LD (Lorenzo Ramírez) En 2006 el Gobierno decidió reactivar su programa de “fiscalidad verde” y comenzó los trabajos para diseñar reformas tributarias con el objetivo oficial de garantizar la sostenibilidad de la economía y luchar contra los ataques al medioambiente. Pero en realidad, como toda política fiscal, el fin era aumentar la recaudación a costa de los ciudadanos y las empresas.
Un año después, el Ministerio de Medio Ambiente presentó la Estrategia contra el Cambio Climático: una batería de medidas encaminadas a cumplir con los objetivos Kioto y reducir las emisiones contaminantes. La introducción de una fiscalidad ambiental y la reducción del uso del coche fueron los dos aspectos principales, que se tradujeron finalmente en una reforma del impuesto de matriculación que entró en vigor en 2008.
Pues bien, la ofensiva se recrudece ahora con el diseño de la nueva Ley de Economía Sostenible que está ultimando el Gobierno, tal como avanzó el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero en el pasado debate sobre el estado de la Nación.
Zapatero presentó el enésimo plan anticrisis que se basa en la promesa de miles de millones de euros en gasto público para una economía “social y verde”, pero las medidas tienen trampas, como quedó demostrado después cuando se quedaron en papel mojado tras pasar por el Congreso. Las sacará adelante, pero siguiento el procedimiento legislativo.
El anuncio más importante, que quedó en un segundo plano oculto tras el anuncio del fin de las deducciones por la compra de vivienda habitual o las ayudas directas a las compras de coches, fue la citada Ley de Economía Sostenible.
Con esa norma el Ejecutivo quiere determinar qué sectores van a ser los que determinen el futuro patrón de crecimiento, es decir, que se trata de una ley de planificación del estilo de la extinta URSS, tal como señaló el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro.
La nueva ley servirá al Ejecutivo para retomar su ofensiva fiscal bajo la etiqueta “ecológica” y esquilmará aun más las cuentas corrientes de las familias y la tesorería de las empresas, como quedó patente tras la primera intervención de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, en la Comisión de Economía y Hacienda en el Congreso de los Diputados.
Aunque todavía no se conocen los detalles, Salgado confirmó que tiene el “compromiso de poner en práctica la fiscalidad verde en la futura Ley de Economía Sostenible” y aseguró que algunas medidas tomadas por el Ejecutivo son “indicios” de que le importa esta cuestión.
Además, insistió en que la apuesta por la fiscalidad verde tendrá un papel prioritario en el nuevo modelo económico, y consideró que las "tímidas" medidas puestas en marcha hasta ahora en esta línea, como la reforma del impuesto de matriculación, han sido "absolutamente insuficientes".
Hay que tapar el agujero de las arcas públicas
Y es que aunque el Gobierno se empeñe en negarlo, la única forma de tapar el enorme agujero en la caja pública (el déficit presupuestario rondará el 10% del PIB al cierre de este año) es emitiendo deuda del Estado y subiendo impuesto (o eliminando desgravaciones fiscales, como en el caso de la compra de vivienda).
Los datos no mienten. Al cierre de marzo el déficit fiscal, en términos de contabilidad nacional, fue de 7.586 millones de euros, el 0,69% del PIB, lo que contrasta con el superávit de 3.387 millones conseguido en los tres primeros meses de 2008.
En términos de caja -que computa los ingresos y los pagos cuando se efectúan, y no cuando se comprometen, el Estado tuvo entre enero y marzo un déficit del 11.345 millones de euros, frente al superávit de 1.272 millones conseguido en el mismo periodo de 2008. La recaudación tributaria se hundió un 18% en el primer trimestre.
Pese a este agujero, el Gobierno insiste en continuar con su ofensiva de gasto público, que ni siquiera se destina a actividades productivas. Claros ejemplos son el plan de inversión local de 8.000 millones de euros, los 6.000 millones en su famosa medida de los “400 euros”, el cheque bebé, y las nuevas propuestas anunciadas en el debate sobre el estado de la Nación.
Claro que, al final, la factura la pagarán las familias y las empresas actuales (y las de la generación venidera). El sector público, mientras, sigue obteniendo los créditos que las entidades niegan al sector privado.
Los ciudadanos estan dispuestos a pagar más
Y es que la propaganda contra el cambio climático, impulsada en los últimos tiempos por el ex viicepresidente de EEUU, Al Gore y sus acólitos está dando sus frutos. Según un informe de la consultora Havas Media, el 39% de los españoles estaría dispuesto a pagar un 10% más por productos "ecológicos".
"Los consumidores conocen el tema a un nivel que no sospechábamos y han pasado a la acción", asegura la consultora. De hecho, de acuerdo al estudio, un 77% los consumidores españoles considera que se debería castigar a las empresas por este concepto y un mismo porcentaje afirma que debería premiarse a las compañías que se comporten de manera sostenible.
No es algo exclusivo de España, el 80% de los consumidores a nivel mundial opinan que las empresas deben "liderar" el cambio hacia un modelo productivo más sostenible, y el 80% de los españoles considera lo mismo. Pero no todo está perdido: un 30% afirma que los Gobiernos son los principales responsables del problema.