Desde que, hace más de dos años, se comenzó a hablar de la necesidad de reformar el mercado laboral, dos aspectos han estado en el punto de mira de todos los expertos: la negociación colectiva y las causas de despido objetivo. Según la gran mayoría de los analistas, las altísimas indemnizaciones en caso de rescisión del contrato y la imposibilidad de las empresas de descolgarse de los convenios colectivos han conformado un mercado laboral muy rígido y costoso, en el que las empresas no pueden ajustar su plantilla y sus costes a las necesidades del momento.
El Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo aprobado por el Gobierno el pasado 16 de junio entraba, aunque muy tímidamente, en ambos aspectos. De esta manera, admitía, aunque con muchas reservas, la posibilidad del descuelgue de los convenios colectivos. No era lo que esperaban los expertos, pero suponía un mínimo avance.
En la cuestión de las causas del despido objetivo, el Gobierno también parecía mejorar algo las normas vigentes. Hasta ahora, en España, es casi imposible despedir a alguien por "despido objetivo". De esta manera, un empresario en dificultades se encuentra con que no puede rescindir ninguno de sus contratos indefinidos, puesto que tendría que pagar 45 días por año trabajado de indemnización. Aunque puede parecer que esto beneficia al trabajador, en realidad lo que provoca es que el empresario no haga contratos indefinidos (para no atarse las manos), y que despida a los más jóvenes y a aquellos que tienen contratos temporales y no a los empleados menos productivos.
En el texto vigente hasta hace dos meses, para que el despido fuese objetivo por causas económicas, había que acreditar que despedir al trabajador ayudaría a la compañía a salir de las dificultades. El primer texto aprobado por el Gobierno sólo hacía referencia a una "situación económica negativa" para la empresa": es decir, sólo con que una compañía estuviese en dificultades podría acogerse a este supuesto.
Sin embargo, los sindicatos protestaron rápidamente por lo que ellos consideraban que era la aprobación de un despido casi libre. Por eso, en la tramitación en el Congreso se aprobaron algunas modificaciones. Y es en esta última redacción donde está el punto y coma de la discordia. La frase aprobada por el Congreso era:
Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo.
Sin embargo, CiU consiguió colar algunas enmiendas en el Senado que dejaban así la frase:
Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas; o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo.
Aunque puede parecer irrelevante, lo cierto es que ese signo de puntuación puede ser muy importante. Cuando se aprobó ese texto en el Congreso, LD ya alertó de la falta de concreción de esta frase: tiene una redacción confusa y deja mucho margen de maniobra a los jueces, lo que precisamente ha sido motivo de que no se haya podido aplicar ese despido objetivo en los últimos años.
El famoso punto y coma metido por CiU facilitaba las causas del despido, puesto que separaba los dos supuestos: "situación económica negativa" y la "disminución persistente en su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad". Con punto y coma, la parte de la viabilidad sólo hay que acreditarla en caso de disminución de ingresos; sin este signo, también en el caso de "situación negativa".
Es decir, que sin punto y coma, la empresa siempre tendrá que acreditar que los despidos son necesarios para mantener la viabilidad de la compañía, algo dífícil de demostrar y que es muy subjetivo.
Es un galimatías gramatical que dice mucho sobre lo mal redactadas que están las leyes españolas y sobre la voluntad del Gobierno de ocultar detrás de mucha retórica la modificación del mercado laboral. Pero que, en cualquier caso, tendrá mucha importancia cuando los primeros casos de despido lleguen a la jurisdicción laboral.
La negociación
Ahora se ha sabido que el PSOE tratará de quitar el "punto y coma" que fue introducido en el texto de la reforma laboral durante su tramitación en el Senado porque puede cambiar la interpretación de un juez en el caso de despido objetivo por causas económicas. CiU introdujo ese "punto y coma" donde había una "coma" para ayudar a los jueces a interpretar el texto y facilitar el despido a los empresarios, según dijo el senador del grupo catalán Jordi Casas.
Este jueves el Congreso aprobará definitivamente la reforma y el diputado del PSOE, Jesús Membrado, aseguró a EFE que el grupo socialista "trabaja" para "volver al texto original". Membrado reconoció que el "punto y coma" introducido por CiU en la Cámara Alta "no es sólo una corrección ortográfica" como se decidió en el Senado, sino que puede tener "mayor amplitud", ya que "puede modificar la definición y afectar a la interpretación del juez".