El Fondo de Reserva de la Seguridad Social fue creado en 2003 por el Gobierno de José María Aznar para constituir una hucha de las pensiones que pudiera servir al Estado para financiar el sistema de protección cuando entrara en números rojos. Es una caja en la que el Gobierno debe ir metiendo todos los años el superávit de la Seguridad Social y destinar esos fondos a inversiones totalmente seguras. Para ello creó una Ley que ahora el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido violar.
El Gobierno ha decidido vender deuda francesa y alemana que tenía en la hucha de las pensiones para comprar bonos españoles. Es decir, que cambia productos financieros de la máxima calidad por otros de menor solvencia, sacrificando seguridad por rentabilidad.
Esto va contra la Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que establece que el Fondo sólo puede invertir en deuda "que tenga la máxima calidad crediticia", y la española, desde enero de 2009, ya no lo es.
Los datos aparecen en el informe que la secretaria de Estado de la Seguridad Social manda todos los años a las Cortes Generales. En concreto, durante el pasado año el Comité que gestiona la hucha de las pensiones decidió vender (enajenar) deuda pública alemana y francesa por un importe de 5.194 millones de euros, para comprar deuda pública española.
El informe oculta que los bonos germanos y galos tienen la máxima nota de las tres agencias calificadoras (Moody´s, Fitch Ratings y S&P), pero los españoles no. S&P rebajó por primera vez la calidad de la deuda española en enero de 2009 y recientemente la ha vuelto a castigar. Por su parte Fitch tampoco confía en la solvencia de las finanzas públicas españolas y Moody´s se prepara para rebajar también la nota.
Esta estrategia del Gobierno se debe fundamentalmente a los problemas que tiene el Estado para seguir vendiendo deuda española en los mercados internacionales. Las rebajas de la calidad de los bonos y obligaciones españoles obliga al Tesoro a elevar la rentabilidad que ofrece a los compradores para que estos sigan adquiriendo títulos a pesar de que ha aumentado el riesgo de impago del Estado español.
Pero la Seguridad Social quiere darle la vuelta al argumento y defienden que esta decisión de utilizar el Fondo de Reserva de las pensiones para financiar el extraordinario aumento del gasto público se debe, precisamente, a la mayor rentabilidad que ofrece la deuda española respecto a la de las locomotoras europeas (Alemania y Francia) y a otras economías europeas que están mejor posicionados, como Suecia o Dinamarca u Holanda.
Así según explican fuentes del Ejecutivo "no tiene sentido comprar ahora deuda de Alemania, Francia y Holanda como se hacía en los últimos años (...) ya que saldría más caro y tendría una menor rentabilidad". Lo que no explica el Gobierno es que esto se debe a que estos tres países tienen una mayor solvencia de las cuentas públicas y, por lo tanto, no deben elevar el tipo de interés que pagan por la deuda que emiten.
Siguiendo este peregrino enfoque, el Estado podría optar por comprar deuda soberana de otros estados europeos que ofrezcan una mayor rentabilidad, como la griega, lo quie viola la Ley.
El 90% del dinero de la hucha: deuda española
Y para 2010 las previsiones de la Seguridad Social son preocupantes: el 90% del Fondo de Reserva de la Seguridad Social estará invertido en deuda pública española, frente al actual 80%, según ha admitido el secretario de Estado, Octavio Granado. Al cierre de 2009, el Fondo alcanzó una cuantía de 60.022 millones de euros, según el informe anual.
El documento revela otra ilegalidad, ya que en 2009 el supuesto superávit de 8.502 millones de euros que, según el Gobierno, registró la Seguridad Social no ha sido inyectado en la hucha de las pensiones. Así lo han denunciado fuentes de PP a Libertad Digital, que exigen, además, que "se blinde" el Fondo de Reserva.
De esta forma se evitaría que el Gobierno recurra al Fondo para elevar pensiones que no tienen que ver con la jubilación, lo que aumentaría la capacidad de esta hucha para afrontar el problema financiero derivado del envejecimiento de la población.
No obstante, con los 60.022 millones de euros que hay en la hucha sólo se podría pagar a los pensionistas españoles durante 9 meses. Lo realmente indispensable es reformar el sistema de protección, como exige el Eurogrupo y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El modelo español ocupa la "tercera división" de la UE.