La reunión del pasado lunes en La Moncloa entre José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Mas ha destapado la caja de los truenos entre los gobierno autonómicos españoles. Las acusaciones de un nuevo trato de favor hacia Cataluña se han mezclado con las quejas de los gobiernos regionales y municipales más endeudados, que reclaman que se les permita acudir a los mercados de deuda. Mientras, tanto Zapatero como Salgado aseguran que no existen privilegios para Cataluña y que no se han cambiado las condiciones pactadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
La última reunión de este organismo tuvo lugar el 24 de noviembre del pasado año y podría decirse que fue el punto culminante en el proceso de restricción de gasto de las comunidades reclamado por Elena Salgado. Ese día, la ministra de Economía avanzó los consejeros de las 17 autonomías que la barra libre se había acabado definitivamente y que, a partir de ese momento tendrían que apretarse el cinturón con el mismo nivel de exigencia que el Gobierno central.
Lo acordado en aquel encuentro es que "durante 2011 sólo se podrán autorizar operaciones de endeudamiento por un importe máximo del 1,3% del PIB de cada región, equivalente al objetivo de déficit para el próximo año. (...) No se autorizará ninguna operación que incremente el nivel de endeudamiento de una comunidad autónoma hasta que el CPFF no haya informado favorablemente su Plan de Reequilibrio". Además, ese 1,3% de nuevo endeudamiento no se podría pedir desde el comienzo, sino que se facilitaría en tramos del 0,65% del PIB regional en el primer semestre, un 0,4% en el segundo y el resto una vez finalizado el año.
Por lo tanto, había varios requisitos, algunos de ellos bastante estrictos, para las regiones. Primero tenían que convencer al CPFF (es decir, el Gobierno) de que tenían una política consistente de reducción del déficit para cualquier emisión de deuda. Y su nivel máximo de endeudamiento, incluso con ese permiso, no podría sobrepasar el 1,3% de su PIB. Por lo tanto, todas tendrán que reducir su gasto hasta llegar a ese objetivo. Hay que tener en cuenta que si una comunidad con déficit (más gastos que ingresos) no recibe permiso para emitir nueva deuda, no podrá pagar sus gastos corrientes y entraría en suspensión de pagos.
La reunión con Mas
Todo esto parecía muy claro hasta la reunión entre Zapatero y Artur Mas del pasado lunes. Tras la entrevista, el nuevo presidente de la Generalidad compareció ante la prensa y explicó que el Gobierno iba a autorizar al Gobierno catalán a nuevas operaciones de deuda por entre 2.000 y 2.500 millones de euros a corto plazo. Inmediatamente, se reprodujeron las acusaciones de nuevos privilegios a Cataluña a cambio de un apoyo político.
Como casi siempre en una situación como ésta, todo depende del color del cristal con que se mire. Por un lado, el Gobierno defiende que no hay trato de favor, puesto que el Ejecutivo de Artur Mas presentó el pasado 31 de enero un plan de ajuste que prevé una reducción del 10% del gasto público en 2011. Es una importante apuesta del gobierno convergente que asegura que se encontró con una deuda heredada del equipo de José Montilla de casi el doble de lo oficialmente reconocido. Mas dice que los números rojos ascienden a 7.000 millones frente a los 4.100 que preveía (de hecho, aseguraba que casi no había dinero ni para pagar las nóminas).
El problema es que Cataluña es la comunidad con más deuda pública en porcentaje del PIB (15,4%, sólo por detrás de Valencia) y, además, también fue una de las que incurrió en un déficit más alto en 2009, último ejercicio del que se tienen datos completos. Según la información que suministró el Ministerio de Economía en aquella reunión del CPFF, la situación había mejorado algo en los tres primeros trimestres de 2010, pero sigue sin ser tranquilizadora.
La reacción
Es comprensible que Artur Mas reclame que lo que se ha encontrado no es cosa suya, pero lo cierto es que él es el presidente de su comunidad y tendrá que hacer que sus cuentas vuelvan a los números pactados entre todos. Zapatero ha afirmado este miércoles que "no hay ni trato de favor ni rectificación" y que Cataluña podrá emitir nueva deuda una vez que haya cumplido el requisito del informe favorable del CPFF (como los demás). El problema es que Mas lo dio por hecho a la salida de La Moncloa, como si fuera algo pactado con el presidente.
Inmediatamente, surgió un coro de voces que protestaban por la noticia. Entendían que se daba a Mas con mucha facilidad lo que a otros se les negaba o se les entregaba con dificultad. Especialmente críticos han sido en Murcia y Castilla-la Mancha, las dos comunidades con mayor déficit y que tendrán que hacer enormes planes de ajuste para cumplir con las exigencias del Gobierno. También ha elevado su voz el Ayuntamiento de Madrid, que no podrá emitir nueva deuda este año al no cumplir con las exigencias de Salgado para las corporaciones municipales (sí podrán los que tengan una deuda que no llegue al 75% de sus ingresos).
La refinanciación de Salgado
Para complicar un poco más las cosas, este miércoles Elena Salgado ha confirmado que todas las autonomías podrán refinanciar su deuda (ampliar el vencimiento), pero que lo que no podrán hacer es emitir deuda nueva. Esto quiere decir que se podrán diferir en el tiempo las obligaciones que venzan en 2011. Por lo tanto, las comunidades sólo tendrán presión para ajustar sus gastos de este año a sus ingresos, no para reducir el montante absoluto de lo que deben.
Todo esto puede ajustarse a la letra de lo pactado en noviembre pero difiere de la música. La firmeza de Salgado con las cuentas de las comunidades autónomas para desinflarse según pasa el tiempo y no hay que olvidar que son los números rojos de las regiones los que más preocupan a inversores y analistas. El Estado ya ha acometido un fuerte proceso de reducción del gasto público (ejemplificado en el Tijeretazo y el Plan B) que tendrá que continuar en 2011.
Las autonomías saben que ahora es su turno. En teoría todas tendrán que presentar al Gobierno su Plan de Reequilibrio y Hacienda tendrá que decidir si se lo cree y si les permite endeudarse. Hasta hace unos días, éste parecía un proceso complicado, duro y exigente. Desde el lunes, la sensación es que el cuesta ha perdido pendiente. Y las elecciones autonómicas aparecen en el horizonte, a menos de tres meses vista.