión de éstos en caso de abuso del poder por parte del gobierno federal se veía como una implicación natural de la república federal recién creada. Un derecho absolutamente necesario para mantener controlado al Leviatán.
A medida que fue avanzando la historia y el poder político incrementándose, los estados y gobiernos locales fueron perdiendo influencia en relación con el Gobierno federal. Algunos autores, como Thomas DiLorenzo, ven en la política llevada a cabo por el célebre presidente Abraham Lincoln un punto de inflexión hacia una mayor centralización del poder y hacia el comienzo del peligroso proceso de aumento de la influencia, funciones y tamaño de la administración y burocracia federales.
La política expansionista de Roosevelt
Esta tendencia se reveló especialmente virulenta durante la década de la Gran Depresión en los años 30, cuando el republicano Herber Hoover, pero especialmente el demócrata Franklin Delano Roosevelt, aumentaron notablemente el tamaño y alcance del gobierno central.
Para Amity Shlaes, columnista de Bloomberg y autora de “El hombre olvidado: una nueva historia de la Gran Depresión” (The Forgotten Man: A New History of the Great Depression), este periodo constituye otro punto de referencia en la misma dirección, quizá más importante que el anterior.
De hecho, Shlaes ha llegado a decir que la campaña presidencial en la que Roosevelt salió reelegido en 1936 fue la que inclinó la balanza en favor de Washington y en contra de la descentralización: “El país, a principios de los años 30 pertenecía a los estados... éstos eran dos veces más poderosos que Washington”. Sin embargo, en 1936 el gobierno federal ya controlaba más cantidad de presupuesto que todos los estados juntos.
Esto es lo que nos dicen las series históricas de gasto público por niveles de gobierno, que se recogen en el sitio web US Government Spending, basado en las fuentes gubernamentales oficiales. Los siguientes gráficos muestran este cambio tan significativo, que tuvo lugar en menos de una década.
Durante los años en los que EEUU luchó en la Segunda Guerra Mundial (1941-1945), el aumento del gasto federal fue descomunal, mientras que el estatal y local se redujo. En la segunda mitad del siglo XX, el peso del gobierno federal en relación al estatal y local se ha ido reduciendo paulatinamente, hasta igualarse a principios de 2000, como muestra el primer gráfico.
Sin embargo, los estados no han vuelto a tener la influencia que tuvieron antes de 1936, y se puede observar cómo en los últimos años el gobierno federal va avanzando en detrimento de los niveles inferiores, tal y como señala el elipse naranja en la siguiente figura.
Y todo esto ha sucedido en un siglo XX en el que el aumento del gasto gubernamental ha sido casi descontrolado, especialmente y de manera sostenida desde la ruptura del sistema de patrón-oro-dólar de Bretton Woods en 1971.
Un siglo XX que significó cambios dramáticos en la estructura económica del país y, en particular, en la proporción de recursos controlados y manejados por el sector privado y el público. Mientras que en 1929 las administraciones públicas sólo controlaban el 10% de toda la producción del país, en la actualidad supera con creces el 40%, pudiendo alcanzar incluso el nivel del 50% en estos años.
En el siguiente gráfico se muestran estos hechos, describiendo la evolución del gasto público total en miles de millones de dólares (eje izquierda) y la del gasto público total en relación al PIB de EEUU (eje derecha).
